Desde hace años la percepción generalizada sobre los datos de ocupación y empleo del Inegi padecen una distorsión grave sobre el desempleo y sobre la “informalidad laboral”.
De manera inercial y errónea se citan los datos de la bajísima tasa de desocupación: 2.5% y la “altísima” tasa de informalidad: 54%, sin definirlas bien. El problema no es estadístico o semántico, la percepción distorsionada produce efectos muy serios en la vida de millones de personas y en la marcha de nuestra economía.
Si somos un país de bajísimo desempleo, menor al de Estados Unidos o Alemania, no se requieren políticas de inserción laboral. Si la informalidad laboral tiene su raíz en un sector “irregular” de la economía, entonces la solución son procesos de regularización, simplificación de trámites o registros fiscales, como generalmente proponen los gobiernos.
Pero no es así. En realidad, los datos del Inegi muestran una tasa de desempleo completo 4 veces mayor, (un poco más de 10%), que son 6.75 millones de personas -en su mayoría mujeres y jóvenes-.
Dimensionar bien esta realidad importa, porque millones de jóvenes sin estudios universitarios -jóvenes oportunidad- requieren políticas adecuadas para su empleabilidad e inserción laboral, no sólo transferencias monetarias. El riesgo de no actuar es convertir el “bono” demográfico en “pagaré”, pesadilla que ya estamos empezando a vivir, incluso en temas de inseguridad y violencia.
Por otro lado, urge entender que la “informalidad laboral” no se refiere a empresas “irregulares” o a una economía paralela donde no se pagan impuestos. Todo eso puede estar presente, pero el dato no mide eso.
La definición del Inegi dice que el trabajo informal es una condición de vulnerabilidad laboral, sea por la naturaleza de la unidad económica o porque no se les reconoce el vínculo laboral.
Hay que subrayarlo: “informalidad laboral” significa, trabajos sin derechos laborales, en concreto, trabajos sin afiliación al seguro social.
En la “informalidad laboral” hay dos situaciones diferentes: Una refiere a estrategias de sobrevivencia y generación de ingresos, de personas que trabajan por cuenta propia y desde el hogar, o en una parcela campesina con producción de autoconsumo, o en un micro tienda, taller, o negocio, en la misma casa. Por supuesto, estas personas no se “autoafilian” al seguro social.
La segunda situación son trabajos informales “fuera del sector informal”: Trabajos donde hay un empleador que no reconoce la relación laboral y no cumple con la afiliación al seguro social.
Hay una infinidad de ejemplos de estos trabajos: empleadas del hogar, puestos en el gobierno por honorarios, “socios” de empresas tecnológicas transnacionales que usan “apps” de transporte o de entrega de comida, mujeres productos de empresas con esquemas “multinivel” y pago por comisión, en los supermercados: el “viene viene” y el adulto mayor que llena las bolsas, estudiantes de especialidad médica (“residentes”) con turnos de 24 horas que sostienen el funcionamiento de los servicios públicos de salud; “servidores de la ciudad” o “promotores” de centros PILARES, que no reciben salario, sino una transferencia como beneficiarios de esos programas sociales, personas que trabajan sólo por propinas en gasolineras o eventos. Es decir, trabajos en “empresas formales” incluso el gobierno, pero sin cumplir con la ley del seguro social.
La diversidad de situaciones puede ser enorme, son el 54% de los “trabajos” con una característica común: carecen de afiliación a los servicios de salud y demás protecciones del seguro social, y en general carecen de derechos laborales. Lo importante es que esta situación no se soluciona con “regularización”. La confusión de la “informalidad laboral” con la parte irregular de la economía o con registros fiscales y pago de impuestos, es un grave error.
Los datos de ocupación y empleo del Inegi muestran otros dos problemas importantes de gran magnitud: 32.9 millones de personas ocupadas que ganan salarios de pobreza y 18.2 millones de mujeres excluidas por realizar labores de cuidado en el hogar.
Invito a ver la “disección” de la ENOE en YouTube o leer el comunicado .
El Inegi cumple su función institucional de producir información, no le toca interpretar o explicar. No hay maquillaje u ocultamiento, el problema es que muchos “analistas” de temas económicos no se toman la molestia de entender los datos.
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Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
