La violencia puede definirse, desde su etimología, como una acción en donde se emplea la fuerza hacia algo o alguien para que, en consecuencia, se tenga una reacción en el sentido deseado por aquel ejecutor de dicha violencia (Blair Trujillo); en este sentido se plantea que quien ejerce la violencia busca, producto de su acción, que algo acontezca. En el caso de la política, se podría aplicar la misma analogía.
#ColumnaInvitada | Democracia entre balas
Mucho se ha afirmado que las elecciones de 2024 serán recordadas, entre otras cosas, por elegir a la primera presidenta y por ser las más violentas en la historia democrática de nuestro país.
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Mucho se ha afirmado que las elecciones de 2024 serán recordadas, entre otras cosas, por elegir a la primera presidenta del Estado mexicano y por ser las más violentas en la historia democrática de nuestro país. Es decir, desde la lógica de Trujillo, que se están ejerciendo distintas acciones y como consecuencia de ellas, es que se busca una determinada reacción, que podría ser desde desistir en la contienda, colocar a alguien más para el puesto o que la propia ciudadanía no salga a sufragar el día de las votaciones.
A pesar de lo que se ha expresado en medios sobre la violencia en este periodo electoral, habría que cuestionarnos si las afirmaciones hechas son correctas. Durante el proceso electoral 2017-2018 la consultora Etellekt contabilizó diversos tipos de violencia en el ámbito electoral en el periodo comprendido entre septiembre de 2017 y junio de 2018. A partir de esos estudios se contabilizaron 61 homicidios de precandidatos y candidatos, cifra que se incrementaba cuando también se contemplaban personas allegadas al entorno político como miembros de los partidos políticos, funcionarios de gobierno o incluso familiares de los contendientes.
Fueron 61 homicidios los contabilizados en aquel proceso; en el actual se contaron más de 37 homicidios, lo que permite inferir que este no es el proceso más violento de la historia democrática de México. Gran consuelo: no tener las cifras de 2018. ¿Cómo pensar la democracia si se hace bajo la amenaza, la coerción y el miedo de morir como candidato o candidata?
Existen entidades que, como antes, ahora se mantienen como entidades particularmente violentas: Guerrero, Estado de México, Puebla y Veracruz; otras entidades que ingresan a los registros de violentas durante el proceso político como Chiapas y Zacatecas; algunas que ahora no son nota, pero que antes sí lo fueron en términos de violencia política como Chihuahua y Oaxaca.
Esto sólo muestra que ejercer la política en México es peligroso, sobre todo en el orden municipal, en donde hay grandes regiones donde el crimen organizado pone candidaturas o decide, previamente, quién debe ganar los comicios. Esto vulnera la libertad política, puesto que en un ambiente donde se lesiona, secuestra y asesina, quienes desean postularse a un cargo de elección popular deben pensarlo y, en muchas ocasiones, desisten de sus legítimas ambiciones.
La violencia, producto de la inactividad del Estado, en muchas zonas del país hace que no se puedan ejercer las libertades democráticas: de decisión, de asociación, de pensamiento, sólo por nombrar algunas y que tienen como consecuencia un ejercicio acotado de la política, una censura sobre quienes desean participar o actuar en el entorno político.
Las elecciones entre balas y sangre no son muy libres, no son muy democráticas, no ayudan a fortalecer al Estado Mexicano, merman la discusión y se inserta el miedo, no hay espacio para la discusión, sino que vuelve todo imposición entre los que pueden y ejercen la violencia.
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A pesar de lo expuesto, el pasado 2 de junio la ciudadanía salió, algunas con mayor o menor temor y coerción, y votó de acuerdo con sus convicciones, sus proyectos políticos, sus aspiraciones. La jornada se vivió, en mayor o menor medida, en calma, algunos connatos de violencia, pero nada que pusiera en riesgo toda la elección.
Sin embargo, se debe retomar esta situación como parte de la agenda pendiente de quienes fueron electos en todos los niveles. Se debe fortalecer, sobre todo, la seguridad a nivel municipal, evitar la debilidad institucional y, con ello, la posibilidad de que la violencia se imponga como política democrática de nuestro Estado.
Esperemos que los niveles de participación no hagan a la clase política voltear a otro lado, cantar la victoria e indicar que todo estuvo bien y todo el proceso salió perfecto cuando hubo 37 precandidatos y candidatos que no pudieron contender, que sus proyectos fueron callados y que limitaron sus libertades.
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Nota del editor: Andrea Samaniego Sánchez es profesora de la UNAM. Integrante de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP). Síguela en X ( @Samaniego_And). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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