Ambas iniciativas buscan fortalecer las labores de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, que encabeza el titular Omar García Harfuch y a la que la reforma al artículo 21 constitucional dotó de mayores atribuciones.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública propone la creación de una plataforma tecnológica que será coordinada por la SSPC y busca mejorar la interconexión con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como con otras dependencias y entidades.
En esencia plantea que la información de esa plataforma, sus bases de datos y registros, puedan ser compartidos y aprovechados en la investigación estratégica de delitos a partir de productos de inteligencia.
El objetivo es que esa información sirva para la toma de decisiones “y el desarrollo de operativos realizados con apego al debido proceso, que generen mayores niveles de judicialización y sentencias condenatorias”.
En tanto, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece bases para la renovación de la principal instancia de coordinación en materia de seguridad pública del país, que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que sería fortalecido.
Entre sus nuevas atribuciones estarían las de emitir la política nacional en materia de acreditación y certificación, coordinar el Sistema Nacional de Carrera Policial y llevar a cabo otras funciones de relevancia para el cumplimiento de los fines de la seguridad.
También se prevén nuevas instancias para mejorar la coordinación en el ámbito local y se consideran mecanismos para la colaboración y coordinación del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales con el Sistema Nacional de Seguridad.
