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#ColumnaInvitada | Hogar con patas, el nuevo derecho a vivir acompañados

La vivienda inclusiva es una puerta a una ciudad más compasiva, donde infancias, familias diversas y animales de compañía no sean vistos como obstáculos, sino como parte legítima de la vida urbana.
mié 05 noviembre 2025 06:00 AM
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Durante años, convivir con animales fue tratado como una elección privada, no como parte de una cultura del bienestar. Hoy sabemos que la convivencia interespecie mejora la salud mental, reduce el estrés y fortalece los lazos sociales, apunta Carmela Rivero. (Expansión|Gemini)

En la Ciudad de México, encontrar un lugar donde vivir no siempre depende del presupuesto, sino del tipo de vida que uno lleva. Hasta hace unos días, tener un perro, un gato o un hijo pequeño podía bastar para recibir un “no” de propietarios o inmobiliarias. Ese “no” —que se repetía con naturalidad en cada contrato o visita— no sólo excluía a familias, sino que definía una jerarquía: primero la propiedad, después las personas y sus vínculos.

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Con la reforma aprobada al artículo 4 de la Ley de Vivienda de la CDMX que se aprobó en esta última semana, la ciudad reconoce que el derecho a habitar incluye también el derecho a convivir. La modificación establece que “ni las infancias ni los seres sintientes deben ser un obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda”.

Es decir, ya no se podrá negar la renta o venta de un inmueble por vivir con niños o con animales de compañía. Es un cambio que puede parecer pequeño en el papel, pero que es enorme en significado: por primera vez, la ley reconoce que los vínculos afectivos y de cuidado también merecen techo.

Hasta ahora, el texto legal mencionaba condiciones como “la situación económica, el origen étnico, el género o la orientación sexual” entre los motivos prohibidos de discriminación. La reforma incorpora una nueva frase —“así como la cohabitación con infancias y seres sintientes”— publicada oficialmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Desde entonces, cualquier intento de negar vivienda por tener niños o mascotas puede considerarse un acto de discriminación, amparado por el artículo tercero de la misma ley, que define el derecho a la vivienda adecuada como un derecho humano fundamental.

Durante años, convivir con animales fue tratado como una elección privada, no como parte de una cultura del bienestar. Hoy sabemos que la convivencia interespecie mejora la salud mental, reduce el estrés y fortalece los lazos sociales. Según el Inegi, seis de cada diez hogares mexicanos viven con al menos un animal de compañía, y para millones de personas —sobre todo jóvenes y adultos mayores— ese vínculo es su principal fuente cotidiana de afecto. Negar vivienda por esa razón no era una política de orden, sino una forma de exclusión.

Esta reforma no obliga a nadie a tener mascotas, pero sí nos recuerda que la ciudad se construye para quienes la habitan, no para quienes la administran. Que el bienestar no puede medirse sólo en metros cuadrados, sino también en la calidad del vínculo que sostenemos con quienes viven a nuestro lado, sean humanos o no. Y que el hogar no es sólo un espacio físico: es una comunidad de cuidados.

El reconocimiento de los animales como seres sintientes no es nuevo. Desde 2002, la Ley de Protección a los Animales del entonces Distrito Federal ya los definía en su artículo 4, fracción I, como “seres no humanos que sienten y se mueven”, sentando las bases de una protección jurídica pionera en América Latina.

Dos décadas después, la Constitución de la Ciudad de México reafirmó y amplió ese principio al establecer, en su marco de derechos y deberes, que los animales deben ser tratados como seres sintientes y que la sociedad tiene la obligación moral y legal de procurar su bienestar. Lo que comenzó como una definición administrativa se ha convertido, con el tiempo, en un reconocimiento constitucional y ético.

Celebro la decisión como un avance cultural, no sólo jurídico. La vivienda inclusiva es una puerta a una ciudad más compasiva, donde las infancias, las familias diversas y los animales de compañía no sean vistos como obstáculos, sino como parte legítima de la vida urbana.

El compromiso es acompañar esta transición con educación, sensibilización y responsabilidad: porque un derecho recién ganado sólo se consolida cuando se ejerce.

A partir de hoy, ningún contrato debería decidir con quién podemos compartir nuestra casa. Y eso, en un país donde el hogar es sinónimo de afecto, es una buena noticia.

El desafío ahora es traducir la ley en práctica. Las inmobiliarias y arrendadores deberán actualizar sus contratos y eliminar cláusulas discriminatorias. Las autoridades tienen que garantizar que existan mecanismos de denuncia eficaces y accesibles para quienes vean vulnerado este nuevo derecho.

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Las organizaciones civiles deben mantener la mirada puesta en la educación y la convivencia responsable. Y cada ciudadano puede hacer su parte: elegir con empatía, cuidar los espacios compartidos y reconocer que vivir acompañado es, en sí mismo, un acto de ciudadanía.

Construir una ciudad que abrace todas las formas de vida no depende sólo de decretos, sino de decisiones cotidianas. Que esta ley no sea el punto final, sino el punto de partida para entender que cuidar también es una forma de habitar.

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Nota del editor: Carmela Rivero es Presidenta de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

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