En los hechos se puede apreciar que para que Morena se pudiera edificar en tan poco tiempo en un partido político nacional, su líder decidió que era oportuno financiarse de fuentes disponibles a invertir en el proyecto, sin pretensiones de pagos puntuales de intereses, sino más bien de rentabilidad operativa y de propiciar espacios de impunidad y de nulos límites. Esto que parece enfermizo es la realidad del caso. Las bandas delincuenciales más importantes del país apostaron al equipo guinda y en cuanto tuvieron la posibilidad de hacerlo (con los triunfos electorales), exigieron el pago de sus financiamientos. Eso se tradujo en enormes posibilidades de que las bandas expandieran sus negocios sin el temor de ser perseguidos o sujetos a procesos legales por actividades ilícitas. Los pactos se cumplieron.
El problema es que tales actividades fueron avaladas por una política pública absurda de origen como la de “abrazos y no balazos”. En los hechos el gobierno se plegó para dejar que la delincuencia se expandiera en todos los posibles campos de actividades para ampliar sus líneas de negocios. Se multiplicaron los casos de secuestros, extorsión, derecho de piso, robo de combustibles, tráfico de personas, robo a transporte, robo a establecimientos, etc. Estos temas se han repetido en todo el país. Se ha cedido territorio al grado de que ya no hay casi espacios en toda la nación que no tengan la presencia o dominio de bandas delincuenciales.
Mientras tanto las autoridades de seguridad pública fueron eliminadas (policía federal), disminuidas (policías estatales), o abandonadas (policías municipales). En su lugar se militarizó la seguridad pública federal, sin protocolos reales de actuación, sin inteligencia operativa, nula coordinación con autoridades civiles, y sobre todo con la instrucción de no realizar acciones para limitar las actividades delincuenciales. Vimos entonces en los hechos que la delincuencia cobró con creces los intereses de su inversión original. El deudor no se atrevió a desvincularse, y dejó que los intereses de las bandas se amortizaran en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos que como autoridades prometieron defender. Literalmente entregaron la plaza. Y lo más triste es que confesaron que lo harían.
Así las cosas, su cálculo fue óptimo en cuanto a la determinación de rentabilidad electoral porque en efecto Morena ganó muchos comicios en base a la imposición de violencia y ataques a las fuerzas opositoras para vulnerar los resultados. El costo para todo el país fue enorme pues se multiplicó el desorden y se privilegió la imposición del poder de capos en distintos lugares. Lo que no se calculó es que la pérdida de la hegemonía estatal se multiplicó, la lucha por los botines económicos generó enorme inestabilidad entre los distintos bandos delincuenciales, y se rebasaron todas las barreas posibles al expandir los negocios en el extranjero con especial énfasis en el tráfico de fentanilo que tanto daño ha causado en Estados Unidos. Una debacle por donde se le vea o analice.
Por si lo anterior no fuera suficiente, en un cambio de señales de lo que se ofreció al inicio del sexenio de López Obrador en cuanto a ir eliminando la prohibición de drogas que genera un monopolio económico y regulatorio en favor de la delincuencia organizada con ganancias brutales, no solamente no se hizo nada en ese sentido, sino que además se propuso ir con una reiteración de políticas públicas de instrumentos penales persecutorios absolutamente ineficaces. Y ahora por si no fuera dicha concesión a los socios criminales algo inentendible, se volaron la barda en concederles un nuevo rubro de negocios con la prohibición, ahora constitucional, en el caso de vapeadores. Evidencia clara de cómo están las prioridades de estos gobiernos de pseudo-izquierda y que más bien están en una alianza delincuencial-económica-electoral inconfesable y despiadada. Tal cual.
Y eso nos lleva a la situación actual. Los socios americanos están ya hartos de tantas fallas y desorden. Y si esos temas no les afectaren a ellos no harían absolutamente nada, pero lo crudo es que sí les afecta, pues la crisis por consumo de fentanilo ha provocado más muertes que las incursiones militares en Afganistán e Iraq combinadas. Entonces ya hay un reclamo general de que las bandas de delincuencia organizadas mexicanas son en los hechos una amenaza a la seguridad nacional en Estados Unidos y por ello se ha catapultado la necesidad de hacer algo al respecto. México ya no puede seguir ignorando el tema.
El gobierno morenista ha estirado la liga con sus socios hasta donde era posible y ya reventó. Tanto en el país con la violencia desbordada, como en Estados Unidos con la crisis de estupefacientes, ya no es viable que hoy Claudia Sheinbaum siga respetando los designios de su predecesor. De una buena vez entendamos el fracaso del gobierno anterior con su pírrica estrategia. De una buena vez todos reclamamos ¡no más abrazos!
De no haber un cambio radical en cuanto a romper los vínculos con las bandas delincuenciales pronto, las consecuencias serán muy graves para nuestro país. La operación enjambre y la presencia de Omar García Harfuch en Sinaloa parecen mandar una señal de posibles cambios, pero aún son golondrinas que no hacen verano. Se requieren cambios profundos y permanentes para ser convincentes. Veamos si el gobierno actual entiende la dimensión de los retos y lo que está en juego en el país en la antesala de la llegada del Sr. Trump a la presidencia de Estados Unidos en cosa de un mes. El tiempo apremia, sobre todo a la luz del proceso de revisión del T-MEC que ya está en curso aunque el periodo formal sea hasta 2026. No quitemos la atención a estos rubros tan trascendentales.
