Michoacán, el laboratorio eterno del fracaso federal

El asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025 reveló con crudeza lo que muchos michoacanos ya sabíamos: el estado no solo enfrenta una crisis de seguridad, sino un colapso institucional que permite la operación impune de organizaciones criminales en el corazón de sus municipios. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, materializada en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, representa un reconocimiento tardío de esta realidad. Sin embargo, el anuncio presidencial deja sobre la mesa preguntas fundamentales que ninguna retórica puede eludir: ¿de dónde provendrán los recursos para esta intervención multidimensional?

¿Quién asume la responsabilidad por permitir que Michoacán llegara a este punto?

Y, más importante aún, ¿puede funcionar una estrategia de desarrollo sin pacificación previa?

La aritmética imposible del presupuesto

El Plan Michoacán promete una intervención que abarca seguridad, justicia, desarrollo económico, salud, educación, cultura, infraestructura rural, sistemas de agua, programas agrícolas y apoyo a comunidades indígenas. La amplitud es impresionante; la opacidad financiera, preocupante. Cuando la presidenta Sheinbaum anunció que llegarían 1,980 elementos adicionales del Ejército y que habría más de 10,000 efectivos desplegados, omitió explicar cómo se financiará esta presencia militar intensificada sin una asignación presupuestal especial.

El problema no es menor. Si estas acciones ya estaban contempladas en el presupuesto ordinario de 2025, entonces estamos ante un ejercicio de relaciones públicas gubernamentales más que ante una estrategia genuinamente nueva. Si, por el contrario, requieren recursos adicionales, ¿de qué partidas se detraerán? ¿Qué programas federales se recortarán para financiar lo que debió haberse priorizado desde el inicio de la administración?

La experiencia del Plan por Michoacán de Enrique Peña Nieto en 2014 —un precedente inquietantemente similar que incluyó coordinación federal-estatal, desarrollo integral y promesas de transformación— debería servir de advertencia. Aquella intervención no solo fracasó en contener la violencia; el estado la duplicó en la década siguiente, pasando de poco más de 500 homicidios anuales en 2012 a más de 1,000 en 2024. Las extorsiones a productores de aguacate y limón, lejos de disminuir, se generalizaron hasta convertirse en una amenaza existencial para sectores económicos completos.

El premio a la impunidad administrativa

Existe otra dimensión política que resulta imposible ignorar: el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla concluye su mandato con un estado desangrado, un alcalde asesinado que le pidió ayuda repetidamente, y una ciudadanía que lo expulsó del funeral de Manzo entre gritos de "asesino" y "fue tu culpa".

¿Cuál es la consecuencia política de esta gestión catastrófica?

Una intervención federal masiva que, paradójicamente, podría interpretarse como el rescate de un gobierno estatal que no supo o no quiso cumplir con su responsabilidad primaria: garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Carlos Manzo solicitó apoyo federal en múltiples ocasiones. Denunció amenazas, documentó la infiltración criminal en instituciones estatales, y advirtió públicamente que temía por su vida. La respuesta fue insuficiente, tardía, y ahora, tras su muerte, se materializa en un plan integral que llega cuando el costo político de la inacción ya se volvió insostenible. Esta secuencia plantea un precedente peligroso: ¿es necesario que asesinen a un alcalde mediático para que el gobierno federal intervenga efectivamente en estados capturados por el crimen organizado?

La pregunta no es retórica. Bernardo Bravo, líder limonero, fue asesinado apenas quince días antes que Manzo. Las extorsiones, secuestros y homicidios en Michoacán no son fenómenos recientes; son patrones sostenidos que cualquier sistema de inteligencia mínimamente funcional debió haber identificado como señales de alarma. La intervención federal reactiva, motivada por la presión pública tras un crimen de alto impacto mediático, es precisamente el tipo de política de seguridad que México no puede permitirse.

La ilusión del desarrollo sin pacificación

El Plan Michoacán incluye componentes de desarrollo económico, educación y cultura para la paz: becas universitarias para transporte, centros deportivos comunitarios, programas agrícolas, inversión en infraestructura rural. Todas son iniciativas valiosas en circunstancias normales. El problema fundamental es que Michoacán no vive circunstancias normales.

Cuando productores de aguacate no pueden transportar su cosecha sin pagar derecho de piso, cuando maestros reciben amenazas para incorporar a criminales en escuelas, cuando jornaleros agrícolas son extorsionados sistemáticamente, ningún programa de desarrollo puede funcionar efectivamente.

La secuencia importa: primero pacificación, luego desarrollo.

Invertir este orden no solo es ineficiente; es potencialmente contraproducente.

Los recursos destinados a infraestructura o programas sociales en territorios controlados por el crimen organizado pueden ser capturados, desviados o simplemente quedar inutilizados por la imposibilidad de operarlos con seguridad. La historia reciente de México está plagada de ejemplos de programas sociales que operan en condiciones de violencia extrema sin lograr impactar las condiciones estructurales que generan esa violencia.

Inteligencia estratégica, la pieza ausente

Lo que el Plan Michoacán omite con notable silencio es precisamente el componente que podría marcar la diferencia entre otro fracaso sexenal y una estrategia genuina de pacificación: el ataque sistemático, sostenido y multidimensional a los flujos financieros que alimentan las organizaciones criminales.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mencionó brevemente que el Ejército "mejorará las labores de inteligencia para debilitar a los cárteles desde el lado financiero", pero esta referencia fugaz no constituye una estrategia.

La violencia en Michoacán no es un fenómeno autogenerado ni se sostiene por inercia. Requiere estructuras financieras sofisticadas que permiten lavar dinero, comprar protección política, adquirir armamento, y operar redes de extorsión a escala industrial. Estas estructuras tienen vulnerabilidades específicas: flujos bancarios identificables, inversiones inmobiliarias rastreables, empresas fachada verificables, y, críticamente, nodos de corrupción institucional que permiten que todo el sistema funcione.

Una estrategia seria de pacificación requeriría unidades especializadas de inteligencia financiera trabajando coordinadamente con fiscalías anticorrupción, autoridades tributarias y reguladores financieros. Requeriría la implementación agresiva de herramientas de investigación patrimonial contra funcionarios públicos sospechosos de facilitar operaciones criminales. Requeriría la identificación y persecución de los facilitadores profesionales —abogados, contadores, notarios— que permiten que el dinero criminal se integre a la economía formal.

Nada de esto figura con prominencia en el Plan Michoacán. La propuesta de crear una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto es un paso, pero sin mandato específico para atacar estructuras financieras y sin presupuesto claramente asignado, corre el riesgo de convertirse en otra instancia burocrática más que en un instrumento efectivo de desmantelamiento criminal.

El costo de la omisión histórica

México ha intentado pacificar Michoacán repetidamente durante dos décadas. Felipe Calderón declaró su "guerra contra el narcotráfico" en este estado en 2006. Enrique Peña Nieto lanzó su Plan Michoacán en 2014. Andrés Manuel López Obrador prometió "abrazos, no balazos" desde 2018. Los homicidios se duplicaron, las extorsiones se institucionalizaron, y Carlos Manzo fue asesinado frente a cientos de personas mientras cargaba a un niño en un festival público.

La continuidad del fracaso sugiere que el problema no es la falta de planes, sino la ausencia de voluntad política para implementar las medidas necesarias, aunque sean políticamente costosas. Desmantelar redes de corrupción implica investigar y, eventualmente, procesar a funcionarios de todos los niveles. Atacar flujos financieros requiere capacidades técnicas que el Estado mexicano ha subdesarrollado sistemáticamente. Sostener operaciones de inteligencia de largo plazo exige paciencia política que los ciclos electorales no favorecen.

El Plan Michoacán de 2025 puede ser genuino en sus intenciones, pero sin transparencia presupuestal, sin rendición de cuentas para la administración estatal saliente, y sin un componente robusto de inteligencia financiera y anticorrupción, corre el riesgo de convertirse en otro capítulo de una historia trágicamente repetitiva.

Los michoacanos, particularmente los que marcharon exigiendo justicia para Carlos Manzo, merecen más que promesas y despliegues militares temporales. Merecen una estrategia que ataque las causas estructurales de la violencia, no solo sus manifestaciones más visibles.

La memoria de Carlos Manzo, quien alzó la voz sabiendo los riesgos, exige al menos eso: honestidad sobre los recursos disponibles, responsabilidad política clara, y el coraje de implementar las estrategias difíciles que los gobiernos anteriores evitaron. Cualquier cosa menor es, otra vez, insuficiente.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.