La reciente aparición de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi, ha detonado un aluvión de análisis y conclusiones desde diversos ángulos. Sus antecedentes se remontan hace 40 años lo que la convierte en un insumo fundamental para conocer la capacidad económica de las familias mexicanas y las disparidades que se manifiestan entre ellas.
¿Cómo reducir las desigualdades?

En los informes sobre movilidad social del Centro Espinosa Yglesias existe sólida evidencia que explica la manera en que el origen y las condiciones económicas y educativas determinan el logro de oportunidades. Una de sus conclusiones es que las personas que nacen y crecen en la parte baja de la escalera de recursos económicos, muy difícilmente la superan.
La ENIGH nos deja ver que las desigualdades estructurales se mantienen. La brecha salarial por sexo es un ejemplo de ello: el ingreso trimestral de las mujeres es de 23,714 pesos y el de los hombres 36,047 pesos, una diferencia que se agudiza o se cierra según los grupos de edad. Estos contrastes determinan la precariedad y la feminización de la pobreza.
Lo mismo ocurre con respecto al nivel de escolaridad; entre la población con estudios de posgrado las mujeres percibieron 77,189 pesos y los hombres 112,895. De acuerdo con ese ejercicio muestral levantado entre agosto y noviembre del año pasado en 105,000 viviendas, el mayor ingreso promedio trimestral entre mujeres se observó en aquellas que tenían una hija o hijo (28,027 pesos). En contraste, el menor ingreso promedio trimestral se presentó entre las mujeres con cuatro o más hijas o hijos (17,236 pesos).
A propósito de los resultados, el capítulo mexicano de OXFAM y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad elaboraron un didáctico análisis que pone en relieve las diferencias socioeconómicas entre los grupos históricamente excluidos bajo un enfoque de desigualdades, género y derechos.
Sostienen que el género de la jefatura del hogar profundiza la desigualdad en los ingresos. Lo que perciben los hogares monoparentales con jefatura femenina es menos de la mitad que otros hogares. Es decir, el costo de cuidar se paga con oportunidades perdidas.
El diagnóstico, las cifras y las comparaciones entre varios periodos de años están ahí, ya conocemos el qué. El reto es saber cómo revertir esas desigualdades a través de políticas públicas factibles, tangibles y realizables, el cómo.
Hace unos días, la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 del Senado y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo convocaron a un grupo de treinta especialistas y personas expertas de la academia y la sociedad civil para analizar y debatir rutas de acción para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades.
Los aportes e ideas se orientaron en encontrar “los equilibrios”, nivelar las oportunidades y alcanzar mejores estadios de desarrollo especialmente en los estratos sociales más desfavorecidos.
Se apuntaron problemas de justicia intergeneracional, al priorizar pensiones sobre becas educativas; coincidieron que para reducir pobreza y desigualdad es necesario crear empleo formal de calidad como motor de crecimiento, mantener una política salarial progresiva, incrementar la inversión pública y lograr una reforma fiscal para sostener el gasto social.
La desigualdad tiene una dimensión geográfica. Aunque a nivel nacional se redujeron las disparidades, existen dinámicas muy distintas entre los estados del centro y norte del país con los del sur y sureste. De ahí la importancia de establecer políticas diferenciadas y ajustes a la política social para no dejar a las regiones atrás.
En el plano de la salud, se requiere también adoptar políticas redistributivas. El 63% de la población está afiliada a instituciones de seguridad, pero seis de cada diez personas buscan atención en servicios privados. Para contrarrestarlo se propone fortalecer la cobertura universal en salud en tres dimensiones: afiliación, paquete de servicios y presupuesto.
Las personas expertas coincidieron en que la erradicación de la pobreza es un acto de justicia que requiere innovación, voluntad política y cooperación, y abogaron por un crecimiento inclusivo con más participación femenina, formalización laboral y mejoras en salud, educación en todos sus niveles y productividad agrícola.
Reducir la pobreza exige sine qua non un enfoque de género, interseccionalidad y derechos humanos, además de alianzas multinivel.
Se resaltó que la desigualdad de género persiste, marcada por la división sexual del trabajo y la carga de cuidados no remunerados. Para afrontarla se propuso un Sistema Nacional de Cuidados como oportunidad de desarrollo, como motor de crecimiento y reducción de las desigualdades de género.
No hay recetas únicas ni absolutas. Una vez más se propone una reforma fiscal progresiva con transparencia, justicia tributaria y mayor recaudación para financiar programas y servicios; disminuir la informalidad laboral, aumentar la inversión en bienes, servicios públicos e infraestructuras de calidad y mejorar las condiciones de vida con enfoque de género. Un punto de partida para contener las inequidades.
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Nota del editor: La autora es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la ASF. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.