En México, hablar de un sistema de salud “universal, gratuita y de calidad” se ha vuelto una narrativa recurrente en los discursos oficiales. Sin embargo, las cifras cuentan otra historia, una en la que las familias siguen gastando de su bolsillo para cubrir lo que el sistema público no ha logrado garantizar.
De la promesa a la realidad en salud pública: el peso del gasto de bolsillo

Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 muestran que el gasto promedio anual en salud por hogar alcanzó 6,421 pesos, un aumento de 7.9% respecto a 2022 y de más de 40% en comparación con 2018. Lo más preocupante es que este desembolso se concentra, sobre todo, en medicamentos (2,460 pesos), y golpea con mayor fuerza a los hogares con menos recursos: en los primeros deciles, entre 47% y 50% de su gasto en salud se destina únicamente a su compra. Esto significa que millones de familias pagan por servicios y tratamientos que, en teoría, deberían estar cubiertos.
Afiliación, pero falta de acceso efectivo
La ENIGH también revela una brecha clara entre afiliación y acceso efectivo a los servicios de salud. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aunque 63% de la población reportó estar afiliada a alguna institución pública, seis de cada diez personas que buscaron atención médica terminaron en consultorios o clínicas privadas. Esto confirma que la afiliación, por sí sola, no garantiza atención oportuna ni de calidad, y que persiste la necesidad de recurrir al gasto de bolsillo para cubrir servicios médicos, reflejando la limitada capacidad del sistema público para responder a las necesidades de su propia población asegurada.
Un sistema bajo presión y el reto político
Este problema no es nuevo, pero se ha agravado en los últimos años. El fracaso de las compras consolidadas, los cambios de modelo sin una transición ordenada y los episodios recurrentes de desabasto han empujado a más personas hacia la atención privada para resolver necesidades de salud.
Esta realidad choca de frente con la promesa de un sistema de salud “como el de Dinamarca”. Más que discursos, se requiere de un modelo capaz de garantizar abasto y acceso oportuno. La administración anterior no lo consiguió, y ahora la presidenta Sheinbaum hereda el reto de dar continuidad a un esquema que ya mostró sus fallas, mientras el peso de la atención se traslada cada vez más a los bolsillos de los mexicanos, golpeando con mayor fuerza a quienes menos pueden pagarlo y poniendo en entredicho el lema “primero los pobres”.
La urgencia de un financiamiento suficiente y sostenible
La relevancia del financiamiento en salud está ampliamente documentada. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que la falta de protección financiera puede reducir el acceso a la atención médica, deteriorar el estado de salud, profundizar la pobreza y ampliar las desigualdades socioeconómicas. Además, cuando un sistema depende del gasto de bolsillo, expone de forma particular a quienes necesitan tratamientos de largo plazo, como para atender enfermedades crónicas, dejándolos en una situación de alta vulnerabilidad.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el gasto de bolsillo no supere el 20% del gasto total en salud, a fin de reducir el riesgo de gasto catastrófico o empobrecedor. En México, esta proporción se mantiene por encima de ese umbral, lo que confirma la presión financiera que enfrentan los hogares.
La deuda pendiente
La conclusión pareciera clara, pues mientras el sistema público no logre garantizar un abasto efectivo de medicamentos y una cobertura real de servicios, el peso de las fallas del sistema de salud seguirá recayendo en los hogares y los bolsillos de los mexicanos. Y eso no sólo debilita la economía familiar, sino que perpetúa inequidades y empeora las condiciones de salud y calidad de vida de millones de personas.
El verdadero reto para la administración actual no será inventar un nuevo eslogan ni lanzar programas y promesas que maquillen el problema, sino hacer lo que hasta ahora no se ha hecho: invertir más en el presupuesto y el gasto público en salud; planificar de manera estratégica para que esas inversiones se traduzcan en personal, insumos y medicamentos disponibles; y ejecutar con eficiencia y transparencia, asegurando que cada peso invertido se traduzca en prevención, diagnóstico oportuno y atención de calidad.
Mientras la salud siga dependiendo del gasto de bolsillo, no se alcanzará la justicia social, y mientras la promesa se quede en palabras, discursos para el pueblo y buenas intenciones, el derecho a la salud en México seguirá siendo un privilegio para quienes puedan pagarlo.
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Nota del editor: Valeria Guerra es consultora especializada en el sector salud y la industria farmacéutica en Integralia (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.