El Cártel S.A. Cuando el crimen se hizo empresa

La expansión del crimen ya no se mide en hectáreas cultivadas ni en toneladas incautadas, sino en porciones de soberanía perdida. En municipios donde el Estado es débil o inexistente, los grupos criminales no solo mandan: administran. Cobran impuestos, ofrecen seguridad, dictan normas y regulan mercados. La delincuencia organizada se ha vuelto, en términos funcionales, una empresa de gobierno.

Factores de expansión delictiva

El crecimiento de estas corporaciones criminales responde a una serie de fallas estructurales del Estado.

- La primera es la debilidad institucional. El 65% de las policías municipales no cumple con los estándares mínimos de operación ni control de confianza (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2025). La ausencia de capacidades locales ha permitido que las organizaciones criminales se conviertan en los administradores de facto de la seguridad.

- La segunda es la crisis fiscal de los municipios. Con presupuestos reducidos y alta dependencia de transferencias federales, los gobiernos locales carecen de incentivos y herramientas para resistir la captura criminal. El Presupuesto de Egresos 2026 recortó en 4.8% los fondos para fortalecimiento municipal en seguridad, priorizando nuevamente el gasto militar y la Guardia Nacional. Se trata de un modelo centrado en la reacción, no en la construcción institucional.

- El tercer factor es la economía informal y la desigualdad estructural. En muchas regiones, las organizaciones criminales funcionan como sustitutos del Estado social: generan empleos, distribuyen recursos, otorgan préstamos o resuelven conflictos. Su legitimidad proviene de la eficiencia y proximidad que el Estado ha abandonado.

Gobernanza criminal en municipios

La gobernanza criminal se manifiesta en distintos niveles. En algunos territorios, el grupo delictivo es un actor regulador que impone orden sin visibilidad política; en otros, ha capturado por completo la estructura de gobierno. Casos documentados en Michoacán, Jalisco y Zacatecas muestran cómo los cárteles deciden quién puede ser candidato, controlan las licitaciones públicas y establecen cuotas sobre la obra pública.

El CIDE (2024) identifica un patrón de “gobiernos coadministrados” donde los grupos criminales participan en la gestión local a través de intermediarios políticos o empresariales. Esa simbiosis erosiona el concepto mismo de autoridad. Cuando el ciudadano paga doble —al Estado y al crimen— se rompe el contrato social y emerge una forma híbrida de legalidad.

El resultado es una captura institucional progresiva: las policías se subordinan, los alcaldes negocian, los jueces ceden. El municipio se convierte en una célula de operación financiera y social del crimen organizado. No se trata solo de violencia: es un proceso de sustitución del Estado por una estructura criminal funcional.

Inteligencia financiera vs despliegue reactivo

El paradigma dominante del combate al crimen sigue anclado en el despliegue militar y la lógica del enfrentamiento. Sin embargo, las empresas criminales operan con racionalidad económica, no solo violenta. La inteligencia financiera es el flanco más débil de la estrategia nacional: menos del 10% de las investigaciones por delincuencia organizada tienen seguimiento patrimonial o de lavado de activos (UIF, 2024).

Mientras las autoridades persiguen sicarios, las organizaciones controlan cuentas bancarias, cooperativas agrícolas y empresas fachada. Han aprendido a lavar dinero mediante mecanismos legales, incluso en programas de apoyo federal o municipal. Sin un sistema de trazabilidad financiera interinstitucional, cualquier golpe operativo es solo cosmético.

México requiere un modelo de seguridad inteligente, sustentado en datos, análisis financiero y cooperación entre fiscalías, hacienda y unidades de inteligencia. El crimen no se combate con más armas, sino con mayor información y precisión estratégica.

Propuestas para una estrategia integral

- La lucha contra las corporaciones criminales no puede limitarse a la contención: necesita una estrategia nacional de disolución estructural. Ello implica rediseñar el sistema de seguridad bajo cinco ejes:

- Inteligencia territorial unificada: integrar bases de datos de seguridad, economía y gobernanza municipal para mapear redes delictivas y sus vínculos políticos.

- Fortalecimiento de la inteligencia financiera: otorgar autonomía técnica y recursos ampliados a la UIF y unidades estatales, con capacidad de rastrear operaciones sospechosas a nivel local.

- Blindaje institucional municipal: crear observatorios ciudadanos y mecanismos anticaptura que supervisen presupuestos y licitaciones en zonas de riesgo.

- Economía de resiliencia local: fomentar proyectos productivos sostenibles, cooperativas legales y cadenas de valor controladas por el Estado y la sociedad civil.

- Reforma en la comunicación de seguridad: pasar del discurso militarista a una narrativa de reconstrucción institucional, centrada en legitimidad y confianza pública.

La última frontera…

Desarticular las empresas criminales implica recuperar el control del territorio, pero sobre todo, recuperar la idea del Estado. Mientras el crimen opere con más inteligencia, recursos y legitimidad que las propias instituciones, México seguirá cediendo soberanía de manera fragmentada.

La verdadera batalla no se libra en las calles, sino en los circuitos financieros, las oficinas municipales y los contratos públicos. El crimen organizado ya entendió que el poder se administra como una empresa. Es hora de que el Estado mexicano aprenda a defenderse con la misma lógica de eficiencia, estrategia y estructura.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.