Los datos muestran que habrá una reducción significativa de la pobreza respecto a 2018. Es el resultado de mayores ingresos, pues no hay mejora sustancial en las carencias sociales. El logro proviene mayoritariamente del incremento del ingreso por trabajo. Los ingresos en promedio suben 15% y los ingresos por trabajo (presente y pasado) aportan más de 4/5 partes: 84 de cada 100 pesos.
La mejora del ingreso por trabajo “presente” (sin pensiones) es mayor para quienes menos ganan: Los deciles “bajos” (I a III) suben 29%, los deciles “medios” (IV a VI) suben 20%, los deciles “altos” (VII a IX) suben 15%. El decil de mayor ingreso sólo 2%.
Las transferencias monetarias de programas gubernamentales también aumentan el ingreso, pero al contrario de lo que sucede con el ingreso laboral, los recursos presupuestales que se triplicaron entre 2018 y 2024, han beneficiado en mayor medida a los hogares de más ingreso y recortado a hogares que tienen menos y necesitan más.
Como explica Max Jaramillo (@rojoneon y @Gatitosvsdesig) muy bien, hoy menos hogares de los deciles más bajos reciben transferencias gubernamentales que hace 6 años. En 2016, 78% recibían programas gubernamentales; para 2024, baja a 53%.
La misma fuente que sirve para medir la pobreza, muestra que 2/3 de los hogares de los deciles más bajos (I a III) están excluidos de los programas gubernamentales, que supuestamente debieran ser “universales”. Solo 1/3 sí los recibe.
Hay que esperar a que INEGI presente –por primera vez tras la eliminación de Coneval– las nuevas cifras de pobreza y los documentos técnicos que las sustentan. El incremento de ingresos augura sustancialmente menos pobreza.
Para evitar ensuciar ese resultado positivo hay que resolver un problema por cambios en el cuestionario de la ENIGH que podrían afectar la comparabilidad de la carencia por acceso a servicios de salud, que a su vez impacta en la medición de la pobreza. El riesgo de perder comparabilidad debe evitarse a toda costa.
Los datos también enfatizan la urgencia de corregir la distribución de los programas “universales” que excluyen a 2/3 de la población. El batidillo del “Censo del Bienestar” de 2019 puede y debe arreglarse.
Viendo más allá de esta coyuntura, estos datos crean una nueva oportunidad. El gobierno en acuerdo con los sectores productivos –con diálogo social y no por decreto– puede dar prioridad a los puntos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan México que permitan la creación de empleos, la mejora del ingreso laboral y la inclusión económica de mujeres y jóvenes hoy sin trabajo.
Esto último requiere dos acciones: invertir en servicios de cuidado para abrir cientos de miles de espacios en estancias infantiles y en escuelas de tiempo completo para posibilitar la participación laboral de las mujeres y una estrategia de “primer empleo” para la inclusión económica de jóvenes sin estudios universitarios y con otras barreras de empleabilidad que fortalezca la educación técnica, la capacitación en el trabajo y el desarrollo de habilidades socioemocionales.
Hay que celebrar el logro de la reducción de la pobreza. Habrá quienes desplieguen sus mantas de “Gracias Sr. Presidente”. Pero después pasada la euforia, hay que tomar en serio el diálogo social y la concertación para acciones efectivas frente a la pobreza como impulsar el salario digno, crear el espacio fiscal para la inversión que se necesita para la inclusión económica de mujeres y jóvenes, garantizar salud y educación de calidad con equidad, especialmente en las zonas con mayor concentración de pobreza. Si además se corrige la exclusión de los hogares más pobres de los programas de transferencias gubernamentales, pues qué mejor.
