El debate legislativo para aprobar la reforma que inscribe a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa estuvo lleno de lugares comunes. Los legisladores oficialistas vendieron esta ley como la panacea para solucionar todos los problemas de violencia en México. Los representantes de la oposición denunciaron el fracaso de la estrategia de seguridad del obradorismo y se pronunciaron en contra de la militarización del gobierno civil.
La bota del Ejército y la reforma de la Guardia Nacional
El Ejército y la Marina son los principales brazos de control político, operación territorial y ejecución de políticas públicas del nuevo régimen.
@jacquescoste94
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Preocupa, sin embargo, que una gran cantidad de los legisladores que se opusieron a la reforma replicaron un discurso que las Fuerzas Armadas y sus aliados en la discusión pública han avanzado desde hace tiempo. Según esta versión, los cuerpos castrenses son una pobre víctima del “mal gobierno” que abusa de su lealtad y les pide que desempeñen todo tipo de tareas sin tener el respaldo legal y político para ello.
Para los impulsores de esta narrativa, el Ejército y la Marina son entes pasivos que aceptan resignadamente todas las encomiendas que se les encargan y las cumplen con disciplina y patriotismo. Sin embargo, las cúpulas militares son agentes activos de la militarización: es decir, utilizan diversos medios para promover sus intereses y buscan deliberadamente la expansión del poder político, jurídico y económico de las Fuerzas Armadas.
Las élites castrenses no son una pobre víctima del “mal gobierno”, sino corresponsables de la militarización, pues ésta les favorece en muchos sentidos: cuantiosos presupuestos, jugosos negocios públicos, poder para incidir en el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas, marcos amplios de discrecionalidad y opacidad, y una plataforma segura para hacer política tras bambalinas.
Las Fuerzas Armadas no son monolíticas. No a todos los mandos les agrada la militarización. Por ejemplo, dos militares en retiro me comentaron que les preocupa que la política militarista de López Obrador, que continuará Sheinbaum, produzca efectos nocivos en los institutos armados.
Sobre todo, temen que las Fuerzas Armadas se “desnaturalicen”, es decir, que, al estar empleadas en la construcción de obras, en el manejo de puertos, aeropuertos y aduanas, en la administración de negocios públicos y programas sociales, pierdan su disciplina, se vuelvan más corruptas y desvíen la atención de su labor central: defender la soberanía y el territorio nacionales. Asimismo, me comentaron que les preocupa que se acentúen las divisiones entre la cúpula militar y la tropa, pues mientras que la primera se lleva las ventajas de administrar los negocios públicos, la segunda se lleva “la friega de pelear contra el crimen organizado”. Finalmente, les inquieta que López Obrador deliberadamente atizó la rivalidad entre la Marina y el Ejército para posicionarse como fiel de la balanza entre ambos, y desean que Sheinbaum corrija esta política.
Sin embargo, no se puede dejar de lado que las cúpulas castrenses han operado activamente a favor de la política militarista. Repito: las élites militares no son receptores pasivos de la militarización, sino agentes activos que se movilizan para seguir acumulando peso político, prebendas económicas, redes de discrecionalidad y garantías de impunidad.
Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional contribuyó al diseño y la operación política para aprobar la Ley de Seguridad Interior que se promulgó al final del sexenio de Peña Nieto. Pese a que la Suprema Corte la echó abajo, esta ley respondía explícitamente a una demanda del Ejército que necesitaba contar con “certeza jurídica” para desempeñar labores de seguridad.
Otro ejemplo: de acuerdo con versiones periodísticas, el cambio de opinión de López Obrador respecto a la detención del general Cienfuegos por supuestos vínculos con el crimen organizado en Estados Unidos, en 2020, se debió a la presión del Ejército, que le advirtió al presidente que no respaldar al exsecretario de la Defensa podría resultar imperdonable para las Fuerzas Armadas. Según fuentes de prensa, tras esa operación política de la cúpula militar, López Obrador pasó de alegrarse por la captura del general, que representaba una muestra de la colusión del antiguo régimen con el crimen organizado, a maniobrar diplomáticamente para su liberación.
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Un último ejemplo: de acuerdo con versiones de prensa, el Ejército utilizó diversos medios para bloquear las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y la Guerra Sucia. Incluso forzó la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo y anuló la influencia de Alejandro Encinas en el gabinete de López Obrador. Esta operación política tuvo el fin de salvaguardar la imagen de los cuerpos castrenses para así seguir gozando de alta estima social y continuar recibiendo prebendas políticas y económicas.
Hoy, cuando las Fuerzas Armadas son uno de los pilares del nuevo régimen, es necesario que dejemos de considerar a la milicia como una pobre víctima del gobierno abusivo y recordemos que las élites castrenses han promovido activamente la militarización. El Ejército y la Marina son los principales brazos de control político, operación territorial y ejecución de políticas públicas del nuevo régimen. Recordémoslo. Sin ese reconocimiento, es imposible el entendimiento, la crítica y la oposición efectiva a la militarización. Como bien dijo el diputado Gibrán Ramírez: la bota de la Secretaría de la Defensa estuvo detrás de la promulgación de la reforma de la Guardia Nacional.
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Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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