Los gobiernos de la Cuarta Transformación han estigmatizado a ciertas industrias bajo el argumento de que sus productos o procesos atentan contra el beneficio público que aseguran defender. Esto les ha permitido justificar medidas como acotar la actividad minera y prohibir el uso de fertilizantes por sus efectos en el medio ambiente o para imponer impuestos especiales a productos responsabilizados de dañar la salud o atentar contra la seguridad o la cohesión social de los mexicanos.
Impuestos con causa: cómo se estigmatizan industrias en México
En un entorno donde los agravios fácilmente se transforman en banderas políticas, las industrias no pueden limitarse a reaccionar cuando ya han sido estigmatizadas.
@aocaranza
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Este proceso de estigmatización, con el que el gobierno alimenta la impresión de que los productos y actividades de la industria generan consecuencias contrarias a los valores y expectativas de la sociedad, ha sido muy efectivo. Ha dejado a las empresas con pocos recursos para convencer a legisladores y funcionarios públicos de la inconveniencia o injusticia de esas medidas.
Una industria es más vulnerable en la medida en que se asocien los efectos de sus productos con un daño colectivo —como la obesidad, la violencia o alguna enfermedad—. De esta forma, además de un recurso recaudatorio, los impuestos se convierten en mecanismos de apoyo a políticas públicas en favor de la salud y la seguridad, al tiempo que refuerzan la legitimidad social del gobierno y su narrativa de justicia.
Presentados así, sectores como las bebidas con alto contenido calórico o con endulzantes, el tabaco, el alcohol o los videojuegos violentos quedan estigmatizados, convertidos en enemigos públicos con pocas posibilidades de hacer una defensa efectiva de sus productos o de movilizar aliados que influyan en la clase política.
En los últimos siete años, los gobiernos de la Cuarta Transformación han seguido un patrón de cinco pasos para estigmatizar productos e industrias:
1. Construcción de la narrativa de daño. Se expresan argumentos —en muchos casos carentes de solidez científica— sobre las consecuencias negativas del consumo de un producto o de una actividad, con el fin de dar legitimidad técnica y social a las acciones en su contra.
2. Estigmatización. Se presenta a un producto o actividad, y a su industria, como contrarios a los valores y expectativas de la sociedad mexicana.
3. Medidas de compensación. El gobierno limita o prohíbe actividades, llegando incluso a considerarlas ilegales. Si no se puede prohibir el consumo, se establecen impuestos como mecanismo de prevención o para financiar el tratamiento de sus efectos negativos.
4. Aislamiento. El gobierno se coloca como defensor de la sociedad, mientras que los esfuerzos de las empresas contra las medidas oficiales se caracterizan como una simple defensa de utilidades. Esto anula la movilización de aliados porque eleva los costos reputacionales de salir en su defensa.
5. Consolidación del encuadre narrativo. La ejecución exitosa de las políticas e impuestos, sin mayor oposición social, refuerza en el imaginario público la idea de que las medidas son válidas y cuentan con respaldo social.
Este proceso es aplicable a la mayoría de las industrias porque abundan detractores y grupos de interés que buscan corregir impactos negativos u obtener concesiones. Por eso es vital que las empresas identifiquen los aspectos de su actividad que puedan ser estigmatizados. Hacer un inventario de vulnerabilidades —impacto social de los productos, origen de la empresa, legitimidad social, activos reputacionales, visibilidad mediática, acciones de mitigación e historial de conflictos— es indispensable para diseñar una defensa preventiva.
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Hoy, cuando “el pueblo” se utiliza como justificación de las acciones del gobierno, sobran espacios para que quienes buscan afectar a una industria encuentren padrinos políticos y conviertan agravios en pecados públicos que ameriten políticas correctivas.
En un entorno donde los agravios fácilmente se transforman en banderas políticas, las industrias no pueden limitarse a reaccionar cuando ya han sido estigmatizadas. Necesitan blindarse con legitimidad social, demostrar beneficios tangibles y construir aliados más allá de su propio interés económico. Porque en la narrativa oficial, cualquier empresa puede convertirse de un día para otro en símbolo del “enemigo del pueblo”. Y en ese terreno, ni los argumentos técnicos ni los recursos legales son suficientes: lo único que puede marcar la diferencia es la fortaleza de la confianza social que hayan sabido ganar antes de ser cuestionadas.
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Nota del editor: Antonio Ocaranza Fernández es CEO de OCA Reputación. Síguelo en X como @aocaranza y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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