La transparencia pendiente y la desinformación

Durante un año hemos señalado que la desinformación prolifera de manera constante en espacios digitales donde los conceptos son más técnicos, como las noticas económicas y financieras. Desde enero de este año, temas como las amenazas arancelarias, los ajustes en el tipo de cambio y la desaceleración económica son parte de la agenda mediática regular: cada actualización es una prospectiva negativa sobre el crecimiento económico, que es fundamental para sostener los proyectos sociales de la administración en curso.

Estas tensiones se reflejan en la conversación en redes sociales, donde las críticas que son legítimas encuentran opiniones desarticuladas e imprecisas sobre temas económicos. La coyuntura política también opera como catalizador de este fenómeno desinformativo; el descontento ciudadano por aspectos clave como la seguridad y la violencia se mezclan con la evaluación del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la legitimidad de los reclamos en redes sociales tiene una frontera narrativa. El caso de Ricardo Salinas Pliego, con la controversia legal que mantiene desde hace diez años con la Secretaría de Hacienda, es un nuevo elemento en el fenómeno de la desinformación y las teorías de la conspiración que se plantearon como riesgos latentes desde el inicio del sexenio de Sheinbaum. La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el marco de la reforma al Poder Judicial, que obliga al empresario a pagar alrededor de 48,000 millones de pesos, fue el detonante de una campaña mediática para desestimar a todo el aparato de gobierno que conocemos como la Cuarta Transformación.

Al centro de este discurso está el argumento de que el gobierno de Claudia Sheinbaum es “socialista” y que, bajo esa etiqueta imprecisa, empresarios como él están siendo “robados” por el Estado. Este tipo de mensajes alarmistas no sólo distorsionan la realidad económica, sino que alimentan un ecosistema digital saturado de desinformación, miedo moral y simplificaciones riesgosas que afectan la conversación pública y la comprensión ciudadana de las instituciones. Un punto adicional para la controversia es que Salinas Pliego es dueño de la segunda televisora más grande del país, y posee los medios para articular mensajes de gran alcance. Esto podría convertirse en un movimiento político con fundamentos ideológicos radicales, basado en principios políticos con sustentos teóricos deficientes.

Es importante decir que el gobierno de Claudia Sheinbaum está lejos de ser considerado socialista, pero la carga impositiva que necesita para mantener los programas sociales se ha convertido en un reto de recaudación fiscal para la Secretaría de Hacienda. Los medios especializados en economía deben considerar la alfabetización conceptual de sus audiencias en temas de finanzas públicas; esto para que la conversación no se pierda en narrativas antagonistas que promuevan los discursos de odio entre usuarios de plataformas digitales.

Toda crítica al gobierno debe ser bienvenida en los espacios informativos, pero los matices se encuentran en el conceptualización de la transparencia gubernamental: los impuestos, los procesos de fiscalización y sus posibles usos deben ser de conocimiento general. La alfabetización mediática debe considerar información de corte económico, porque la complejidad de conceptos se presta para malinterpretaciones de indicadores clave para la evaluación ciudadana.

En este escenario, la discusión pública sobre lo económico se ha vuelto blanco de interpretaciones maximalistas que reducen debates complejos (como la recaudación, el gasto social o las facultades de la autoridad fiscal) en eslóganes diseñados para detonar discursos de odio. Y esa dinámica no es trivial: cuando los liderazgos digitales instalan la idea de que cualquier obligación fiscal es persecución política, se erosiona el principio básico de corresponsabilidad tributaria que sostiene a cualquier Estado moderno.

Por ello, uno de los desafíos centrales para este sexenio será reconstruir la confianza en los procesos fiscales. La autoridad tiene la obligación no solo de recaudar, sino de explicar con claridad por qué recauda, cómo lo hace y qué resultados produce. La transparencia no puede limitarse a comunicados técnicos ni a conferencias esporádicas: requiere una estrategia pedagógica permanente que haga entendibles los criterios de auditoría, las rutas legales y los montos involucrados. Sin un esfuerzo deliberado de comunicación institucional, los vacíos informativos seguirán siendo ocupados por quienes capitalizan el enojo o la incertidumbre económica para promover agendas personales.

Si se aspira a una conversación pública menos polarizada y más informada, el gobierno está obligado a comunicar con transparencia y anticipación sus decisiones fiscales. Una sociedad que comprende cómo y por qué se captan los impuestos es menos vulnerable a narrativas alarmistas y más capaz de exigir rendición de cuentas real, no solo ruido político. En ese equilibrio entre alfabetización mediática en económica, transparencia gubernamental y responsabilidad mediática se juega buena parte de la estabilidad narrativa —y democrática— de los próximos años.

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Nota del editor: Alejandra G. Marmolejo es profesora de ciencias sociales y Doctora en Política Pública en el Tecnológico de Monterrey. También es miembro del Observatorio de Medios Digitales de la misma institución . Síguela en Threads como alegmarmo y en Substack como @alejandramarmolejo. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.