Qué raras las defensas de la sobrerrepresentación que circularon en la conversación pública durante las últimas semanas. Sobre todo viniendo del flanco simpatizante de un presidente que ha dicho –literal– que cuando entran en conflicto la justicia y la ley siempre hay que optar por la justicia. O también aquello –de nuevo, literal– de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Para ser voceros (oficiales u oficiosos, qué más da, a estas alturas ya es muy difícil distinguirlos) de un liderazgo tan propenso no sólo a despreciar la legalidad, sino a promover abiertamente su desprecio, ahora salieron con lanza en ristre a combatir en nombre no sólo de la ley, sino de la noción de que existe tal cosa como una lectura textual, no interpretativa sino literal, de la misma. El justice Scalia estaría orgullosísimo.
Defensores de la sobrerrepresentación
Porque su argumento, en el fondo, no se desprendía de una mejor interpretación del conjunto de disposiciones que regulan la materia electoral, específicamente en términos que garantizaran más cabalmente el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas o al principio democrático de que todos los votos deben valer lo mismo; no, su argumento era que bastaba con la parte de la Constitución que establece un tope del 8% para los partidos políticos. Todo se reducía, en suma, no a defender la Constitución (que puede tener ambigüedades o contradicciones, que ha admitido diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo, que debería considerarse en un sentido amplio y sistemático) sino a someterla a lo que no dice la fracción V de su artículo 54: que ese tope no aplica para coaliciones.
Creo que todos los partidos (salvo el Verde), en algún momento u otro han litigado en contra de esa lectura –cuando no se han beneficiado de ella, quiero decir–. El obradorismo lo hizo en su momento y con mucha razón, pues con ella se comete la injusticia antidemocrática de darle a una fuerza política un poder mayor al que le dio el electorado, a costa de darle uno menor a otra fuerza política. Da igual que esa fuerza sea un partido, una coalición, un convento o un campamento, la injusticia es exactamente la misma.
Con todo, la vocación de los voceros en cuestión, ya los conocemos, no es criticar cuando el oficialismo comete injusticias que antes criticaba, es celebrarlas. Porque si ayer beneficiaban a otros, eran abusos o privilegios; si hoy benefician a la “4T”, son reivindicaciones.
Aclaremos: lo que volvió viable esa lectura no fue su mérito jurídico ni tampoco el precedente histórico, fue un defecto normativo y un contexto político propicio. El defecto normativo es que, efectivamente, la Constitución y las leyes en la materia son susceptibles de ser interpretadas así. Aunque sea una interpretación pobre, de mala fe o tonta, que ni siquiera se reconoce como interpretación, sino que se presenta como la verdad revelada de una literalidad ofensivamente reduccionista; aun así, es una interpretación posible. El contexto político es el alto costo potencial de fallar en contra de una coalición tan fuerte y con tanta disposición a tomar represalias (véase Piña, Norma). Y el hecho de que para algunos juzgadores ese costo puede transformarse en una oportunidad: ¿para qué resistir cuando pueden, mejor, hacer causa con la mayoría que se ubica “del lado correcto de la historia”? Había un defecto que no se subsanó y el obradorismo diseñó una estrategia para, en caso de que se diera la posibilidad, aprovecharlo. Y esa posibilidad, al final, se dio. Aplaudan, si quieren, el afilado colmillo electoral que demostraron Morena y sus aliados. Pero no salgan con la patraña de que estar en contra de la sobrerrepresentación es estar en contra de la democracia. ¡Por favor!
Menos cuando se trata de una sobrerrepresentación inédita, que convierte una mayoría absoluta en calificada y, al hacerlo, vuelve irrelevantes en el Congreso a las otras fuerzas por las que votaron cuestión del 40-45% de los electores. Es legal porque así lo determinaron las autoridades electorales, aunque no por ello deja de ser profundamente antidemocrático.
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