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Inseguridad pública en 2025, ¿cómo vamos? (parte 1 de 2)

Tres riesgos se volvieron realidad en esta primera mitad de año: el violento reacomodo del mapa criminal, la fragilidad institucional y la parálisis legislativa.
jue 26 junio 2025 06:04 AM
Mujer Asesinada Tijuana
Si bien los homicidios dolosos se han reducido, las cifras de homicidio culposo, otros delitos contra la vida y las desapariciones muestran comportamientos anómalos, señala Armando Vargas.

Se veía venir: 2025 sería un año de alto riesgo para México en materia de seguridad pública. La guerra criminal entre Los Mayos y Los Chapos, las tensiones internas en Morena entre claudistas y lopezobradoristas, así como las presiones arancelarias de Donald Trump, complejizaron aún más el contexto. Sin embargo, estos mismos tres factores paradójicamente también abrieron la puerta a oportunidades para avanzar hacia procesos viables de pacificación.

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A propósito de lo anterior, en enero pasado propuse 10 riesgos y 10 oportunidades en materia de seguridad pública . A medio año, ¿cuál es el balance? Este ejercicio no es una autoevaluación de la capacidad de prospectiva de esta columna —algo que, por cierto, deberíamos hacer todos los analistas en estos tiempos de posverdad—, sino un seguimiento del estado de los problemas prioritarios que debe atender la política de seguridad pública. En esta primera entrega, me enfocaré en el balance de los 10 riesgos.

Riesgos que ya se materializaron

- La guerra entre La Chapiza y La Mayiza ha provocado un reacomodo vertiginoso de las coaliciones criminales. El CJNG se ha coaligado con los hijos de Joaquín Guzmán, y por primera vez en la historia, registra presencia en todas las regiones del país. Por su parte, La Mayiza busca forjar vínculos con organizaciones regionales y locales. Mientras tanto, Sinaloa arde. En lo que va del año, según el último reporte Violencia y Pacificación , de México Evalúa, el estado tiene una tasa de 54 eventos de violencia homicida por cada 100,000 habitantes, únicamente detrás de Baja California (59). Esto implica un incremento de 67.2% frente a 2024, el más alto a nivel nacional.

- La presidenta Claudia Sheinbaum puso fin a la política de “abrazos y no balazos”. En comparación con los primeros 100 días de gobierno de AMLO, al inicio de la administración claudista los operativos incrementaron 597%, las armas decomisadas 5,811%, y los kilogramos de droga incautada 1,000%. Pero toda la acción se ha concentrado en Sinaloa, lo que ha ocasionado que el Gobierno descuide otras regiones. Así, entidades, como CDMX, Quintana Roo y Chiapas, que enfrentan conflictos criminales cada vez más complejos, prácticamente carecen de la atención del Estado.

Riesgos que podrían materializarse

- La violencia política se vio con fuerza en la elección a presidencias municipales de Veracruz; de acuerdo con Data Cívica , con 32 eventos de violencia política, incluyendo el asesinato de tres aspirantes y la renuncia de 10 por amenazas directas de grupos armados. Sin embargo, a contracorriente de lo que indican las tendencias, la elección judicial no se caracterizó por la violencia física contra las candidaturas , lo que constituye un hecho positivo a todas luces. Sin embargo, esto no implica que la captura del poder judicial no haya ocurrido por otras vías menos visibles, como la imposición de personas candidatas, el financiamiento de campañas o la movilización del voto. Tampoco significa que no se presenten episodios de violencia una vez que las y los nuevos jueces y magistrados asuman sus funciones. Nada se ha hecho para contener el poder político del crimen organizado en este ámbito.

- Aunque aún no contamos con datos contundentes que permitan afirmar que los golpes contra la producción y el tráfico de fentanilo hayan generado nuevos mercados ilícitos, las narrativas locales y los datos disponibles indican un aumento en prácticas como el cobro de piso, el derecho de paso y el tráfico de personas. La extorsión ha incrementado de forma alarmante en entidades como Tamaulipas (158.7%), Puebla (105%) o CDMX (173.6%) en el último cuatrimestre, frente a 2024. Es de hecho muy probable que estos fenómenos sean un efecto colateral del combate frontal al crimen organizado.

- Los recortes presupuestales están reduciendo la eficacia de las políticas de seguridad y justicia. Podremos realizar un balance más detallado a fin de año, pero los datos preliminares no auguran una evaluación positiva. Si bien los homicidios dolosos se han reducido, las cifras de homicidio culposo, otros delitos contra la vida y las desapariciones muestran comportamientos anómalos . A nivel local, la violencia sigue en aumento en entidades como Colima, Sinaloa y Sonora. Hablar de eficacia es complejo en este contexto, y el abandono de lo local podría explicar en buena medida este problema.

- Las tensiones internas dentro de Morena han obstaculizado la capacidad de la presidenta Sheinbaum para impulsar sus reformas en materia de seguridad pública. La Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se presentaron inicialmente a mediados de febrero. De acuerdo al calendario legislativo extraordinario, probablemente verán la luz en los próximos días; sin embargo, pudieron sacarla desde marzo. El retraso puede ser un síntoma de que, si bien la presidenta cuenta con el apoyo de las bases del partido, no cuenta con el respaldo de la élite lopezobradorista.

- La presidenta Sheinbaum ha entregado peces gordos del crimen organizado al gobierno de Estados Unidos, detenido a miles de presuntos criminales y decomisado toneladas de drogas, incluidas miles de dosis de fentanilo. Parece que esto ha sido suficiente para neutralizar, por el momento, las intervenciones militares de Trump en suelo mexicano. Sin embargo, el riesgo no puede descartarse mientras las pretensiones expansionistas de Donald Trump se mantengan, continúe el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, persistan los conflictos criminales en el norte y sureste del país y la crisis migratoria siga sin resolverse.

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Riesgos que no ocurrieron

- Después de la operación Enjambre que, hasta abril de este año, se llevó a cabo en 18 municipios del Estado de México, no hemos visto nuevas detenciones de funcionarios locales coludidos con el crimen organizado, dentro o fuera de dicho estado. Por lo tanto, las pugnas entre criminales derivadas de lo anterior no han ocurrido y no hemos visto asesinatos de funcionarios en consecuencia. Este riesgo no se materializó porque el Estado abandonó la política para desarticular la gobernanza criminal.

En la próxima edición, las 10 oportunidades y un balance de política pública a mitad de año.

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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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