La elección judicial está a la vuelta de la esquina y, aun así, la crítica principal de quienes se oponen a ella es errónea, lo cual es preocupante, ya que si no entendemos el riesgo que suponen los comicios judiciales, tampoco tendremos herramientas para escrutar al nuevo Poder Judicial y navegar por el caudal de problemas que surgirán.
Crítica a la elección judicial desde la izquierda
Si AMLO, Sheinbaum y Morena impulsaron la reforma judicial con el supuesto de acercar la justicia al pueblo, lo que en realidad terminará ocurriendo es que entregarán el sistema judicial a las élites.
@jacquescoste94
Publicidad
La crítica principal contra las elecciones judiciales es que son un mecanismo para consolidar el dominio del Poder Ejecutivo y de Morena sobre los tribunales. Por supuesto, esto es parcialmente cierto, sobre todo porque el Tribunal de Disciplina será una poderosa arma para doblegar a los jueces que fallen en contra de los intereses de la coalición gobernante.
Sin embargo, ése es sólo uno de los muchos problemas —más graves aún— que se observan en el horizonte. Morena concentrará buena parte de su aparato de movilización para asegurar el control del Tribunal de Disciplina y la Suprema Corte. Sin embargo, la SCJN es la última instancia de resolución y se enfoca en controversias muy particulares, por lo que no está involucrada en la justicia cotidiana, en los casos del día a día. Por su parte, el Tribunal de Disciplina podrá maniatar a los jueces en los casos que sean de especial interés para el gobierno, pero nuevamente se trata de un puñado de casos entre un mar de controversias que resuelven tribunales locales y federales.
Pero ¿qué pasará con todos los demás tribunales? ¿Quién ocupará las posiciones judiciales que resuelven las controversias del día a día, las que afectan a los ciudadanos comunes y corrientes? Muchas de esas posiciones defenderán los intereses de élites de todo tipo: líderes políticos locales y nacionales (algunos alineados con el Ejecutivo federal, pero muchos otros con intereses propios e independientes), bandas del crimen organizado, grupos empresariales nacionales y locales, poderosos despachos de abogados y hasta las Fuerzas Armadas.
Demos por descontado que será una elección de muy baja participación. Digamos que participa el 15% del electorado. En unos comicios de esta naturaleza, el voto clientelar es fundamental. Quienes cuenten con capacidades de movilizar a sus bases serán quienes logren imponer a juzgadores que cuiden sus intereses. ¿Y quiénes cuentan con capacidad de movilización electoral? Pues precisamente las élite que acabo de mencionar.
Si López Obrador, Sheinbaum y Morena impulsaron la reforma judicial con el supuesto objetivo de acercar la justicia al pueblo, lo que en realidad terminará ocurriendo es que le entregarán todo el sistema judicial a las élites. El oficialismo tenía razón: la justicia en México estaba alejadísima de los ciudadanos. Era inaccesible para la gran mayoría de la sociedad, la corrupción era moneda corriente, los niveles de impunidad eran enormes y la justicia local difícilmente podía ser más ineficiente y elitista. Pero la reforma judicial agravará estos problemas, lejos de arreglarlos.
Probablemente López Obrador y Sheinbaum en efecto pensaban que las elecciones judiciales les otorgarían el control de las cortes. Sin embargo, el proceso se salió de su control, pues — como expliqué en este espacio — otras élites, otros poderes fácticos, también están aprovechando los comicios para colocar a sus alfiles en los tribunales. Ahora, el Poder Judicial será más disfuncional —pues estará dividido entre los intereses competitivos de distintas élites— y la justicia estará aún más lejos del pueblo, toda vez que los juzgadores defenderán —de manera más descarada y frecuente que ahora— intereses económicos y políticos particulares.
Por eso, es necesario criticar la reforma judicial desde la izquierda. Para el liberalismo, la separación de poderes públicos es suficiente para garantizar la independencia judicial. Basta con que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se extralimiten y respeten el Estado de derecho y la Constitución.
Publicidad
En cambio, para el republicanismo de izquierda, la verdadera independencia judicial no debe ser sólo respecto a los otros dos poderes públicos. Es más importante aún la autonomía judicial frente a los poderes económicos, frente a las élites, las grandes compañías, los despachos de abogados y, en el caso de México, ante el crimen organizado. Así, el republicanismo de izquierda toma en cuenta factores de economía política, y no solamente de separación de poderes públicos, para impulsar la independencia judicial y promover una justicia más igualitaria y accesible para las clases populares.
Más aún, para el republicanismo de izquierda no basta solamente con que el gobierno garantice las libertades y los derechos (incluido el derecho al voto). Es necesario que el Estado brinde las herramientas y las condiciones materiales necesarias para que los ciudadanos ejerzan y gocen de esas libertades. En este caso, el Estado no está asegurando las condiciones para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto libre e informado, pues la elección se organizó al vapor y el mecanismo de votación numerada alcanza absurdos de niveles kafkianos.
Bajo esta perspectiva, a las izquierdas comprometidas y al periodismo crítico sólo les queda observar con lupa los comicios e identificar las redes de relaciones, complicidades e intereses de los jueces que resulten electos. Sólo así podremos detectar a las élites a las que defienden esos juzgadores y crear bases de movilización para futuros comicios judiciales en contra de los jueces elitistas.
____
Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
Publicidad
Recomendaciones
Más acerca del autor:
Newsletter
Publicidad