Más allá de estos propósitos políticos, que no son irrelevantes, hay buenas noticias para la población, al menos en el plano institucional más formal posible (es algo, en estos tiempos de destrucción). Estamos frente a dos iniciativas que pueden ayudar a la pacificación del país. Pueden. No es seguro que lo hagan. Adelante digo por qué. Vamos por partes.
Política criminal basada en evidencia
En buena medida, el crimen organizado prevalece como uno de los principales problemas públicos en México. Hasta ahora conocemos sus efectos, pero no así los elementos para combatirlo con certeza; es decir, su ubicación, operación y reproducción. Hemos estado lanzando dardos en la oscuridad. Es probable que esa situación cambie a corto plazo.
A nivel de política pública, quizá la principal virtud de la LGSNII es que permitirá la elaboración y sistematización de productos de inteligencia con base en los datos recolectados por todas las instituciones de seguridad pública a nivel nacional, y procesados bajo las directrices de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). Incluso, bajo convenios de colaboración, podrán formularse productos de inteligencia a partir de información registrada por instituciones sociales o privadas.
¿Imaginan la cantidad y tipo de información recopilada por instituciones locales de seguridad, transportistas o por las más de 20,000 tiendas Oxxo en el país? Si Harfuch atina al definir qué y en dónde buscar, no habrá pretexto para ubicar y desenmarañar al crimen organizado y responder con tiros de precisión para desactivarlo. Esta iniciativa claramente juega a favor de la presidenta Sheinbaum en el próximo forcejeo con Trump.
No es, sin embargo, una iniciativa perfecta. Un aspecto muy negativo es que no considera la transparencia y la rendición de cuentas al sistema, por ejemplo, por parte del Congreso. Esto abre espacio importante al uso indebido de la inteligencia y puede dar paso a violaciones graves a derechos humanos.
También, hay una oportunidad muy desaprovechada: la inclusión del régimen criminal (territorios en donde los grupos criminales imponen las reglas del juego a nivel político, económico y social, anulando la autoridad del Estado) como objeto de atención del sistema. Éste es un fenómeno que daña profundamente a la sociedad y que no necesariamente se manifiesta en los delitos de alto impacto social.
Un paso a la redención policial
La Guardia Nacional es irrelevante en las labores esenciales para la prevención del delito y el acceso a la justicia a nivel nacional. Más que un instrumento de política pública es uno de control político en varios sentidos (por ejemplo, de los militares sobre los civiles y del Ejecutivo federal sobre los estados). Según datos recogidos por el Inegi en su Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, prácticamente 100% de las puestas a disposición en el país corren a cargo de las policías locales.
A pesar de eso, los elementos de la policía no siempre cuentan con las condiciones laborales mínimas para realizar dignamente su labor. Según ese mismo censo, menos del 70% cuenta con todas las prestaciones básicas establecidas en la Constitución, como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. La prestación de seguridad social se encuentra por debajo del 52% y menos del 8% cuenta con acceso a créditos de vivienda. Dicho de otro modo, prácticamente todas las corporaciones se encuentran en una situación de pobreza patrimonial. Es imposible exigirle un desempeño excepcional a los policías locales cuando viven en precariedad. Esto también puede cambiar.
La nueva LGSNSP ahora enuncia un paquete de prestaciones mínimas que deben ser consideradas dentro del sistema de seguridad social del personal de las instituciones de seguridad pública conforme al artículo 23 constitucional. Ahora establece que los sistemas complementarios deben comprender seguros para familiares y beneficiarios en caso de fallecimiento —y con esto atiende una de las principales preocupaciones de los policías.
Tampoco es una iniciativa perfecta. Por dar un botón de muestra: no considera dentro del esquema complementario la satisfacción de necesidades emocionales y mucho menos resuelve el tema de la disponibilidad de recursos y su ejercicio para que estas prestaciones sean sostenibles a largo plazo.
