Guardias sin armas, leyes sin dientes: el vacío de seguridad en universidades

El problema no es aislado ni reciente: se trata de una crisis multidimensional en la que convergen debilidades internas, limitaciones legales, carencias institucionales y la creciente presión de problemáticas sociales externas. Las universidades, concebidas como espacios de libertad intelectual y formación crítica, se ven atrapadas entre un marco jurídico que restringe la intervención de fuerzas de seguridad externas y una realidad social donde la violencia, el acoso, las adicciones y la fragmentación juvenil se infiltran cotidianamente en los planteles.

Vulnerabilidades estructurales

El primer punto crítico es la debilidad de los protocolos internos de seguridad. La mayoría de las universidades públicas carecen de sistemas integrales de gestión de riesgos; operan con dispositivos fragmentados y reactivos que privilegian la contención inmediata sobre la prevención estratégica. Los accesos a los planteles, por ejemplo, son espacios vulnerables donde el control de ingreso suele limitarse a revisiones superficiales o al uso simbólico de credenciales, sin un verdadero sistema de identificación ni registro.

Asimismo, la infraestructura carece de diagnósticos técnicos que integren factores como iluminación, videovigilancia o rutas de evacuación. Estas omisiones no son meramente logísticas: configuran condiciones estructurales que facilitan delitos y conductas antisociales dentro de los campus.

Otro aspecto estructural es la ausencia de protocolos de seguridad universitaria adaptados a la realidad contemporánea. La mayor parte de los reglamentos internos datan de décadas pasadas y no contemplan fenómenos actuales como la violencia de género sistemática, las dinámicas de tribus urbanas con conductas violentas, ni los riesgos emergentes asociados a narcotráfico o narcomenudeo dentro de espacios educativos. La rigidez normativa choca con la complejidad de un entorno social donde la violencia ya no es episódica, sino estructural y transversal.

Limitaciones institucionales y legales

La autonomía universitaria, consagrada constitucionalmente como garantía de libertad académica, se ha convertido en un obstáculo operativo para el diseño de esquemas efectivos de seguridad. En nombre de la autonomía, las instituciones limitan la intervención de fuerzas policiales, incluso en situaciones críticas, lo cual genera una zona gris donde las autoridades locales carecen de capacidad de actuación inmediata y los cuerpos de seguridad interna carecen de atribuciones legales suficientes para enfrentar delitos graves.

A esta paradoja se suma la precariedad de los cuerpos de vigilancia universitaria. En la mayoría de los casos, el personal de seguridad carece de formación profesional en gestión de riesgos, protocolos de actuación ante emergencias o mediación de conflictos. Se trata de personal con funciones meramente disuasivas, sin herramientas técnicas ni legales para enfrentar escenarios de violencia compleja.

Además, no existe un esquema homologado a nivel nacional para la capacitación ni para la certificación de competencias, lo que genera disparidad en la calidad del servicio entre distintas universidades públicas.

Impacto social de la inseguridad universitaria

La inseguridad en las universidades no se reduce a un problema administrativo: refleja y amplifica las tensiones sociales externas. El acoso y la violencia de género se han convertido en una de las principales fuentes de conflictividad interna, con implicaciones profundas en la vida académica y en la percepción de seguridad de las estudiantes. La proliferación de grupos juveniles con identidades fragmentadas —algunas vinculadas a subculturas violentas o tribus urbanas— ha introducido dinámicas de confrontación que trascienden la vida estudiantil. A ello se suman problemáticas de salud pública, como el consumo de drogas y alcohol, que encuentran en los planteles un espacio de reproducción y, en ocasiones, de narcomenudeo tolerado de facto.

La universidad, como microcosmos social, se convierte así en un espacio donde confluyen violencias internas (acoso, confrontaciones estudiantiles, conflictos gremiales) y violencias externas (delincuencia organizada, inseguridad urbana). Esta interconexión multiplica la vulnerabilidad de los campus y erosiona la función esencial de las universidades como espacios de formación crítica y convivencia plural.

Propuestas y recomendaciones

Frente a este diagnóstico, la transformación de los sistemas de seguridad universitaria es urgente y requiere un enfoque multidimensional:

- Rediseño normativo: actualizar los reglamentos de seguridad universitaria para integrar tipologías contemporáneas de violencia, incorporando protocolos claros para acoso, violencia de género, narcomenudeo y amenazas externas.

- Capacitación profesionalizada: establecer un programa nacional de certificación en seguridad universitaria que homologue estándares de formación, dotando a los cuerpos de vigilancia de herramientas técnicas y jurídicas para la gestión de riesgos.

- Tecnología y prevención: implementar sistemas integrales de control de acceso, videovigilancia y monitoreo en tiempo real, acompañados de diagnósticos de infraestructura que prioricen la prevención sobre la reacción.

- Coordinación interinstitucional: diseñar mecanismos legales que permitan la intervención puntual de autoridades locales sin vulnerar la autonomía universitaria, mediante protocolos de actuación acordados previamente.

- Atención psicosocial: incorporar programas de prevención de adicciones, mediación de conflictos y acompañamiento psicológico, reconociendo que la seguridad universitaria también es un problema de salud y bienestar estudiantil.

- Participación comunitaria: crear comités de seguridad integrados por estudiantes, académicos y autoridades para generar corresponsabilidad y legitimidad en la aplicación de medidas.

Conclusión

La crisis de seguridad universitaria en México no es producto de una anomalía, sino de la convergencia de factores estructurales, legales y sociales que han sido sistemáticamente ignorados. Pretender resolverla con medidas parciales o exclusivamente reactivas es perpetuar el problema.

La autonomía universitaria, lejos de ser un escudo para la inacción, debe convertirse en el marco desde el cual se diseñen soluciones innovadoras y corresponsables. Transformar los sistemas de seguridad universitaria no es un lujo ni un exceso burocrático: es una exigencia para salvaguardar la vida, la integridad y el futuro de quienes constituyen el corazón mismo de la universidad.

La seguridad, entendida como condición de posibilidad para el ejercicio pleno de la libertad académica, debe dejar de ser un tema periférico y convertirse en prioridad central de la agenda universitaria y nacional.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.