Desde la presidencia de Felipe Calderón, el problema de la inseguridad pública en México se ha discutido por diversos sectores, principalmente a la luz de la relación entre violencia homicida y crimen organizado. Durante la administración del presidente López Obrador, la discusión visibilizó la expansión del control territorial del crimen organizado y las violencias no tradicionales que ha implicado dicho proceso (enfrentamientos armados, masacres, disturbios, desplazamiento forzado, violencia política, entre otras).
#ColumnaInvitada | “El monstruo de Iztacalco” y retos frente a otras violencias
La historia del feminicida serial de la CDMX nos recuerda que hay violencias que lastiman profundamente a la población y que no se relacionan directamente con las operaciones de los grupos criminales.
(Cuartoscuro)
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Restituir el Estado de derecho es el reto principal que enfrentará la nueva presidencia, como apuntó recientemente Jacques Coste. No obstante, la historia de Miguel, feminicida serial de la Ciudad de México, conocido viralmente como el “monstruo de Iztacalco”, nos recuerda, una vez más, que hay violencias que están lastimando profundamente a la población y que no están relacionadas directamente con las operaciones de los grupos criminales. Este caso en concreto muestra tres desafíos que los gobiernos deben superar para controlar la violencia delictiva no asociada con el crimen organizado: i) desconocimiento del problema, ii) prevalencia del pensamiento punitivo y criminalizador, y iii) persistencia de la impunidad.
Desconocimiento del problema
En distintos medios de comunicación se ha dicho que Manuel podría ser responsable de decenas de ejecuciones de mujeres y otras atrocidades. La frecuencia e intensidad de este tipo de actividad criminal no es captada por ninguna estadística oficial. Los datos actuales de incidencia delictiva no son confiables para la toma de decisiones en materia de política pública; al tratarse de denuncias, hay muchos espacios para la pérdida de información, incluyendo la desconfianza ciudadana, la incapacidad de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para identificar problemas o clasificarlos adecuadamente o la manipulación de los datos.
Es imposible resolver un problema desconocido. Si no hay información precisa sobre dónde y cuándo ocurre la violencia es imposible contenerla, reducirla o prevenirla. Implementar políticas con datos incorrectos es como automedicarse. En otros casos es mucho peor porque no se conoce ni siquiera la enfermedad (cobro de piso).
Pensamiento punitivo y criminalizador
Este caso también deja muy en claro que no siempre existe un ejército de criminales detrás de la violencia. Puede haber pocos criminales cometiendo muchos delitos. Aquí un sólo individuo perpetró, muy posiblemente, decenas de feminicidios en varios años, pero existen otras situaciones en donde unos cuantos individuos son responsables de ejecutar centenas e incluso miles de delitos en pocos meses, por ejemplo, cuando hablamos del robo a transeúnte .
Esto quiere decir que la violencia cotidiana puede reducirse significativamente mediante incursiones finas, identificando lo más pronto posible a estos individuos para interrumpir sus trayectorias delictivas. No obstante, en México predomina la implementación de enfoques de seguridad punitivos y criminalizadores, que maximizan la rentabilidad política, pero no la eficacia gubernamental. En los últimos años, hemos visto la acentuación de dos tipos de políticas: fortalecimiento de capacidades operativas (más militares, policías, armas, vehículos, cámaras o sanciones severas) y entrega de programas sociales. Estos esquemas aumentan la popularidad de los gobiernos, pero no permiten detectar, y mucho menos intervenir, sobre criminales camuflados bajo la fachada de lo que la sociedad considera una vida normal.
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De nuevo, la impunidad
Un tercer desafío que muestra el caso del feminicida serial de Ciudad de México es la impunidad y sus múltiples fuentes. Algunos medios apuntan que podría haber comenzado agresiones desde 2012. Este es un ejemplo claro de cómo la falta de castigo abonó a la construcción de una carrera delictiva de más de una década.
Esta situación debe ser explicada por las autoridades capitalinas, pues las mismas tuvieron conocimiento de las sospechas hacia Miguel desde hace unos años y no hicieron nada al respecto, de acuerdo con Animal Político. ¿Corrupción, falta de capacidades o ambas? Otra vez, la impunidad queda exhibida como el eje central de la maquinaria criminal, lo que permite que funcionen de manera sincronizada todas las piezas políticas, culturales y sociales que llevan a un individuo a violentar.
Los feminicidios y otras formas de criminalidad, principalmente urbana, como los robos que aquejan todos los días a la población en las calles o transporte público en muchas ciudades del país, son problemas reales que persisten desde hace décadas y que ameritan la intervención eficaz del Estado. El caso del feminicida serial de Iztacalco le deja tres lecciones importantes de política pública a las próximas administraciones: i) es necesario recurrir a otras fuentes de información para conocer el problema y actuar en consecuencia, como datos de diario de campo de policías o llamadas telefónicas al 911, ii) adoptar enfoques de seguridad basados en inteligencia, que permitan detectar perfiles criminales no tradicionales y altamente activos y iii) abatir las fuentes de impunidad, desarrollando capacidades institucionales de investigación y coordinación. Otra vez, las lecciones aquí están. ¿Habrá voluntad?
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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en ciencia política, profesor universitario y consultor especializado en (in)seguridad pública y riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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