De nueva cuenta, la inseguridad pública es el máximo pendiente del presidente saliente y el reto principal de la nueva administración. No existe evidencia incontestable que permita sostener que la famosa reducción de casi 20% de los homicidios dolosos a nivel nacional durante la administración de López Obrador responde a sus políticas públicas y sí muchos indicios del agravamiento de los problemas de inseguridad o la proliferación de nuevos. Desde mi perspectiva, Claudia Sheinbaum se enfrentará inicialmente a tres desafíos principales en materia de inseguridad pública: i) expansión de los regímenes criminales, ii) proliferación de mercados ilícitos no tradicionales, y iii) deterioro institucional a nivel local.
#ColumnaInvitada | Sheinbaum y los retos iniciales frente a la inseguridad
La presidenta y sus gobernadores están frente al reto de recuperar el estado de Derecho en amplias regiones del país y regresarle a la población y organizaciones la posibilidad del desarrollo.
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Expansión de los regímenes criminales
Es un hecho que después de las pasadas elecciones del 2 de junio habrá más regímenes criminales a nivel territorial en nuestro país; regiones en donde el crimen organizado dicta las reglas del juego para explotar las economías locales. Es lo que cabe esperar después de la ejecución de cerca de 40 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular y casi 900 agresiones totales contra funcionarios, políticos, candidatos, familiares de actores clave y víctimas colaterales en el marco del proceso electoral 2023-2024, de acuerdo con datos de Integralia.
La presidenta y sus gobernadores están frente al reto de recuperar el estado de Derecho en amplias regiones del país y regresarle a la población, comunidades y organizaciones la posibilidad del desarrollo, especialmente en estados como Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla o Michoacán, y para eso se requieren dos procesos: i) reconocer dicho problema, que tanto negó López Obrador, y ii) implementar mecanismos alternativos de pacificación que partan del supuesto de que los grupos criminales hoy son actores políticos dominantes a nivel local. No siempre se trata de la negociación directa con los mismos, sino también de encontrar los mecanismos para desactivar su poder político (arrebatando sus bases sociales, por ejemplo).
Proliferación de mercados ilícitos no tradicionales
La violencia se ha exacerbado en las últimas décadas en México en buena medida porque las organizaciones criminales se disputan de manera intensa los mercados ilícitos no tradicionales que han proliferado de manera acelerada, sin ningún tipo de contención. Al narcotráfico y narcomenudeo hay que sumar dentro de la amplia gama de actividades ilícitas no convencionales el cobro de piso, tráfico de migrantes, tala clandestina, pesca ilegal, robo de minerales, administración de minas, administración de abarrotes, imposición de impuestos criminales o nearshoring criminal (relocalización de actividades criminales conforme a la relocalización de empresas).
Mientras que las organizaciones criminales diversifican sus actividades y métodos para ejecutarlas, el Estado mexicano no puede dar pasos hacia mecanismos elementales como la reforma policial. La nueva administración estará frente al reto de aprovechar su mayoría calificada para instrumentar reformas que le permitan identificar a velocidad los nuevos mercados ilícitos y desactivarlos oportunamente. Eso pasa por abatir la corrupción y la impunidad y no solamente por la reacción de las Fuerzas Armadas.
Deterioro institucional a nivel local
En la mayoría de las entidades no existen policías locales capaces de asumir por su propia cuenta sus funciones elementales. Varios procesos han contribuido a eso a lo largo de las últimas décadas, pero en este sexenio la militarización de las funciones civiles arreció el deterioro de las instituciones locales que recibieron, por ejemplo, menos recursos para la profesionalización, equipamiento o implementación de políticas específicas.
Hoy la militarización, no solamente de la seguridad pública, parece irreversible y terminará consolidándose formalmente, porque en la práctica es un hecho, muy probablemente en septiembre con las reformas pendientes que AMLO impulsará antes de la transición. La nueva presidenta estará frente al reto de promover el desarrollo de capacidades locales y lograr la coordinación eficaz con Fuerzas Armadas empoderadas políticamente. Lo que parece viable considerando que Morena cuenta prácticamente con todos los gobiernos y congresos estatales. Esto es fundamental para la prevención y reacción frente a la criminalidad urbana. Es un tema que demandará voluntad y capacidad de negociación.
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Las y los mexicanos decidieron proporcionarle prácticamente el poder absoluto a Morena porque buscan la profundización del cambio. No solamente fueron las estructuras partidistas las que le dieron más de 30 millones de votos a Claudia Sheinbaum y millones más a Morena considerando legislaturas, gubernaturas y presidencias municipales, sino también el auténtico deseo ciudadano de proporcionarle al ejecutivo federal las herramientas para resolver los grandes problemas nacionales sin el lastre de la desprestigiada oposición.
Solamente de esa manera se entiende porque la mayoría de los sectores de la población se decantaron por continuar con el “segundo piso de la transformación” a pesar de la violencia desbordada en varias regiones del país, los retrocesos en el sistema de salud o la prevalencia de la informalidad en el empleo. La expectativa de cambio entre la población es enorme. Lo que es un hecho es que, desde ahora, Claudia Sheinbaum carece de pretextos para no consolidarse a partir del buen gobierno y no, en buena medida, mediante la victimización, como lo hizo AMLO.
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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario y consultor especializado en (in)seguridad pública y riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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