Violencia sexual, un problema de salud pública y una urgencia médica

La violencia contra las niñas y mujeres no es solo un problema moral o judicial: es un problema de salud pública que impacta el cuerpo, la salud mental y la esperanza de vida de millones. La violencia sexual ocupa un lugar especialmente doloroso. No solo por su impacto físico y emocional, sino porque la violencia sexual tiene consecuencias directas y graves en la salud: lesiones, infecciones de transmisión sexual, depresión y, con enorme frecuencia, embarazos no deseados, muchos de ellos en niñas y adolescentes. Según los datos más recientes de la Secretaría de Salud, en 2024 se registraron más de 100,000 nacimientos en adolescentes y niñas entre los 10 y 17 años. Es decir, todos los días, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres.

Como médica, lo veo todos los días: cada uno de esos partos es la continuación de una violencia y la puerta a una vida marcada por riesgos médicos severos. Las niñas y adolescentes que llegan en las primeras semanas de embarazo pueden recibir atención integral: profilaxis para VIH, tratamiento para prevenir infecciones, anticoncepción de emergencia e incluso acompañamiento emocional.

Sin embargo, debido al desconocimiento de sus derechos, miedo, falta de información o personal de salud que desconoce los protocolos vigentes, muchas llegan cuando su embarazo está avanzado. Esto apunta a otro tipo de violencia: una negligencia estructural del Estado.

Desde 2013, la Ley General de Víctimas y la actualización de la Norma 046 (2016) establecen que toda mujer que curse un embarazo producto de violación tiene derecho a interrumpirlo en cualquier institución de salud pública, sin denuncia previa ni autorización de terceros. Sin embargo, incluso con ese marco, el acceso a este derecho sigue siendo bloqueado por prejuicios, desinformación y miedo. Esto promueve abortos inseguros en la clandestinidad, donde aparecen las complicaciones graves y, en muchos casos, la muerte.

Por esto, ante la violencia sexual, deben existir dos caminos paralelos y complementarios. El primero es el penal que brinda la justicia necesaria. El segundo es el sanitario, que salva a la víctima. En México, un país caracterizado por la impunidad, la justicia suele llegar tarde, si es que llega. Pero la salud no puede esperar: una niña o una mujer violada necesita una médica que la atienda, un protocolo, un tratamiento y, si así lo decide, un aborto seguro.

Cuando se niega atención médica oportuna para que las niñas y mujeres accedan a una interrupción del embarazo, estamos revictimizándolas y obligándolas a vivir una nueva violencia.

Obligar a una víctima, y más aún a una menor de edad, a continuar un embarazo forzado es una forma de tortura. Así lo han reconocido organismos internacionales de derechos humanos, cortes constitucionales en América Latina y la propia evidencia médica. Por eso la violencia sexual y el acceso al aborto seguro están intrínsecamente ligados.

El sistema de salud tiene la obligación ética y legal de garantizar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a un aborto seguro, oportuno y sin barreras. Pero esto solo será posible cuando dejemos de tratar el aborto como delito y lo eliminemos de los códigos penales estatales y a nivel federal.

Hoy, el aborto es el único servicio de salud regulado desde el derecho penal, lo que genera miedo, incertidumbre y pone en riesgo la vida de mujeres y niñas. Está comprobado que los países con acceso legal al aborto tienen menos complicaciones, menos muertes maternas y mayor protección a quienes han sufrido violencia sexual. Criminalizar no protege. Criminalizar enferma, revictimiza y mata.

Por eso, médicas y profesionales de la salud de todo el país buscamos sacar el aborto del Código Penal y regularlo exclusivamente como lo que es: un servicio de salud. Eso nos brindará certeza jurídica para atender a víctimas sin miedo a represalias y permitirá que sigamos cumpliendo nuestra misión: proteger su salud y vidas.

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Nota del editor: Sandra Karina Gaspar Martínez es Gineco-Obstetra. Ced. Prof.: 9722691. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.