Cárteles con privilegios, territorios sacrificados

Con la apertura democrática y la alternancia partidista a partir del año 2000, ese modelo colapsó. La multiplicación de actores políticos rompió la verticalidad del control, y con ella, la posibilidad de un solo pacto nacional. Cada gobierno estatal o municipal comenzó a construir sus propias alianzas, a veces para protegerse, a veces para financiar campañas, y otras para disputar territorios. La ruptura del monopolio político abrió la competencia criminal: la violencia dejó de ser controlada y se convirtió en una herramienta electoral y territorial.

Mecanismos de infiltración y selección preferencial

El vínculo entre gobiernos y cárteles ha tenido una dinámica selectiva, casi estratégica. No todos los grupos criminales han gozado del mismo trato: algunos fueron tolerados, otros perseguidos con saña. Los gobiernos priistas del último tercio del siglo XX privilegiaron a organizaciones con estructuras jerárquicas que mantenían la “disciplina del silencio” —como el Cártel de Guadalajara y, posteriormente, el de Sinaloa—, mientras que castigaban a grupos díscolos que alteraban la estabilidad regional.

Durante los sexenios panistas (2000-2012), la lógica cambió: la militarización de la seguridad pública y la politización de la guerra contra el narcotráfico generaron la percepción —y en algunos casos, la evidencia— de una persecución desigual. Informes periodísticos y testimonios judiciales señalaron una política de tolerancia hacia Sinaloa, mientras se desmantelaban rivales como los Beltrán Leyva o Los Zetas.

La selectividad en la aplicación del poder coercitivo transformó la competencia criminal en un instrumento de gobernabilidad.

Con la llegada de gobiernos de izquierda, el discurso cambió, pero la práctica se adaptó: la narrativa de “abrazos, no balazos” sustituyó la confrontación abierta por pactos de no agresión de facto. Las treguas tácitas o la priorización de ciertas regiones en operativos federales sugieren la permanencia de un cálculo político en el tratamiento diferenciado de los grupos criminales. No se trata solo de omisión: se trata de la continuidad del Estado como árbitro de la violencia ilícita.

Impactos económicos y sociales de la complicidad selectiva

El resultado de estas preferencias ha sido un reacomodo estructural del poder criminal y del tejido económico. En los años ochenta, la concentración del tráfico en manos de pocos cárteles permitió una relativa estabilidad territorial; pero las rupturas de los noventa y dos mil dispersaron el poder y generaron una economía de guerra. Municipios enteros se convirtieron en enclaves de control compartido: donde un grupo era perseguido, otro obtenía ventajas.

La selectividad estatal también generó desigualdades territoriales: zonas protegidas y zonas sacrificadas. En el norte, regiones con alta actividad industrial recibieron protección prioritaria; en el sur y occidente, el abandono institucional permitió la expansión del narcoestado local. Las consecuencias sociales son visibles: desplazamientos forzados, desapariciones, reclutamiento de jóvenes y una economía paralela que mezcla lo ilícito con lo cotidiano. Las lealtades políticas, en algunos municipios, se negocian con la misma lógica con la que se pactan rutas o cargamentos.

Evidencias y continuidades históricas

Los testimonios judiciales en Estados Unidos y los informes de organismos internacionales han documentado una constante: la connivencia no desaparece, muta. De los contactos de la Dirección Federal de Seguridad en los años setenta, a los casos de gobernadores acusados de colusión en los dos mil, la continuidad institucional es alarmante. Exfuncionarios federales, mandos militares y políticos locales han sido vinculados, directa o indirectamente, con organizaciones específicas. En todos los casos, la pregunta de fondo no es si el Estado negoció, sino con quién.

El patrón muestra una constante pragmática: los gobiernos mexicanos han preferido la estabilidad relativa de un orden criminal controlado a la incertidumbre del enfrentamiento total. Esa elección ha sido política, no operativa. El poder no ha combatido al narcotráfico en abstracto, sino a las facciones que no se alinean a su interés coyuntural.

Prospectiva: del pacto tácito al Estado cooptado

De mantenerse esta lógica selectiva, México se encamina hacia un modelo de gobernanza híbrida, donde el poder estatal no desaparece, pero se negocia permanentemente con fuerzas criminales consolidadas. Un escenario probable es la formalización de un “nuevo equilibrio” territorial: regiones donde el Estado renuncia a ejercer control pleno y delega la paz a estructuras criminales “disciplinadas”.

Un segundo escenario, más peligroso, es el de la captura sistémica: cuando los intereses del crimen y del poder político se fusionan en redes de negocio, seguridad y legitimidad mutua. En ese contexto, la violencia se vuelve instrumental y la impunidad estructural. Solo un rediseño institucional que rompa el ciclo de selectividad podría evitarlo.

Desmontar la selectividad

La reconstrucción institucional pasa por despolitizar la persecución del crimen. México necesita una política de seguridad con criterios técnicos, no políticos; una fiscalía autónoma con capacidades reales de investigación patrimonial; y una arquitectura judicial capaz de resistir presiones partidistas. La transparencia sobre el financiamiento electoral y la trazabilidad del dinero ilícito son condiciones mínimas para impedir que las lealtades políticas sigan definiendo el mapa del crimen.

Además, debe asumirse una verdad incómoda: la lucha contra el narcotráfico ha sido un campo de disputa entre facciones del Estado, no entre el Estado y el crimen. Romper esa simbiosis implica redefinir las fronteras de la autoridad legítima. Solo un Estado que se atreva a desmantelar sus propias complicidades podrá recuperar el monopolio de la fuerza y reconstruir el pacto social.

Conclusión

México no enfrenta una guerra entre el Estado y los cárteles, sino entre distintas formas de poder. Mientras la política siga decidiendo con qué criminales puede convivir y con cuáles no, la violencia será un síntoma, no una anomalía.

La connivencia selectiva no es un secreto de Estado: es su estructura más persistente. Romperla exige una reforma institucional de fondo, pero también un cambio cultural que renuncie a la comodidad del pacto. La verdadera transformación no comenzará cuando el Estado gane la guerra, sino cuando deje de escoger con quién la libra.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.