#ColumnaInvitada | Da vueltas la vida

En el caso de gobiernos populistas las verdades son revisables cada vez que se requiera, y los problemas se reinventan como mejor convenga en términos políticos y electorales, aunque los datos duros no lo sostengan. Un tema de imaginación sobre lo que realmente ocurre y desprecio a la palabra y la seriedad, particularmente en lo que a certeza jurídica se refiere.

Así las cosas, ahora en el arranque de la nueva administración del Sr. Trump tenemos como punto de partida el que se señala abiertamente que en México impera un desorden absoluto en lo que hace a flujos migratorios, tránsito de drogas, y en general una permisividad y complicidad con la delincuencia organizada. Los señalamientos son graves todos ellos, pero en particular el último concepto representa el aspecto más doloroso porque es imposible negarlo.

Hoy vivimos en México las consecuencias de una serie de sexenios con estrategias fallidas e ineficaces en materia de seguridad y justicia, pero en el sexenio inmediato anterior adquirió otra dimensión al permitirse que la delincuencia organizada hiciera del país un territorio bajo su pleno dominio y con la anuencia del gobierno federal que a cambio de apoyo electoral les dieron rienda suelta para expandir sus negocios y cobertura en lo que se les pegara la gana. Así de grave. Así de triste.

Es por todo lo anterior que en el caso de México los temas de migración, narcotráfico y seguridad fronteriza están en la cima de la agenda y están imponiendo que se llegue a un acuerdo que baje la presión de la Casa Blanca de amedrentar con aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. De momento se logró un aplazamiento de 30 días a los aranceles de 25% genéricos que se impusieron a partir del 1 de febrero de 2025. Y si bien es cierto se tuvo un momento lúcido para que se evitara la aplicación inmediata el 4 de febrero, la amenaza sigue vigente pues los 30 días fenecen en un periodo corto.

Además, se fijaron también ahora adicionalmente aranceles de 25% a acero y 10% a aluminio para ser aplicados el 12 de marzo. Presumiblemente la esencia de las discusiones pendientes tiene que ver con lo que hace a la situación de la delincuencia organizada y los vínculos con el gobierno federal. Eso no va a desaparecer por una prórroga de 30 días, no cuando es el ingrediente más nocivo y que es la piedra angular de los problemas fronterizos más graves (y también en el resto del país).

La perspectiva de negociaciones a implementar para México es más que grave y preocupante. No solamente es el tema de los señalamientos ya por escrito de una afiliación abierta del gobierno federal con carteles y delincuencia organizada en general, sino el hecho de que México no puede reclamar el liso y llano incumplimiento por parte de Estados Unidos a sus obligaciones conforme al T-MEC por la simple y sencilla razón de que México incumplió en primer término dicha convención internacional con la adopción de decisiones incompatibles y absurdas como la reforma energética, la reforma judicial, y la extinción de organismos constitucionales autónomos.

Una situación de daños auto-infligidos por el gobierno de Morena que nos coloca en una desventaja brutal y con la necesidad de encontrar soluciones pronto antes de que se nos caiga el teatro entero. Menudo lío para los Morenistas si se les exige dar marcha atrás a sus caprichos y estar en la disyuntiva de corregir los errores o sostenerse en los mismos y detonar la aplicación de aranceles que acarrearía una crisis económica monumental (con lo cual se les caería el teatro de pagar programas sociales, el único medio de sostener su ilusión de gobierno eficaz y de aceptación popular). Ese mismo impulso de destruir al país es lo que ha provocado la situación actual, incluso una que ha dejado de lado la oportunidad de crecimiento económica más importante en las últimas 5 décadas (el famoso nearshoring) en el basurero de la historia.

Por si lo anterior no fuera suficientemente delicado, en cuanto a los carteles se refiere, en cuanto se confirme el listado de los que califiquen como organizaciones terroristas, automáticamente todos los funcionarios, bancos, negocios, empresarios o agentes económicos que hayan tenido o tengan contacto con ellos van a tener un menudo problema de poder ser procesados administrativa y penalmente por el gobierno de Estados Unidos con efectos extraterritoriales, y con severos impactos patrimoniales y reputacionales. Las facturas se pagan, y los vínculos con la delincuencia ya no serán solamente un tema de ilicitud, sino de una exposición total ante las autoridades de Estados Unidos que van a ir por todas las medidas para sancionar a quienes se considera apoyan a organizaciones que son ahora consideradas terroristas. Esto ya no es un juego de niños.

Durante muchos años se pidió a los países de la región que la dinámica de progreso y mejora pasaba por abonar a una mayor integración a base de acuerdos de libre comercio y reducción de barreras arancelarias y no arancelarias. Bajo esos principios rectores se impulsaron muchos tratados de libre comercio en la región, incluyendo los de Norte América, Centro América, Colombia y Chile, recriminando a quienes no lo hicieron como Brasil y Argentina. Ahora en forma sorpresiva llega una ola de proteccionismo desde el mismo Estados Unidos con quien ahora está exigiendo cerrar fronteras, expulsar personas, y recriminar flujos de recursos. Es la realidad de un populismo que va a estar presente al menos cuatro años y que va a requerir de ideas creativas para evitar rompimientos.

La cruda realidad es que la integración comercial fue real y en algunos casos de raíces profundas, como es el caso de México. Pero esto ya provocó que la dependencia económica es enorme porque la vinculación con el mercado estadounidense es real. Cualquier restricción por parte de Estados Unidos genera un trastorno económico mayúsculo en los países de Latinoamérica y al revés no es así.

Por esa razón es que el Sr. Trump sabe que aunque sus argumentos no resisten un análisis serio, tiene el sartén por el mango por la dependencia económica de lo que Estados Unidos dicte en la región. El balance de la negociación será complicado. Los países en la región tendrán que ser muy hábiles para no ponerse en la ruta de colisión. Quien no lo logre tendrá grandes riesgos y problemas de inestabilidad económica, además de posibles brotes sociales. El escenario es de alta incertidumbre y preocupación.

Aún en el caso de México que tiene un acuerdo comercial que Trump propuso, el T-MEC, la situación no está sencilla porque el instrumento permite la salida unilateral y eso es un arma poderosa en una negociación de alto perfil como lo quiere hacer la persona referida. Da vueltas la vida, y lo que era realidad hace unas cuantas semanas hoy ya cambió. Si no se hacen las cosas bien y con inteligencia, México puede encontrarse pronto en una real coyuntura de crisis múltiples. Mucho va a depender de lo que Morena decida hacer entre sostener sus caprichos o utilizar el menos común de los sentidos, el sentido común. Tienen poco tiempo para definirlo.

P.D.1. El proceso de la reforma judicial presenta un desaseo y corrupción de proceso que hace palidecer cualquier problema que pudo haber tenido. Tenemos un sistema perfectible y lo vamos a reemplazar con un desastre total. Que no haya voces del oficialismo que hagan notar los problemas de implementación hacen ver que desean la destrucción sistemática. No interesa la justicia, lo que se quiere es lograr el capricho, la sumisión del poder judicial, y la eliminación de cualquier contrapeso. Vamos que volamos a un autoritarismo extremo, que con una reforma electoral acabará por cualquier rastro de normalidad democrática.

P.D.2. Las constantes peticiones de unidad nacional desde la Presidencia de la República contrastan fuertemente y no hacen mucho sentido cuando por otro lado se sigue polarizando, pisoteando instituciones, desconociendo opiniones disidentes, y ofendiendo a quienes osen discrepar de lo que se sustente desde Morena. Así no se puede pedir una sumisión irreflexiva.

P.D.3. Lo ocurrido el 5 de febrero pasado en el Teatro de la República en Querétaro sigue dando de qué hablar. El hecho de que se hubieran atropellado las instituciones y que se hubiera concentrado todo en la figura de la titular del Ejecutivo, haciendo a un lado al Legislativo, y despreciando al Judicial, es una señal inequívoca del autoritarismo creciente y la caída en los valores reales de la división de poderes constitucionales. Mal y de malas.

P.D.4. Seguimos con una ruta perdedora en cuanto al Estado de Derecho. Las expresiones de autoridades de todo tipo que se dedican a desconocer o desacatar órdenes judiciales son responsables de minar la calidad y fortaleza de nuestras instituciones. Cuando eso proviene de los titulares del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo es particularmente serio porque son los encargados de preservar el orden jurídico y la división de poderes. Pero si además tales expresiones provienen de miembros del Tribunal Electoral, entonces es una locura que no admite sino un rechazo fulminante por lo grave que es que tres Magistrados se conviertan en quienes solapan la destrucción del Poder Judicial al que pertenecen.

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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.