Detrás de productos cotidianos como el limón y el aguacate que llegan a las casas de todo el mundo, se esconde una cadena de terror, extorsión y complicidades. Investigaciones periodísticas y de sociedad civil han señalado que algunas corporaciones continúan operando en regiones donde grupos criminales ejercen control territorial.
Entre narco, corporaciones lucrativas y gobierno indiferente, el campesino muere
Las protestas de agricultores en el país que exigen precios razonables, así como los desafortunados asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo, revelan un panorama desalentador del campo mexicano.
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Se ha documentado en repetidas ocasiones que la agroindustria global ha comprado productos de territorios en donde hay deforestación, invasión de tierras y presencia de bandas delictivas, particularmente en zonas aguacateras.
El principal ejemplo que se tiene de esto es el caso de los aguacates que se utilizan en el “Super Bowl”. Climate Rights International, una organización ambiental sin fines de lucro, en agosto de 2024 demandó a distintas empresas estadounidenses aguacateras, como Calavo Growers y Fresh Del Monte Produce, por lucrar de producciones que operan en zonas deforestadas y bajo el control de grupos criminales.
Éstas se negaron a comentar y el caso murió en la burocracia. Aunque las investigaciones avanzan lentamente debido a la opacidad institucional, permiten vislumbrar el entramado detrás.
Si la agroindustria internacional participa de forma indirecta en lugares donde operan distintas bandas criminales, los gobiernos locales hacen algo peor: mirar hacia el otro lado. ¿Quién gana cuando el campo se vacía de campesinos?
Los agricultores son sistemáticamente extorsionados con “derecho de piso”. De acuerdo con Eduardo Guerrero, experto y asesor en seguridad, “se ha institucionalizado la práctica de conceder a cientos de bandas criminales el ‘derecho’ de cobrar impuestos ilícitos, a cambio de que respeten algunas reglas territoriales”. Aunado a esto, señala el antropólogo chileno que “la extorsión es la piedra angular del crimen organizado actual, ya que no sólo cobija al narcotráfico, sino toda la economía informal e ilegal.”
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de extorsión ha llegado a su máximo histórico al registrarse 9 mil 436 casos de enero a octubre del presente año.
Diversos estudios y reportes de medios como Reforma y El País indican que grupos delictivos como el CJNG y Carteles Unidos imponen cuotas por hectárea de cultivo de productos como el aguacate y el limón. Se cobra uno o dos pesos de cuota por kilo.
Incluso, ha habido casos en los que este cobro ha llegado hasta cuatro pesos. ¡Cuatro pesos por kilo! Precisamente esto fue denunciado en Apatzingán, Michoacán, donde fue violentamente asesinado Bernardo Bravo. Para contextualizar su magnitud, es importante notar que un agricultor gana entre cinco y siete pesos por kilo, por lo que el “impuesto” para trabajar en sus propias tierras es altísimo.
Según medios como Reforma y Vanguardia , éstos arrebatan 800 millones de pesos anualmente a los campesinos, cobrando con el argumento de que es para la protección de las comunidades ante otras fuerzas “malignas”, prometiendoles seguridad y un fin a las extorsiones a cambio de esta tarifa. Sin embargo, éstas, sin tener otra opción más que pagar, terminan llegando a la desafortunada realización de que les vieron la cara.
La muerte de líderes comunitarios y defensores del territorio, como la de Carlos Manzo , quien fue baleado el 1º de noviembre en un acto público en la plaza principal de Uruapan mientras se festejaba el Día de muertos por denunciar extorsiones a productores agrícolas; y la de Bernardo Bravo , quien fue hallado muerto el 20 de octubre con signos de tortura por convocar a productores limoneros contra los “cobros”, confirma que quienes denuncian estas redes criminales quedan expuestos a las consecuencias.
De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, la seguridad pública es una función obligatoria del Estado para proteger la vida y el patrimonio de las personas. La presencia del cobro de piso en zonas agrícolas indica que esa obligación no se ha cumplido de manera efectiva. Además, según las propias cifras de la SESNSP, este delito ha aumentado un 17% desde 2019 a nivel nacional.
A este escenario se suma el control directo del crimen organizado de elementos clave de la cadena de producción de productos agrícolas. Los grupos delictivos no sólo extorsionan a los productores, sino que participan en la recolección de los productos, transporte y comercialización. La volatilidad y el aumento paulatino de los precios del limón y del aguacate sugieren esta intromisión criminal.
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Reportes de Quinto Elemento Lab, Proceso y Mural documentan cierres de empaques, paros de productores y presión para “pagar por kilo” en municipios de Tierra Caliente y Uruapan, lo que ha derivado en fenómenos de desabasto temporal y picos de precio en mercados nacionales.
Frenar el despojo criminal del campo no sólo depende de una medida, sino de toda una política integral de Estado. Se requiere de inteligencia financiera contra las redes de extorsión, protección efectiva a quienes denuncian y levantan la voz, purificación y reforzamiento de las policías locales y auditorías públicas a los intermediarios. Mientras tanto, la sangre de los agricultores sostiene una economía que presume prosperidad mientras entierra a sus trabajadores. Cada aguacate exportado y cada limón encarecido llevan el peso de una tragedia colectiva y silenciada que acecha a quienes nos proveen de alimentos.
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Nota del editor: Pedro Javier Albarrán es estudiante de la espacialidad en Periodismo de la carrera de Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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