Sin voluntad empresarial, la diversión juvenil estará en un riesgo constante.
El tema es del mayor interés y necesita ser visibilizado: el cumplimiento de la ley no está a discusión ni es un asunto de conveniencia para unos y otros. Solo así se podrá garantizar el sano esparcimiento y reducir hasta en 90% las situaciones de peligro.
Este mes, dos antros fueron cerrados por las autoridades ante ilegalidades en su interior, tanto en el sobrecupo como en la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Situaciones bajo la responsabilidad de empresarios, dueños y personales de esos lugares.
La normatividad es clara en cuanto a la prohibición de ingreso de menores de edad a lugares donde se vendan bebidas alcohólicas para su consumo inmediato. La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México establece multas de 300 a 700 Unidades de Cuenta (31,122 a 72, 618 pesos) y la clausura del lugar.
Además, la Ley General de Salud castiga con 7 a 15 años de cárcel a quien propicie el consumo de sustancias psicotrópicas por parte de menores; la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes responsabiliza a las personas adultas del cuidado ante conductas de riesgo a su salud, y el Código Penal tipifica la corrupción hacia este grupo etario.
El 7 de junio, en el Black del corredor Madero, en el Centro Histórico, se realizó el “VocaFest”, con más de 3,000 personas, aunque el lugar tiene un aforo máximo de 1,000, y donde menores resultaron intoxicados por consumo de alcohol.
Una semana después fue cerrado el “Perro Salado”, un antro en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, donde además del sobrecupo también vendían bebidas alcohólicas a menores de edad. Según las autoridades de la demarcación, operaba sin permisos.
En ambos casos, la Fiscalía General de Justicia inició investigaciones para determinar responsables, y el Jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció el fortalecimiento de operativos como la Noches es Nuestra para la revisión de antros y bares.
El autocuidado y la solidaridad comunitaria –evidenciada con los reportes a las autoridades, en los cuales participa el Consejo Ciudadano de la CDMX a través de la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533– no son suficientes si no existe voluntad empresarial.
De los dueños, gerentes y empleados depende el respeto a las restricciones para el ingreso de menores de edad y no venderles bebidas alcohólicas. Sin ese compromiso, la seguridad no estará plenamente garantizada.
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Notas del editor: El autor es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ( @elconsejomx ). Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
