Por una parte, tenemos la discusión sobre la Reforma de Telecomunicaciones que fue pausada por el Senado de la República la última semana de abril. El principal problema con este primer intento de modificación en la ley es, nuevamente, la concentración del poder ejecutivo. El borrador presentado en la Cámara de Diputados señalaba que la Agencia de Transformación Digital tendría la facultad de “bloquear temporalmente” a las plataformas digitales en caso de incumplir la ley. Pero nunca especificaron los parámetros de aplicación y qué significaba el escenario donde las plataformas digitales representen un riesgo para la población.
Si esto no fuera ya sobredimensionado, la Reforma también contemplaba “apagones” de la cobertura de internet para contrarrestar eventos que alteren la seguridad pública. Las estrategias que planteaban estas modificaciones a la ley son una exhibición de la concentración de poder en México, que es un nuevo normal dentro del aparato institucional despojado de organismos autónomos. La ciudadanía se enfrentaría a circunstancias de erráticas en la conexión a internet sin saber siquiera las razones de estas intermitencias en el servicio.
Los riesgos de censura y control absoluto se asoman debajo de la baja calidad de las legislaciones actuales, donde todo corre bajo el contexto del “fast-track” aprovechado por la mayoría absoluta en ambas cámaras. El poder legislativo no se detuvo hasta que se enfrentó a la rechifla generalizada de las audiencias y expertos en el tema de regulación en telecomunicaciones. En esta columna he pugnado por una revisión al alcance de las plataformas digitales, por el inminente peligro que corren las audiencias y la democracia. Es necesaria una reforma que fiscalice a las plataformas digitales por el uso indiscriminado de datos personales, y revelen los mecanismos de desinformación de gran alcance dentro de sus ecosistemas digitales.
Por esta razón la legislación debe hacerse con precaución, poniendo al centro a la ciudadanía. La censura nunca será una respuesta para los retos que enfrentan las audiencias en materia de manipulación mediática. El escenario actual es desfavorecedor para los intereses públicos, donde no existe una verdadera discusión por políticas públicas que fortalezcan a las audiencias digitales. Los ciudadanos seguimos expuestos a la manipulación dirigida por intereses privados, en medio de la concentración por el poder entre los poderes fácticos y las empresas de telecomunicaciones.
Por si no fuera poco, ahora tenemos la confirmación de lo que parecía un mito urbano dentro de las televisoras en México. La acumulación de poder en un puñado de empresas de telecomunicaciones es la exhibición de un monopolio decadente, que invierte cualquier cantidad de recursos en derribar todo lo que represente amenazas para su negocio. Claramente no están pensando en las audiencias: las están usando como activo fijo para seguir acumulando espacio en la industria de las telecomunicaciones. La complicidad con actores de gobierno revela la función de agencia que tienen estas empresas para lograr fines comunes, como la manipulación y el cambio en las actitudes políticas en las audiencias digitales.
