La Estrategia de Seguridad del gobierno de Donald Trump, presentada hace unos días, contiene una paradoja reveladora.
Seguridad sin gobernanza, ¿por qué la estrategia de Trump está condenada antes de empezar?
El documento de 33 páginas dedica recursos considerables a describir amenazas fronterizas, control migratorio y operaciones contra cárteles, pero construye una narrativa que sistemáticamente evita el diagnóstico más incómodo: que los mercados de drogas sintéticas, la migración desorganizada y el poder de los cárteles son, en buena medida, problemas que comparten responsabilidad binacional.
La estrategia de Trump ofrece gestos de dureza, pero no las respuestas estructurales que ambas naciones necesitan.
La ilusión de la frontera como muro inmóvil
Cuando Trump sostiene que la "era de la migración masiva debe terminar" mediante control fronterizo, despliegues militares y posible intervención en territorio mexicano, incurre en un error de diagnóstico tan grave como peligroso: confunde síntomas con causas. Los flujos migratorios masivos no se generan en la frontera.
Se generan en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití, Cuba, Venezuela, e incluso en México mismo. Son manifestaciones de colapso estatal, violencia criminal, pobreza extrema y ausencia de oportunidades económicas legales.
El documento estadounidense reconoce que "la cantidad de personas que un país recibe determinará su futuro", una afirmación que contiene verdad pero que Trump no aplica a su propio análisis. La paradoja es que Trump propone más despliegues en la frontera estadounidense mientras su estrategia esquiva completamente una realidad operativa: las fuerzas fronterizas estadounidenses no pueden resolver un problema que se origina mil kilómetros al sur.
Estados Unidos no controla el futuro de Centroamérica, pero sí ha influido históricamente en él a través de políticas comerciales, intervenciones militares y decisiones sobre cooperación en seguridad.
El fentanilo: la pregunta incómoda sobre demanda
La estrategia de Trump responsabiliza a "cárteles mexicanos" de inundar Estados Unidos con fentanilo, ocasionando más de 70,000 muertes anuales. El argumento contiene verdad parcial, pero omite completamente el lado estadounidense de la ecuación: sin demanda masiva de sustancias sintéticas, sin la infraestructura de distribución estadounidense sofisticada, sin la financiarización de los mercados de drogas ilícitas y sin la disponibilidad de precursores químicos que fluyen desde China hacia México, los cárteles mexicanos operarían a una escala completamente diferente.
La verdad operativa es incómoda para Washington: los cárteles mexicanos son proveedores que responden a una demanda inelástica en Estados Unidos.
Son criminales, ciertamente, pero criminales exitosos porque encuentran un mercado altamente lucrativo. Esto no los absuelve de responsabilidad. Los significa de manera diferente: no son invasores, sino actores racionales en un mercado prohibido que Estados Unidos ha sido incapaz de regular o contener durante décadas.
Trump menciona "fuerza letal" para derrotar cárteles, como si el problema fuera de voluntad militar. México ha desplegado su ejército intensivamente desde 2006. La evidencia sugiere que la represión militar, sin transformación institucional y sin reducción de demanda, no resuelve la ecuación.
La gobernanza como variable ausente
Aquí reside la crítica más profunda: la estrategia de Trump menciona que los "gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas", pero no aborda qué sucede cuando gobiernos no cooperan genuinamente, cuando están capturados por criminales, o cuando carecen de capacidad institucional incluso con voluntad política. México enfrenta una realidad incómoda: el Estado mexicano tiene presencia territorial fragmentada en vastas regiones.
La captura institucional de autoridades locales por parte de cárteles es sistemática. Los sistemas de procuración de justicia son débiles, lentos y permiten que criminales con recursos operen con relativa impunidad.
Esto no es responsabilidad únicamente de México.
Pero es responsabilidad de ambas naciones abordarla conjuntamente. Estados Unidos no puede sancionar su camino hacia una solución. Ni México puede resolver esto solo. La estrategia de Trump no ofrece mecanismos para identificar, fortalecer o proteger a actores institucionales mexicanos que trabajen en gobernanza real. No propone transformación de capacidades en policía preventiva. No sugiere inversión en sistemas de justicia. Propone poder militar.
Las soluciones que ambas naciones evitan enunciar
Una estrategia pragmática requiere que ambas naciones reconozcan que comparten responsabilidades y se comprometan con transformaciones institucionales medibles. Específicamente: Estados Unidos debe establecer un programa bilateral estructurado de cooperación en seguridad que incluya diagnósticos compartidos sobre flujos migratorios por país de origen, identificación de rutas de tráfico específicas, y asignación de recursos conjuntos para generar capacidad institucional en territorios de origen y tránsito. Paralelamente, debe comprometer recursos sustanciales a tratamiento de adicciones, educación sobre sustancias sintéticas, y reducción de demanda en comunidades vulnerables.
México, por su parte, debe fortalecer capacidades de inteligencia financiera para rastrear flujos de dinero que financian cárteles, mejorar sistemas penitenciarios para evitar que centros de reclusión sean operacionales de crimen organizado, y reformar estructuras de procuración de justicia.
Ambas naciones deben crear una iniciativa bilateral de "Fortalecimiento Institucional Transfronterizo" que incluya: auditoría externa de instituciones de seguridad mexicanas, certificación y profesionalización de servidores públicos con métricas de desempeño, creación de unidades especializadas de investigación financiera con inteligencia compartida en tiempo real, y reforma de fiscalías locales. Esto es tedioso, burocrático, y requiere años. Pero genera resultados.
Hacia una estrategia bilateral pragmática
Trump propone terminar con "la era de la migración masiva" pero no resuelve las causas que generan migrantes desesperados. Propone derrotar cárteles con "fuerza letal" pero no transforma las instituciones mexicanas que permiten que operen.
Estas omisiones reflejan una visión que busca soluciones de corto plazo que generen visibilidad política, evitando los costos de transformación institucional real. México ha respondido con retórica de soberanía, pero retórica sin acción institucional es simplemente una manera decorosa de no actuar.
La soberanía que México puede ejercer con impacto real es la de construir un Estado más capaz, menos capturado, y más efectivo en seguridad pública. Mientras ambas naciones eviten ese diálogo incómodo, los ciclos de violencia, migración desorganizada, y erosión institucional continuarán.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.