El asesinato de Carlos Manzo no fue un rayo en cielo despejado, sino la consecuencia de un ecosistema político-criminal que Michoacán arrastra desde hace años y que el gobierno de Claudia Sheinbaum conoce de sobra. Semanas antes de su muerte, Manzo advirtió públicamente que su vida corría peligro y denunció que la Federación había retirado del municipio más de 200 elementos de la Guardia Nacional, dejando a Uruapan en estado vulnerable frente al crimen. Pidió que no los retiraran y reclamó respuesta tanto del gobierno federal como del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.
Michoacán, sin sorpresas
Si la respuesta es culpar al pasado y prometer coordinación, el ciclo seguirá: otro alcalde asesinado, otro expediente abierto, otro velorio con gritos de “fuera” para el gobernador y la presidenta.
@JTrianaT
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Desde 2021 existían alertas formales: la intromisión del crimen en la elección para gobernador fue evidente. Los partidos de oposición llevaron el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció, por primera vez en la historia del país, que el crimen organizado intervino en la contienda, anulando casillas en cuatro municipios. Desde entonces, la advertencia estaba escrita en letras rojas. Absurdamente, se validó la elección estatal al considerar que la intervención fue focalizada y no determinante, pero fue un precedente brutal: el Estado mexicano reconoció oficialmente una narcoelección. Que nadie finja sorpresa.
Hubo amenazas a la oposición, candidatos secuestrados y asesinados, centros de votación tomados por grupos armados que sustituyeron a funcionarios electorales. Morena arrasó en 2021 y 2024. El partido oficial demostró que no está dispuesto a sacrificar triunfos para limpiar sus filas ni romper sus vínculos criminales.
A esto se suman los señalamientos contra Ramírez Bedoya por presuntos nexos con Cárteles Unidos, la alianza de siete grupos que domina buena parte del estado. La Secretaría de la Defensa Nacional documentó cómo estas organizaciones citan a alcaldes y funcionarios para negociar zonas de operación. Hipólito Mora, fundador de las autodefensas asesinado en 2023, denunció que esa misma alianza empujó la elección de 2021. En Estados Unidos, un tío y un primo del gobernador fueron condenados por tráfico de metanfetaminas vinculadas a ese cártel. No es una sentencia contra Bedoya, pero sí un entorno de captura política y territorial que lo compromete por acción u omisión.
Aun con esa evidencia, el llamado Plan Michoacán de Sheinbaum no incluyó una sola medida para romper el vínculo entre política y crimen. El gobierno federal corre el mismo riesgo que en Sinaloa: administrar el daño mientras los criminales marcan la agenda.
Carlos Manzo señaló a Bedoya por sus nexos criminales y por imponer intereses corruptos, acusó al exgobernador y hoy diputado Leonel Godoy de ser el padrino de la narcopolítica y al senador Raúl Morón de servir como vehículo de acceso al poder para los grupos criminales que representa. Todo está documentado en video y en prensa local. El caso Manzo también expuso la fractura interna de Morena. El partido se partió en dos: Bedoya por un lado, Godoy y Morón por el otro, rumbo a 2027. Trifulcas, choques y acusaciones cruzadas se multiplicaron, generando la sospecha de que cada facción responde a intereses de grupos criminales antagónicos.
Tras el asesinato, la familia de Manzo pidió investigar todas las líneas: el crimen organizado y también el móvil político. Su hermano Juan, subsecretario de Gobierno con Ramírez Bedoya, reveló que esa noche a Carlos lo hicieron regresar tres veces al punto donde fue emboscado. Exige revisar protocolos, órdenes y responsabilidades. ¿Quién reclutó al joven sicario de 17 años y quién se benefició de silenciar a un alcalde incómodo?
Urge actuar en dos frentes. Uno: medidas inmediatas para frenar la violencia, inteligencia financiera, mandos rotativos, depuración policial, operativos judicialmente respaldados y controles externos. Dos: cirugía política de fondo, vetos a candidatos financiados por el narco, fiscalías autónomas, monitoreo federal de procesos internos y blindaje de sectores capturados como el aguacate, el limón y la minería. Sin eso, 2027 volverá a disputarse con boletas en una mano y pistolas en la otra.
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Este gobierno no puede alegar desconocimiento. Con las advertencias de Manzo y con 2021 como confesión oficial del Estado, lo de Uruapan era posible, probable y prevenible. Si la respuesta es culpar al pasado y prometer coordinación, el ciclo seguirá: otro alcalde asesinado, otro expediente abierto, otro velorio con gritos de “fuera” para el gobernador y la presidenta.
Si Sheinbaum quiere recuperar Michoacán, debe dejar de culpar al pasado, asumir su responsabilidad y romper con la retórica de su antecesor. Seguir defendiendo la política fallida de “abrazos, no balazos” es seguir alimentando el monstruo que dejó Andrés Manuel López Obrador. Esa estrategia, presentada como humanista, empoderó a los cárteles, desarmó al Estado y dejó al ciudadano a merced del crimen. Si la presidenta quiere demostrar que gobierna y no que observa, debe empezar por cortar los pactos, exponer a los beneficiarios políticos y económicos y blindar de una vez la elección que viene. De lo contrario, el epitafio será el mismo que en la primera línea de esta historia: sin sorpresas.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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