Con el desarrollo del periodo extraordinario de sesiones que inició el pasado lunes en el Congreso de la Unión, el gobierno avanza en la construcción de una infraestructura digital para erigirse como el gran Big Brother nacional. Ello se materializa no solo con la aprobación en el Senado de una ley que busca simplificar trámites burocráticos, como ya se ha dado cuenta por medios de comunicación y activistas, sino con un paquete amplio de iniciativas que también dotarán al gobierno de acceso a nuestros datos sin mecanismos de control para garantizar su uso correcto.
La República de Big Brother
Con la excusa de combatir la delincuencia y mejorar la búsqueda de personas desaparecidas, la presidenta Sheinbaum pretende que el Congreso apruebe la creación de la Plataforma Única de Identidad.
@ginadelafuente
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Replicando el modelo utilizado en la Ciudad de México para la realización de trámites, la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que ha sido turnada al Ejecutivo para su promulgación y posterior entrada en vigor, crea “Llave MX”, que funciona como plataforma única para la realización de trámites y servicios de gobierno en sus tres niveles. La particularidad radica en que las cuentas de personas usuarias se asociarán a la CURP, para lo cual se deberá consentir la adición de datos biométricos. Ello no sería objeto de mayor alarma, salvo por la existencia de una serie de iniciativas adicionales que serán discutidas y aprobadas sin análisis ni deliberación y que dotarán al gobierno de una gran base de datos que permita rastrear nuestra actividad digital, personal y hasta comercial.
Con la excusa de combatir la delincuencia y mejorar la búsqueda de personas desaparecidas, la presidenta Claudia Sheinbaum pretende que el Congreso apruebe la creación de la Plataforma Única de Identidad para concentrar las CURP con nuestros datos biométricos, que será el nuevo documento de identificación obligatorio, necesario para realizar trámites y acceder a servicios tanto públicos como privados. Esta plataforma, que sería desarrollada por la Secretaría de Gobernación y la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a cargo de José Merino, también se conectaría con bases de datos de entes privados que presten servicios empresariales, financieros, de salud, de seguridad, de telecomunicaciones y de transporte, entre otros. De este modo, se plantea solicitar la CURP para cualquier trámite o compra, dejando registro de cada uno de nuestros movimientos para vigilancia del gobierno.
Y cuando aludo al gobierno, además de la súper agencia de Merino y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de García Harfuch, me refiero también al Centro Nacional de Inteligencia, a la Sedena y a la Guardia Nacional. Todo ello, sin controles ni orden judicial de por medio. Si bien se celebró la exclusión de la creación de registro de usuarios de telefonía móvil en la versión aprobada por las y los diputados y que próximamente estará aprobando el Senado, lo cierto es que éste no sería necesario, puesto que solo bastará que algún ente público solicite sus bases de datos a las empresas que prestan estos servicios.
Esta vigilancia podría ser reforzada tratándose de personas opositoras. La iniciativa que propone combatir el financiamiento al terrorismo dispone la creación de un listado de personas políticamente expuestas en poder de la Secretaría de Hacienda para el monitoreo de lo que se ha denominado como “actividades vulnerables”. Estas cubren desde la recepción de regalos y donativos hasta la contratación de servicios y el arrendamiento de inmuebles.
El modus operandi para la aprobación de estas iniciativas incluye la realización de sesiones de comisiones sin convocatoria adecuada y sin transmisión; el cambio de textos de último momento; la desestimación de reservas; la ausencia de debate y deliberación; y el fast track. Y es que una de las estrategias más exitosas del oficialismo ha sido el “todo, en todos lados, todo el tiempo”, mediante la cual se genera un cúmulo de información en diversos espacios y se proponen acciones en temas de suma complejidad y de impacto significativo para asegurar su aprobación y minimizar el cuestionamiento. Se asegura que las oposiciones tengan poca oportunidad de preparación y reacción; y que los medios de comunicación cuenten con información mínima para su difusión. Se pretende inhibir el potencial de indignación y organización mediante la rapidez en el trámite y el tránsito inmediato al siguiente tema.
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Por sí mismas, estas iniciativas parecieran sugerir una mejor coordinación para la atención de la seguridad pública y los trámites y servicios del Estado. Sin embargo, en su conjunto y sin garantías judiciales mínimas, apuntan a la construcción de un andamiaje robusto de vigilancia que atenta contra los derechos y las libertades de todas las personas físicas y morales. Todas y todos estaremos obligados a rendir nuestros datos y las instituciones del Estado- incluyendo las fuerzas armadas- podrán espiar cada uno de nuestros movimientos de manera irrestricta y en tiempo real. Que no quepa duda. Estamos ante la legalización y la institucionalización de la República de Big Brother.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
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