"Yo no veo mal la iniciativa, (...) más bien es cómo la van a llevar a cabo, la reforma en sí misma podría funcionar, el tema es cómo la quieres ejecutar y qué recursos le van a poner; el segundo elemento es qué tanto estamos pensando siempre en términos de la seguridad desde lo federal, olvidando todo lo demás (lo local)", señala Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad.
El jueves 13 de febrero, la Cámara de Diputados recibió dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, con las que busca una “ingeniería institucional” a todo el sistema policíaco del país y crear herramientas para avanzar en un modelo de “policía guiada por la inteligencia”.
La primera iniciativa expide una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la segunda es una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (SNIIMSP), que plantea crear ese gran banco de datos con información policial, carcelaria, de fiscalías, todo a nivel nacional, estatal y municipal para el combate al crimen.
Con ambas propuestas se busca fortalecer las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch.
"Me parecen (propuestas) adecuadas, son medidas que desde hace ya 25 años se comenzaron a incorporar al sistema de seguridad bajo la premisa de utilizar sistemas informáticos y la inteligencia. La premisa es correcta, en este momento es todavía más necesario, (...) sin embargo, se debe tener mucho cuidado (ante la desaparición del Inai) en asegurar la integridad de la información", señaló Carlos Mendoza, profesor investigador del Instituto Ortega y Gasset.
Primer Registro Nacional de Policías
La iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 131 artículos, propone integrar un solo registro nacional de policías a nivel federal, estatal, municipal y de seguridad privada, con requisitos estandarizados para su reclutamiento, capacitación y control de confianza.
Todos se adscribirán a un Servicio Profesional de Carrera y, por tanto, los integrantes podrán ser cambiados de adscripción con base en las necesidades del servicio.
¿Qué requisitos tendrán los nuevos policías?
Se propone el cumplimiento de requisitos de edad, perfil físico, médico y de personalidad; ausencia de alcoholismo, uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras además de inexistencia de vínculos con organizaciones delictivas; “notoria buena conducta”, no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido.
Todas esas condiciones deberán establecerse también a nivel estatal y municipal, para la homologación en todo el país.
Además, se plantea una nueva política nacional en materia de acreditación y certificación para todas instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y la certificación individual de personal.
Esa política nacional será aplicable a las personas servidoras públicas en instituciones policiales, ministeriales, periciales y penitenciarias, es decir, que incluye desde agentes, ministerios públicos y peritos hasta custodios.
El nuevo Sistema Nacional de Información (SNI)
En la iniciativa de seguridad se pide crear ese nuevo Sistema que busca concentrar todas las bases de datos de:
- Registro nacional de armamentos y equipo
- De detenciones
- De incidencia delictiva
- De información penitenciaria
- De seguridad
- De personal de seguridad pública
- De medidas u órdenes de protección de mujeres, adolescentes, niñas y niños
- De vehículos, robados y recuperados
- De medidas cautelares
Incluirá información de personal y equipo de servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, personas sentenciadas y demás.
Este SNI concentrará datos que de manera obligada deberán entregar instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y centros de comando de control y estará interconectado al Sistema de Inteligencia que propone la presidenta en una segunda iniciativa de ley, que será información en tiempo real y con fines de generación de productos de inteligencia.
Será administrado en su totalidad por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se clasificará como información reservada toda la contenida en esas bases de datos.
Esta iniciativa propone crear una Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil (PDUTM), bajo la responsabilidad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para el registro de alta de todos los usuarios de teléfonos celulares, base de datos que formará parte del Sistema Nacional de Información, interconectada a su vez con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, cuya creación se pide en una segunda iniciativa.
La instituciones de seguridad pública, policiales o de procuración de justicia y penitenciaria tendrán acceso a la información contenida en los registros y bases de datos del Sistema Nacional de Información.
'Se tiene que empezar por el presupuesto'
En entrevista, Francisco Rivas enfatiza que dos de las prioridades de cara a la eventual aprobación de estas iniciativas es dotar a los nuevos sistemas de recursos suficientes para aplicarlos y aprovecharlos, así como definir objetivos concretos junto con autoridades locales.
"Me parece que cuando tú empiezas a tener tantas reformas y darle tanto poder a una institución y no necesariamente cumplir con todo lo demás, lo único que haces es "quemar" a esa institución. Tampoco eso (que plantean) es nuevo, se supone que en Plataforma México debería estar toda esa información, entonces no es una novedad", sostiene Rivas.
"Tampoco digo que sea positivo ni negativo; tal vez no se ejecutó, se dejó de ejecutar o hubo deficiencias, el tema es cómo lo vas a llevar a cabo, quién lo va llevar a cabo, quién va acceder a esa información. No lo veo ni mal ni bien, me parece que los temas relevantes son otros y de nuevo, con lo que se tiene que empezar es con presupuesto".
Rivas critica que, "al estilo mexicano", parece que primero se va hacer la reforma y luego el gobierno va averiguar cómo hacer que funcione.
Sí podría funcionar como pudo haber funcionado en el pasado, el tema es que le tienes que meter recursos, como a todas las instituciones de seguridad y justicia, si no, la información se va quedar sólo en lo federal, ese flujo de información (...) no va ser suficiente, no va servir de mucho".
Francisco Rivas, director de ONC de Seguridad y Justicia.
Sanciones por revelar o falsear información
Se plantean penas de cuatro años de prisión y de 100 a 600 Unidades de Medida y Actualización a quien “dolosa y reiteradamente se abstenga de proporcionar al SNI, o al Secretariado Ejecutivo, la información que esté obligado”, además de destitución e inhabilitación por un plazo igual.
De dos a ocho años de prisión, y de 500 a 1000 UMAS, será la sanción a quien ingrese dolosamente al SNI sin tener derecho o que teniéndolo, “ingrese información errónea que dañe o pretenda dañar de cualquier forma, la información, bases de datos, equipos o sistemas”.
A quien divulgue de manera ilícita información clasificada; quien ingrese a personas no certificadas, a quien asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito a persona no certificada también se le impondrá esa sanción.
La pena aumentará una mitad más si el responsable es persona servidora pública, además inhabilitación. A quien falsifique el certificado, lo altere o comercialice se le sancionará con cinco a 12 años de prisión y de 200 a 800 UMAS.
En el caso de que el responsable sea de la Guardia Nacional se establece que quedará a la jurisdicción militar.
Coordinación de instituciones
La iniciativa de nueva ley deroga la Ley de Seguridad vigente desde 2009, pero mantiene la organización y mecanismos de coordinación entre los órganos en los que están agrupados todas las autoridades relacionadas con la seguridad en los tres niveles de gobierno.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que reúne a fiscales y procuradores del país; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en la que están agrupadas las autoridades carcelarias; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que reúne a autoridades policiales de los ayuntamientos, quedarán coordinados por el secretariado ejecutivo del SNSP y el titular de la SSPC.
Se proponen cambios en las cárceles
En el caso de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se plantea que promueva la homologación de sistemas y procedimientos de seguridad, además de medidas de reinserción social.
Emitirá lineamientos para que la federación y las entidades adquieran y operen de manera obligatoria equipos de bloqueo de señales de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos e imagen en el perímetro de centros de reinserción social, centros penitenciarios o de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley, federales, estatales.
Esos equipos serán operados por autoridades distintas a los de los establecimientos penitenciarios en centros remotos.
'La apuesta es cruzar información'
El consultor en seguridad e investigador, Carlos Mendoza, considera que la apuesta de la SSPC es robustecer los registros que ya existen, por ejemplo, de personal de seguridad, reos y empresas de seguridad privada, para contar con mayores insumos en la labor preventiva y de inteligencia.
"La apuesta es incorporar las bases de datos de otras instituciones que permitan cruzar la información sobre todo, por ejemplo, de carácter patrimonial, de carácter fiscal, es ahí donde ha estado el hilo más delgado y que se tiene que fortalecer, porque una de las finalidades de los grupos criminales es tener control y poder, pero van por el dinero", comenta.
"Entonces, si no se tiene un cruce adecuado con los registros de información financiera y patrimonial, toda la información no va servir de nada porque se va reaccionar ante los actos delictivos y no se van a atender esos espacios donde se ubican riesgos, vulnerabilidades, focos rojos en donde podrían dirigirse las investigaciones".
Mendoza coincide en que cualquier objetivo o política pública sin presupuesto, se puede quedar en "buenos deseos".
"Sin recursos definitivamente ni siquiera las bases de datos básicas podrían correr, si no hay financiamiento, si no hay una administración correcta de los recursos pueden ocurrir dos cosas: que no materialicen esos objetivos o que se perviertan. Si va en serio la propuesta debe ir apalancada de este acompañamiento financiero", añade.
