La población sin acceso a salud, por ejemplo, pasó de 39.1% a 34.2%. Mientras que los habitantes con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda se redujeron de 22.9 millones a 18.4 millones.
Sin embargo, las siete organizaciones e instituciones académicas que conforman el Consorcio consideraron que aún faltan elementos que comprueben si la mejora es producto de un cambio real en las condiciones de vida de la población o si solo responden a los ajustes técnicos.
“Los resultados no son simplemente anecdóticos y por eso hay que tomarlos muy en serio. Hay problemas muy serios por atender”, declaró Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Para el indicador de acceso a la salud, se modificaron las preguntas y las opciones de respuesta en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el principal insumo para estimar la pobreza y las carencias sociales.
El Inegi explicó que aquellos ajustes buscan captar mejor los cambios en la operación del sistema de salud, pero afectan la naturaleza de los datos y su comparabilidad con mediciones anteriores, explicó Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales en la Universidad Iberoamericana.
“También alteran la forma en que se clasifica a la población con esta carencia. Sin duda, esto dificulta saber si se trata de un avance real en el acceso a la salud o es un ajuste en la medición”, subrayó.
Con la medición de acceso al agua en la vivienda sucedió algo parecido. La especialista detalló que antes se consideraba carente a quien dependía de fuentes como pozos, pipas o llaves públicas. Ahora, en la nueva clasificación del Inegi, solo se reconoce como carentes a quienes no cuentan con agua de una llave o manguera, sin importar la fuente de abasto.
“Este cambio reduce la proporción de la población identificada con esta carencia y abre la duda de si el progreso reportado refleja mejoras efectivas en las condiciones de vida o es un cambio al criterio de medición”, indicó.
