La administración de la presidenta Sheinbaum ha optado por consolidar la visión de salud de la llamada “cuarta transformación” y avanzar de manera decidida en su implementación. Con la presentación del Plan México como política industrial, el gobierno colocó al sector salud entre sus áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Más tarde, la publicación del Programa Sectorial de Salud definió la hoja de ruta que orientará las prioridades y acciones en los próximos años. Ambos documentos no sólo anuncian una reconfiguración institucional, sino que buscan inaugurar una etapa marcada por la consolidación del proyecto iniciado por el expresidente López Obrador.
#ColumnaInvitada | Una reforma en salud exprés
El gobierno y su gabinete tienen la capacidad para transformar el sistema de salud y han planteado propuestas que serían valiosas si se discutieran con calma para asegurar una buena implementación.
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Sin embargo, la magnitud de estas aspiraciones contrasta con retos conocidos: la falta de fuerza vinculante en los instrumentos programáticos y un financiamiento históricamente insuficiente. Para sortear —al menos parcialmente— estos límites, el Ejecutivo decidió trasladar varias de sus directrices estratégicas a rango legal. La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud presentada en la Cámara de Diputados concentra más de una decena de ajustes que buscan asegurar la continuidad transexenal y blindar la agenda sanitaria, alineándola con la visión gubernamental.
En general, la apuesta de la presidenta es consolidar al IMSS-Bienestar como un eje central del sistema de salud bajo una conducción federal para garantizar la atención de la población sin seguridad social y avanzar hacia un esquema de acceso universal sin importar la derechohabiencia. Para alcanzar esta visión del sector salud, la iniciativa que se está discutiendo en la Cámara Baja reúne diversas medidas que van desde la prohibición de cigarrillos electrónicos y vapeadores hasta ajustes regulatorios en materia de solución de controversias a través de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y disposiciones sobre plaguicidas y grasas trans en alimentos y bebidas.
En el papel, la estrategia puede parecer razonable. En la práctica, preocupa la forma. Agrupar cambios tan heterogéneos en una sola iniciativa no fortalece la discusión técnica; la diluye. En lugar de abrir un debate especializado, el gobierno apuesta por una aprobación rápida, confiando en su mayoría legislativa y en una narrativa de urgencia transformadora.
No es una dinámica nueva. La prioridad del oficialismo sigue siendo consolidar su proyecto político, aun cuando eso implique relegar el análisis técnico y la deliberación pública. La señal parece clara: la transformación del sistema de salud no será gradual ni resultado de una construcción institucional paciente, sino una reconfiguración acelerada que privilegia la visión política del gobierno y su agenda por encima de los procesos deliberativos que podrían realmente fortalecerla.
Esto no implica que la iniciativa carezca de elementos valiosos. Hay propuestas que podrían impulsar áreas como la investigación clínica y la salud digital. Sin embargo, ese potencial convive con disposiciones que requieren mayor precisión y escrutinio. Tres ejemplos lo ilustran.
Primero, el reforzamiento del esquema centralizado de compras públicas. Esta herramienta busca eficiencia y mejores precios, pero también se convierte en un instrumento para impulsar a la industria farmacéutica nacional bajo criterios de integración productiva. Es una apuesta relevante de política industrial sanitaria, con beneficios posibles, aunque también con alto riesgo de concentración y discrecionalidad.
Segundo, la reconfiguración del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). Al eliminar criterios claros de distribución de recursos y delegar la decisión al Comité Técnico, se abre un espacio para criterios coyunturales en un fondo diseñado para proteger a quienes enfrentan enfermedades de alto costo. Un fideicomiso concebido para blindar derechos no debería depender de prioridades políticas cambiantes.
Tercero, la ampliación del intercambio de servicios entre instituciones. La intención de reducir la fragmentación es incuestionable. No obstante, la propuesta no corrige disparidades en el financiamiento entre subsistemas. Sin un gasto per cápita nivelado, la atención sin importar la derechohabiencia puede convertirse en una puerta abierta a mayores desigualdades en el acceso y calidad.
En conjunto, los cambios planteados merecen más que una aprobación exprés. No porque carezcan de mérito, algunos lo tienen, sino porque su naturaleza diversa exige análisis diferenciado y calibración fina. Una legislación sólida se construye con argumentos y técnica, no con prisa.
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México se encuentra en un punto de inflexión en materia de salud. El gobierno y su gabinete tienen la capacidad para transformar el sistema y han planteado propuestas que serían valiosas si se discutieran con calma para asegurar una buena implementación. Sin embargo, una reforma aprobada sin un debate profundo que ponga las necesidades de los pacientes por delante puede resolver problemas coyunturales, pero difícilmente construirá un sistema más equitativo, sostenible y resiliente. A esta velocidad, el riesgo es que una oportunidad de modernización se convierta en una arquitectura frágil, incapaz de responder a las demandas presentes y futuras.
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Nota del editor: Valeria Guerra (agregar X) es consultora especializada en el sector salud y la industria farmacéutica en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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