En las democracias modernas, el cabildeo se ha consolidado como una herramienta fundamental para conectar a la sociedad civil con el poder público. Sin embargo, en México aún enfrentamos desafíos significativos en relación con su percepción, regulación y profesionalización. La regulación del cabildeo no solo es necesaria, sino urgente para establecer un entorno más transparente, participativo y competitivo.
Regular el cabildeo, una oportunidad para fortalecer democracia y competitividad
La regulación del cabildeo ayudaría a reducir la corrupción y los conflictos de interés, al establecer registros públicos y códigos de conducta que eviten prácticas opacas.
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El cabildeo, cuando se ejerce de manera ética y profesional, es una forma legítima de participación ciudadana. Permite que diversos sectores—empresas, sociedad civil, academia, sindicatos y organismos internacionales—aporten información valiosa a los tomadores de decisiones, lo que contribuye a políticas públicas más eficaces y representativas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce el cabildeo como un mecanismo clave para fortalecer la confianza en las instituciones. Sin embargo, la reciente Encuesta sobre Factores que Impulsan la Confianza en las Instituciones Públicas (2024) indica que solo el 45% de los mexicanos siente que puede participar en el sistema político, lo que evidencia una gran área de oportunidad para acercar la toma de decisiones a la ciudadanía.
La regulación del cabildeo en México podría tener impactos positivos y concretos. En primer lugar, fortalecería nuestra democracia al institucionalizar canales de diálogo entre la sociedad y el gobierno, reforzando así los principios de representación, transparencia y rendición de cuentas. Además, ayudaría a reducir la corrupción y los conflictos de interés, al establecer registros públicos y códigos de conducta que eviten prácticas opacas.
También mejoraría la percepción internacional; una regulación moderna podría elevar nuestra posición en índices globales de percepción de corrupción y confianza institucional, lo que impulsaría el desarrollo económico al crear entornos regulatorios claros y confiables para la inversión y la innovación.
A nivel internacional, existen modelos exitosos en países como Canadá, Bruselas, Francia y Chile, que demuestran que la transparencia y la apertura de datos sobre las actividades de lobby refuerzan la legitimidad del proceso legislativo. Estos países han implementado registros obligatorios, reportes mensuales y códigos de conducta, prácticas que México puede y debe adaptar a su propia realidad institucional.
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La regulación del cabildeo no solo debe defenderse, sino practicarse bajo altos estándares éticos, facilitando soluciones entre gobiernos y empresas para mejorar la calidad de los servicios y la administración pública, promoviendo alianzas exitosas entre el sector público y privado, logrando consensos que son la base de marcos regulatorios más modernos y funcionales.
México se encuentra ante una oportunidad histórica para regular el cabildeo y transformarlo en una palanca de desarrollo democrático y económico.
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Nota del editor: Andrés Díaz es Director General y Socio del Despacho de Asuntos Públicos, DAP. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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