Como se abordó en un artículo anterior, la discapacidad es un tema que en la actualidad exige trascender el modelo asistencialista que durante décadas marcó la relación del Estado con las personas con discapacidad, ya que, los estándares internacionales de derechos humanos plantean que los gobiernos tienen la obligación de garantizar accesibilidad, igualdad y no discriminación.
Los retos que enfrentan la sociedad mexicana y las personas con discapacidad
Si bien en la Ciudad de México las políticas públicas han avanzado de manera importante, estas aún enfrentan retos estructurales y culturales para consolidar una verdadera inclusión.
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En ese sentido, el marco jurídico en México se ha extendido, garantizando a través de las diversas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las personas con discapacidad gocen y disfruten en igualdad de condiciones de todos los derechos reconocidos por el Estado mexicano, para lo cual, debe hablarse, en primer lugar, de los ajustes razonables, pues se han convertido en un eje fundamental: son la llave que permite que las normas no se queden en el papel y que los derechos se hagan efectivos en la vida cotidiana.
En efecto, los ajustes razonables, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son aquellas medidas encaminadas a eliminar barreras en favor de los individuos con discapacidad y consisten en modificaciones o adaptaciones al entorno, que además de ser necesarias y adecuadas, no deberán imponer una carga desproporcionada o indebida para el garante del derecho; por su parte, debemos diferenciarlas de las medidas de accesibilidad, que son progresivas, en virtud que las autoridades tienen la obligación de implementarlas sin necesidad de que sean solicitadas por algún sujeto y buscan tener efectos generales, es decir, atender a las personas con discapacidad en general.
No obstante, nos enfrentamos a una gran realidad, ya que si bien en la Ciudad de México las políticas públicas han avanzado de manera importante, estas aún enfrentan retos estructurales y culturales para consolidar una verdadera inclusión, ya que hablamos de temas bastante complejos, pues, las obras o acciones que el gobierno capitalino debe adoptar pueden ir desde la instalación de rampas o elevadores en espacios públicos, hasta la entrega de materiales en braille en las escuelas o el ajuste de horarios laborales para quienes requieren terapias de rehabilitación, etcétera; esto es así, porque no se trata de concesiones, sino de obligaciones jurídicas contraídas por el Estado mexicano y que deben materializarse en favor de la gente con discapacidad.
Entendemos que en los últimos años las políticas públicas en acción pueden verse reflejadas, entre otras, en: pensión para personas con discapacidad permanente, con apoyos económicos bimestrales; convenio con el Teletón, que permite que niñas y niños beneficiarios accedan a terapias de rehabilitación en los CRIT; programas de accesibilidad en transporte público, aunque limitados, como la instalación progresiva de elevadores en estaciones del Metro y Metrobús, y estrategias de educación inclusiva, en colaboración con la Secretaría de Educación, aunque con retos en capacitación docente y materiales accesibles; sin embargo, si bien estos esfuerzos han sido reconocidos, no siempre cumplen con el principio de ajustes razonables o de medidas de accesibilidad, debido a que en muchos casos, la implementación es parcial, los plazos son prolongados y los usuarios continúan enfrentando barreras físicas y sociales.
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En efecto, en la realidad, aunque se trata de reforzar estas medidas de acción, es cierto que, los factores humanos, sociales, culturales y económicos ponen un obstáculo importante, lo que evidencia los impedimentos a los que día a día se enfrentan las personas con discapacidad, tales como: accesibilidad incompleta; criterios vagos sobre “carga desproporcionada”; educación inclusiva limitada, así como cultura social, la persistencia del estigma y la discriminación siguen siendo una barrera tan fuerte como las arquitectónicas.
Ante estas circunstancias es que se advierte la falta de elementos que las personas con discapacidad enfrentan para poder realizarse libre y plenamente, de ahí que, a pesar de los avances culturales y sociales, la Ciudad de México enfrenta un tema muy importante, en donde la verdadera medida de éxito radica en la eliminación de las barreras que aún persisten en el transporte, la educación, la justicia y el espacio público pues debe entenderse que los ajustes razonables y las medidas de accesibilidad no son favores ni privilegios, sino un mecanismo indispensable para que la igualdad de derechos deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad tangible.
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Nota del editor: Francisco Aja García es Doctor en Derecho. Síguelo en todas las redes sociales como @SoyFcoAja Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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