La violencia política es la marca indeleble de este proceso electoral. A una semana de la elección, Integralia contabilizó cerca de 750 víctimas potencialmente vinculadas a la intervención del crimen organizado en los procesos electorales; homicidios, atentados con armas de fuego, amenazas y otras violencias de alto impacto, en contra de políticos, funcionarios públicos, candidatos, familiares de actores clave y víctimas colaterales. Todavía en estos días, la información pública sobre agresiones está fluyendo a raudales, por lo que posiblemente superemos las 800 víctimas.
#ColumnaInvitada | Las otras realidades sobre la violencia política
El incremento constante de la violencia política en las últimas dos décadas confirma la existencia de un proceso en donde cada vez hay más territorios gobernados por las reglas del crimen organizado.
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Una parte importante del problema de fondo, la construcción de regímenes criminales, es, sin duda, la difusión de realidades alternativas por parte del presidente López Obrador para procurar la continuidad de su régimen político; realidades en donde las campañas estuvieron “fresas” y los poquísimos incidentes de violencia son utilizados por el bloque conservador para desprestigiar a la cuarta transformación.
La negación del problema por parte del presidente no se sostiene por ninguna parte y sólo crea una percepción de omisión que alienta la impunidad y la preocupación de la sociedad civil para el próximo sexenio. Aquí comparto de forma breve tres realidades sobre la violencia política a partir de su dinámica e implicaciones a corto y mediano plazo para la democracia y la vida cotidiana de la población: i) reducción de la oferta política, ii) neutralización de los contrapesos, y iii) oportunidades de desarrollo limitadas.
Reducción de la oferta política
Al momento de redactar estas líneas, han sido asesinados 35 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular y varios partidos políticos y candidaturas han renunciado públicamente a sus aspiraciones a causa del miedo a falta de condiciones de seguridad, y cientos más lo hicieron en silencio a lo largo y ancho del país.
En otras palabras, de manera directa, a través de la agresión, e indirecta, mediante el miedo, la violencia política redujo la oferta política para la ciudadanía; hay menos nombres en las boletas y, posiblemente, muchos de los perfiles neutralizados aspiraban a gobernar con profesionalismo, alineados con los intereses ciudadanos. La población se quedó sin la oportunidad de buenos gobiernos en muchos casos.
Neutralización de los contrapesos
De las agresiones contabilizadas por Integralia, poco más de 300 han sido en contra de candidaturas, de las cuales, 60 pertenecen a Morena. Este partido encabeza el ranking de partidos con más agresiones, seguido del PRI y PAN. No obstante, este dato es analíticamente irrelevante. Es mucho más revelador observar las tendencias por bloques políticos con relación al partido gobernante en el ámbito local según el tipo de elección en disputa: oposición y oficialista.
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Desde este punto de vista, en promedio, encontramos que la mayoría de las víctimas pertenecen a la oposición. En lo general, esto hace pensar que el crimen busca la continuidad de ciertos proyectos políticos para consolidar sus redes de impunidad, favoreciendo la concentración del poder. Por su puesto, la concentración del poder político no es un problema per se cuando se alinea con los intereses ciudadanos, pero, en este caso, la realidad es que la falta de contrapesos democráticos alimenta el control territorial del crimen.
Oportunidades de desarrollo limitadas
Más del 70% de las agresiones de violencia política se concentran en actores asociados al ámbito municipal y cerca del 90% de las candidaturas asesinadas aspiraban a un cargo de elección en dicho nivel. Los gobiernos municipales son los objetivos prioritarios del crimen organizado porque son claves para acceder al control de los territorios, pues tienen a su cargo la prestación de los servicios públicos, como limpia, mercados y prevención del delito y tránsito municipal.
La realidad es que la prestación de esos servicios públicos, concebidos para mejorar la calidad de vida de la población a nivel de los territorios locales, queda bajo el control de crimen organizado; por mencionar solamente un ejemplo, la administración de los mercados no favorecerá al consumidor, sino al cobro de piso. En otras palabras, después de las elecciones, en muchos territorios, la violencia política se traducirá en menores oportunidades de desarrollo, en el sentido más amplio del término.
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México, con una democracia cautiva
El incremento constante de la violencia política en las últimas dos décadas, pero principalmente en este sexenio, confirma la existencia de un proceso en donde cada vez hay más territorios gobernados por las reglas del crimen organizado y menos bajo regulación del Estado de Derecho. Dicho de otra manera, hoy nuestra democracia, en lo local y en sendos territorios, es un medio para que actores criminales dobleguen a los gobiernos y accedan al control de los territorios.
Este sexenio se perdió, de nueva cuenta, la oportunidad de discutir y abordar los grandes problemas nacionales con seriedad. Si la próxima presidenta aspira a dejar un legado de paz y justicia primero necesita reconocer el problema en su justa dimensión. De lo contrario, en 2030 hablaremos, otra vez, del proceso electoral más violento de la historia.
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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario y consultor especializado en (in)seguridad pública y riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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