Dentro y fuera de este espacio editorial, me refiero con frecuencia a la consolidación o expansión de los regímenes criminales para señalar las implicaciones más graves de la intervención del crimen organizado en las elecciones mediante la violencia política y otros mecanismos, menos comentados en estas semanas, pero altamente efectivos para subordinar gobiernos (como la imposición de candidaturas o el financiamiento a campañas). Un fenómeno que, con mucha probabilidad, observaremos más y más en el corto plazo.
Rumbo a la zona abisal: México frente a la expansión de los regímenes criminales
Desde hace décadas, los regímenes criminales están devorando a la imperfecta democracia mexicana y hoy son parte esencial de nuestra dinámica política.
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Aquí ofrezco más detalles del concepto régimen criminal, abordo algunas de sus características esenciales y enuncio algunos ejemplos actuales, con el ánimo de propiciar discusiones más a fondo y contribuir no sólo a la formación de una ciudadanía más informada, sino también a visibilizar este problema y promover su inclusión dentro de las agendas de quienes aspiran a gobernar y genuinamente están comprometidos con la construcción de un país más seguro.
En palabras simples, un régimen es un conjunto de reglas que determinan la dinámica de cualquier actividad social, es decir, cualquiera que involucre la interacción entre individuos u organizaciones. Por ejemplo, un régimen democrático cumple con las siguientes características: i) aunque prevalece la autoridad del Estado, las reglas son impuestas y sancionadas siempre, de un modo u otro, por representantes de intereses ciudadanos, ii) las reglas son establecidas bajo procedimientos escritos y aceptados colectivamente, y iii) en el ejercicio cotidiano de la autoridad, siempre hay garantía de principios fundamentales como la libertad, la igualdad o la justicia.
En cambio, un régimen criminal cuenta con los siguientes rasgos: i) las organizaciones criminales detentan la máxima autoridad, ii) el crimen organizado regula a voluntad cualquier actividad política, económica y social, buscando su fortalecimiento organizacional, iii) operan fuera de toda norma escrita, y iv) carecen de límites temporales y geográficos.
Al respecto, en estos regímenes el crimen organizado ejerce la máxima autoridad porque cuenta con cuenta con los recursos suficientes (fuerza física, aprobación popular o, incluso, legitimidad) para imponer su voluntad sobre cualquier actor, incluyendo al Estado, en uno o varios niveles de gobierno, cuyos recursos se encuentran al servicio del crimen bajo una lógica de dominación. En otras palabras, los regímenes criminales operan a través de redes de macrocriminalidad y son manifestaciones específicas de gobernanza criminal.
En este marco, las reglas que impone el crimen organizado sirven a sus propios intereses, principalmente la acumulación de poder. A propósito, al proceder fuera de cualquier formalidad, los regímenes criminales se adaptan rápidamente a las realidades cambiantes. De este modo, las organizaciones delictivas pueden formar o romper alianzas de forma impredecible o diversificar sus actividades de manera intempestiva.
Desde hace décadas, los regímenes criminales están devorando a la imperfecta democracia mexicana y hoy son parte esencial de nuestra dinámica política. Las evidencias abundan; en Guerrero los criminales emplean la red de transporte público como sistema de inteligencia y castigan brutalmente a los trabajadores que no siguen sus reglas; en Michoacán, establecen los precios de productos básicos como el limón o el aguacate y, además, definen los horarios de producción; en Zacatecas, expulsan a comunidades enteras de sus hogares para establecer sus centros de operación; en Sinaloa, desaparecen a familias completas o asumen el control de actividades industriales, como la minería.
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Hace unos días, parte de las entrañas de los regímenes criminales en el sureste mexicano quedaron evidenciadas en Chiapas, territorio tomado , una investigación de El País, firmada por Pablo Ferri, Alejandro Santos y Beatriz Guillén. Este trabajo narra cómo ciertos territorios de Chiapas son controlados por el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros, como la Frontera Corozal, se encuentran bajo disputas entre organizaciones criminales y comunidades, en donde el Estado brilla por su ausencia.
Considerando todo lo anterior, me parece que después de la jornada electoral veremos diferentes fenómenos a lo largo y ancho del país: i) en algunas regiones prevalecerá la cooperación entre Estado y crimen organizado y el Estado de derecho será bastante funcional, ii) en otros territorios se afianzarán los regimenes criminales y continuará la explotación de la economía local a través del cobro de piso y, ii) en territorios que hoy están en disputa (abundan en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Sonora y, por su puesto, Chiapas) pueden ocurrir dos cosas después de la intervención del crime en las elecciones: i) la instauración de nuevos regimenes criminales o una mayor escalada de la violencia. Lo más grave de todo es que hoy no hay motivos de fondo para pensar que es posible recuperar el Estado de derecho a corto plazo.
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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en ciencia política, profesor universitario y consultor especializado en (in)seguridad pública y riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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