Hace días una mujer comerciante en el Estado de México recibió una llamada. "Tenemos a tu hijo", decían del otro lado de la línea. Su hijo estaba en la escuela. La extorsión no espera a que los gobiernos publiquen acuerdos nacionales para actuar.
El fracaso previsible del acuerdo contra la extorsión
Especializar a lo que no existe es la matemática favorita del gobierno mexicano.
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Mientras Omar García Harfuch anunciaba con pompa el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, miles de mexicanos enfrentaban llamadas de terror, mensajes amenazantes y la disyuntiva brutal de pagar o perder lo que más valoran. Esta es la realidad que el discurso institucional intenta envolver en las palabras mágicas de "coordinación nacional" y "estándares uniformes".
La pregunta que debe hacerse es simple: ¿tienen los gobiernos federal y locales la capacidad operativa real para implementar lo que acaban de prometer?
La brecha crítica: discurso vs. realidad operativa
El acuerdo contempla una "armonización legislativa en los estados", creación de "áreas especializadas en las fiscalías" y fortalecimiento del 089. Suena bien en un comunicado de prensa. Sin embargo, estos anuncios revelan un profundo desconocimiento de la realidad operativa o, peor aún, un cinismo institucional que asume que la sociedad no notará la diferencia entre lo prometido y lo entregable.
La extorsión ha incrementado 23.1% en el país. Aunque el gobierno reclama que desde julio ha reducido denuncias en 20% gracias a la "atención en tiempo real", la pregunta incómoda persiste: ¿reducción de denuncias o reducción de delitos? Los mexicanos aprendieron hace años que denunciar es arriesgado.
Cuando un comerciante extorsionado ve que la policía que debería defenderlo posiblemente tiene informantes entre los criminales, ¿realmente reportará ante el 089?
El acuerdo no responde a esto.
Policías investigadores: un lujo que México no tiene
Detengámonos en un hecho innegable: muchas corporaciones policiales mexicanas carecen de capacidad investigativa básica. No hablamos de técnicas sofisticadas de análisis de datos o perfilamiento criminal.
Hablamos de lo elemental: tomar una declaración coherente, preservar evidencia digital, conectar patrones entre casos. La inversión en formación investigativa ha sido históricamente anécdota en México, no política.
El acuerdo propone crear "áreas especializadas" en fiscalías. ¿Con quién? ¿Con los mismos ministerios públicos que están sobrecargados, con sueldos insuficientes y a menudo capturados por intereses locales?
Los estados no han logrado consolidar equipos de investigadores básicos en homicidios o robo. La extorsión es más compleja: requiere análisis de patrones de comunicación, identificación de redes, coordinación entre jurisdicciones. El acuerdo asume como dado lo que no existe.
El 089, el espejismo de denuncia
Desde julio, según los datos oficiales, se han recibido más de 102,000 llamadas en el 089. ¿Y cuántas de esas denuncias han resultado en investigaciones efectivas? ¿Cuántas en detenciones? El silencio gubernamental es revelador. Un número telefónico con intención denunciante no equivale a investigación.
Sin policías capacitados en el otro extremo de la línea, sin fiscales con recursos, sin base de datos robusta que analice información, el 089 es un micrófono donde gritan los desesperados sin certeza de ser escuchados.
El espejo legislativo
La homologación legislativa es técnicamente viable pero institucionalmente infructífera. Hace años México aprobó estándares uniformes en otras áreas. El problema no fue nunca la ley, sino su implementación desigual. Un estado con ministerio público débil seguirá siendo débil con o sin armonización legislativa. Lo que se necesita es recursos diferenciados: más inversión donde menos hay, capacitación permanente, salarios competitivos para atraer talento investigativo.
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Propuestas realizables
En lugar de acuerdos que prometen uniformidad sin recursos, México necesita:
a) Auditorías operativas in situ de cada corporación de investigación del país para diagnosticar realmente qué saben y qué no saben hacer.
b) Programas de capacitación intensivos con evaluaciones periódicas de desempeño en investigación de delitos contra el patrimonio.
c) Fondos etiquetados y supervisados para fortalecer fiscalías especializadas, con compensación salarial que compita con el crimen.
d) Un sistema robusto de denuncias que incluya protección real de denunciantes, investigación garantizada en 30 días, y reporte periódico del estatus al denunciante.
e) Se requiere crear comisiones locales de coordinación con participación de cámaras empresariales, sociedad civil y autoridades, para presión constante sobre resultados.
Conclusión
El Acuerdo Nacional contra la Extorsión es un acto de esperanza institucional en tiempos de desesperación real. Los mexicanos padecen extorsión porque el crimen organizado identificó una oportunidad donde el estado es incapaz de perseguir eficientemente. Publicar un acuerdo no cierra esa brecha.
Solo mediante auditoría despiadada de capacidades reales, inversión selectiva en policía y ministerios públicos, y sistemas de rendición de cuentas por resultados concretos, México podría comenzar a cerrarla.
Mientras tanto, el 089 seguirá recibiendo llamadas de gente en pánico, y algunos de ellos no volverán a levantar el teléfono.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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