La democracia es una responsabilidad ciudadana para emitir una decisión, pero en condiciones abstractas, este deber se vuelve una encrucijada ética. Durante una elección presidencial, por ejemplo, tenemos plena información en un marco regulatorio que exige la difusión de las campañas con claridad y en extensión a todos los ciudadanos del país. ¿Qué pasa cuando la naturaleza de los comicios impide que los electores se informen de manera homogénea?
La información sobre las elecciones judiciales en redes y las burbujas digitales
En plataformas como TikTok, los usuarios solo son conscientes de los aspirantes que aparecen en sus páginas de inicio, llevados por alguna coincidencia de segmentación de audiencias.
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Las elecciones del Poder Judicial ocurren en menos de quince días, pero estamos lejos de llegar a una meta de audiencias que sepan los mecanismos básicos de este ejercicio inédito: qué cargos se eligen, quiénes son los candidatos, cuáles son los alcances administrativos de los puestos, cuántos candidatos hay en cada boleta, etcétera. El Instituto Nacional Electoral puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital para practicar el llenado de las seis boletas que conforman el paquete electoral; pero la complejidad de la elección no recae en el proceso de llenado de las boletas.
Los ciudadanos tendríamos que revisar los perfiles de 880 candidatos: la verificación de información se convierte en una odisea. Además, cada uno de los aspirantes corresponde a seis posibles segmentos del poder judicial: ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados para las salas regionales, las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito. En esencia, los electores deberíamos saber en qué consisten las divisiones del poder judicial, y si estos 880 aspirantes tienen una carrera judicial afín para los puestos que solicitan.
Las personas de a pie no tenemos noción exacta de las funciones de cada cargo a menos que tengamos un problema legal. La afinidad por los valores personales que exhiben los candidatos en sus campañas no necesariamente encaja con las aptitudes necesarias para la resolución de conflictos cívicos. Algo que las campañas no están considerando, y es una cuestión de empatía con la ciudadanía, es que los juicios están parados y la resolución de las elecciones no agilizará los trámites retrasados desde hace meses. Quizás la imagen abstracta y burocrática de los juzgados sea más fuerte que cualquier intento de socializar las campañas en las plataformas digitales.
Tampoco las redes sociales son eficientes para difundir la información de los candidatos, pues el algoritmo los acerca a perfiles que son afines a sus preferencias de consumo de contenido. En plataformas como TikTok, los usuarios solo son conscientes de los aspirantes que aparecen en sus páginas de inicio, llevados por alguna coincidencia de segmentación de audiencias, y no a todas las posibles opciones, como en TikTok. Esta burbuja digital se potencializa por los candidatos que utilizan trends en sus campañas, y lógicamente llegan a más personas que aquellos aspirantes que no tienen la misma facilidad de gestionar contenidos virales.
Por lo tanto, la información no es simétrica, y las decisiones se toman desde posiciones subjetivas. Fenómenos de esta naturaleza son un riesgo para la democracia porque los ciudadanos elegimos desde nuestras preferencias de consumo, cuando deberíamos considerar los perfiles que son más aptos para los cargos. Es imposible para las audiencias sintetizar el volumen tan grande de información en redes sociales, y evaluar si los atributos de los candidatos son competentes para funciones tan específicas.
La discusión sobre si los candidatos deben usar o no redes sociales no es realmente tan relevante: es obvio que los candidatos con mejores herramientas digitales usarían las plataformas para diseminar sus campañas, aunque comprometieran su imagen de formalidad. Los trends son necesarios para evocar la emotividad de las audiencias, incluso si tienen respuestas negativas o sarcásticas.
Bajo este contexto exaltar atributos personales es más importante que hacer promesas de campaña: las limitaciones administrativas de los cargos impiden hacer “planes de desarrollo” como en las elecciones federales. Los candidatos no tienen suficiente material narrativo para sugerir cambios en la legislación o la creación de políticas públicas porque simplemente no se puede. En comparación con la elección presidencial pasada, los tres aspirantes al poder ejecutivo podían hacer promesas que incidieran en la vida pública porque el cargo presidencial lo permite, tomando en cuenta que necesitan el apoyo de las cámaras legislativas. En este caso, tampoco cuentan, o no deberían, con el respaldo de un partido político, por lo que las identidades narrativas son más difíciles de moldear. Los aspirantes al poder judicial tienen que exaltar sus virtudes personales porque no representan valores institucionales como un partido político.
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Además, los recursos para navegar esta elección son escasos en comparación con una elección regular de cargos populares. Por ejemplo, las oportunidades para los aspirantes al poder judicial de socializar los proyectos de gestión son distintas que las de un candidato al poder legislativo: la difusión de los debates es restringida, no tienen recursos federales, dependen de la popularidad de sus campañas digitales y no están abanderados por narrativas políticas que son atractivas para las audiencias.
Idealmente, los candidatos debieron exaltar su experiencia en sus carreras judiciales para demostrar que tienen aptitudes en puestos con tareas administrativas específicas. Por el contexto y la ineficacia de todo el proceso electoral, esto no sucedió. En cambio, los ciudadanos tienen contenidos de campaña más cercanos al fenómeno de viralidad que propuestas reales para fortalecer al poder judicial en México. Nos queda decidir de manera sensata, sin favoritismos ni subjetividades, informarmos y salir a ejercer el derecho (inédito) que nos fue concedido a la ciudadanía, asumiento nuestra responsabilidad.
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Nota del editor: Alejandra G. Marmolejo es profesora de ciencias sociales en el Tecnológico de Monterrey y miembro del Observatorio de Medios Digitales . Síguela en Threads como @alegmarmo. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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