En cuanto a los sindicatos, es claro que la agenda laboral del nuevo gobierno es ambiciosa, particularmente por la política de aumentos graduales y obligatorios al salario mínimo. Las centrales sindicales históricamente ligadas al gobierno, en especial las organizaciones del magisterio (el SNTE y la CNTE) y otras como los trabajadores del sector salud, sin duda se movilizarán para extender sus derechos laborales, mantener sus cotos de poder y conservar sus prebendas y privilegios en el nuevo régimen. Esto quedó clarísimo con los recientes anuncios de aumentos salariales a los docentes del sistema de educación pública.
Por otra parte, será interesante observar cómo actúan los nacientes sindicatos independientes con líderes elegidos en procesos más democráticos, transparentes y participativos. ¿El nuevo régimen encontrará maneras de cooptarlos o al menos tenerlos como aliados, al estilo del régimen priista? ¿Habrá luchas y actuaciones diferenciadas de acuerdo con el sector productivo del que se trate? ¿O los sindicatos se mantendrán conformes con la política de salarios mínimos y la retórica popular de la coalición gobernante?
Durante el gobierno de López Obrador, la fortuna de los principales multimillonarios de México aumentó considerablemente, por lo que los oligarcas mexicanos no están particularmente a disgusto con el nuevo régimen; sin embargo, el empresariado en su conjunto está preocupado y la desconfianza ha aumentado con la inminente aprobación del Plan C. Por tanto, le espera un sexenio difícil al sector privado, que tiene que ajustar sus estrategias a la cambiante realidad política.
Los empresarios mexicanos no son proclives a la confrontación y el conflicto abierto con el gobierno. Mi apuesta es que intentarán buscar acomodo en el nuevo régimen, pues debido a la estrechez de las finanzas públicas, el gobierno necesitará fondos privados para llevar a cabo su proyecto político. Las grandes preguntas son: ¿qué plan seguirán para encontrar dicho acomodo?, ¿qué tanta apertura tendrá la presidenta electa para escucharlos?, y ¿será posible conciliar las metas de reivindicación social y justicia laboral con los objetivos de nearshoring y crecimiento económico que se plantea la nueva administración?
Asimismo, queda por ver si el sector privado vuelve a articularse para actuar colectivamente a través de las cámaras empresariales o si opta por un enfoque de negociación individual, en el que los “amigos” del nuevo régimen obtienen acceso a prebendas, privilegios y proyectos público-privados, mientras que los empresarios lejanos al poder político se las ven negras. Por el momento, me inclino más por la segunda opción tanto por la historia del empresariado mexicano como por las señales de López Obrador y Sheinbaum, que han hecho muy poco por separar al poder político del poder económico (y si no me creen, pregúntenle a Carlos Slim).
En cuanto a los intelectuales, acabo de escribir un largo ensayo al respecto, por lo que me limitaré a decir que los analistas políticos, escritores y periodistas cercanos a Morena deben decidir si se comportan como auténticos intelectuales comprometidos, lo que significa criticar al movimiento desde adentro para buscar moldear el nuevo régimen, o si renuncian a la crítica y adquieren una función de legitimación, validación y justificación del nuevo gobierno. Por la manera en que se comportaron con la reforma judicial y otras reformas del Plan C, creo que muchos de ellos optarán por la segunda vía y tan sólo unos pocos tomarán el primer camino, que requiere más valentía, más trabajo y más honestidad intelectual.
Tristemente, los grupos del crimen organizado fueron de los actores que mejor leyeron el rumbo de cambio político que llevaba México. Saldrán fortalecidos del cambio de régimen y buscarán que éste se consolide en línea con sus intereses.
