La incidencia delictiva no sirve

El origen de los datos

Los datos que publica el SESNSP provienen de las averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas. Básicamente son datos que se obtienen gracias a la denuncia, aunque en el caso del homicidio doloso basta con la existencia de un cadáver para iniciar una carpeta: no requiere denuncia. En teoría, por ese motivo es que cuenta con un bajísimo nivel de cifra negra y por eso —insisto, en teoría—, es el mejor indicador para monitorear el comportamiento del crimen violento.

Fallas de origen

Esos supuestos comienzan a “hacer agua” en un contexto como el mexicano, en donde las instituciones de seguridad y justicia exhiben profundas debilidades. Nuestras policías y fiscalías no cuentan con las competencias y las herramientas suficientes para identificar cadáveres o para clasificar correctamente los decesos dentro de la amplia variedad de categorías. En otras palabras, es muy probable que existan cuerpos que las autoridades nunca conocieron y casos en donde un homicidio fue a parar a la clasificación “otros delitos contra la vida”.

Hay datos duros que respaldan lo anterior. Insuficiencia en el estado de fuerza con relación a las necesidades de seguridad. Policías preventivos y judiciales con enormes carencias laborales, escasa profesionalización básica —no digamos especializada— y dificultades enormes para coordinarse con los ministerios públicos. Recortes presupuestales. Anomalías en la clasificación de los delitos. Más allá de eso, recomiendo mucho leer “La fosa de agua”. Desapariciones y feminicidios en el Río de los Remedios, de Lydiette Carrión, para darse una idea de cómo las debilidades institucionales se convierten en violencia del Estado y derivan en una profunda incapacidad para capturar la dimensión real del problema.

Sin cuerpo no hay problema

México es un país donde vastas regiones del territorio nacional tienen presencia del crimen organizado. Estos grupos emplean la violencia como uno de los principales instrumentos para apropiarse o disputar la explotación de los mercados ilícitos. No obstante, las organizaciones delincuenciales se desempeñan como empresas y si algo han aprendido en las últimas décadas es que la violencia afecta los negocios. La solución que han encontrado es invisibilizar la violencia, desapareciendo los cadáveres de sus ejecuciones.

Durante el sexenio pasado se registraron 2,864 fosas clandestinas a lo largo y ancho del país y desde 2007 la cifra asciende a 5 mil 660, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. No sólo eso. En las últimas semanas hemos atestiguado eventos dantescos como el descubrimiento del campo de exterminio en Teuchitlán; un rancho en Jalisco en donde presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación habría adiestrado a futuros sicarios, y ejecutó y desapareció a cientos de personas. Revisar los datos de homicidio doloso sin considerar las cifras de desaparecidos es trabajar con espejismos. Y eso, para reducir un poco el sesgo, porque estoy seguro que vemos apenas unas gotas del océano. Sólo las madres buscadoras, y a veces algunos perros hambrientos, encuentran las fosas, porque hay que decirlo claramente, los gobiernos no tienen ningún incentivo político o económico para destapar la cloaca de las desapariciones. Al contrario, sus intereses los obligan a desaparecer una y otra vez a las víctimas.

Manipulación intencionada

No sólo son las fallas de origen y las prácticas “empresariales” del crimen organizado, también es la manipulación intencionada de los datos. Causa en Común ha exhibido en ya varias ocasiones inconsistencias de los datos de homicidio doloso en distintas entidades federativas. En concreto, ha mostrado como la reducción de los homicidios dolosos va acompañada del aumento de otros delitos contra la vida, además de las desapariciones.

Lo anterior sugiere la existencia de una práctica deliberada para “reducir” los homicidios y mostrar que nuestro país está en pleno proceso de pacificación. Esto tiene pleno sentido a la luz del contexto político. Sirve para fortalecer las bases sociales, justificar la militarización de la seguridad pública y, de paso, de toda la administración pública. En estos tiempos, además, para neutralizar discursivamente a Donald Trump.

¿Entonces para qué sirve la medición de la incidencia delictiva?

Para construir contra narrativas a partir de los propios sesgos de los datos oficiales. ¿Cómo? Formulando preguntas de investigación del tipo por qué se reducen los homicidios en los estados, responderlas con base en evidencia y proponer rutas alternas para la construcción de paz. Parece poco. Pero ver en las deficiencias de los datos una oportunidad de análisis es un cambio de perspectiva que puede llevar a visibilizar a las víctimas, desenmarañar al crimen organizado y promover políticas públicas con transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos sumarnos a ello.

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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.