El lanzamiento de Samuel García como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano arranca con dos malos pasos. El primero es la falta de un proceso interno en el partido; el segundo es la inestabilidad política que se está gestando en Nuevo León.
MC y Samuel García: primeros malos pasos
En Movimiento Ciudadano no hubo elección primaria, no hubo debates, no hubo encuestas ni ningún tipo de consulta o competencia. Nada. El partido que aspira a representar una opción fresca y alegre optó por la fórmula más trillada y deslucida: la del candidato único.
Es una oportunidad doblemente perdida. Por un lado, para demostrar que MC no es el partido de una persona o un grupo, sino una institución capaz de abrirse a su militancia o a la ciudadanía, de gestionar la diversidad y la disputa, de tomar decisiones más democrática que cupularmente. Y, por el otro lado, es una oportunidad perdida también para dotar a su candidato de la legitimidad que puede brindar la victoria tras una contienda sana, abierta y bien ganada. Ni hablar, en ese sentido MC y su candidato arrancan en desventaja contra el frente opositor y la coalición oficialista: el partido que se vende como “diferente” definió su candidatura presidencial mediante el método más arcaico.
Además su candidato, el gobernador de Nuevo León, quiere decidir unilateralmente quién ocupará su lugar mientras se va a hacer campaña, pasando por encima de lo que establece la Constitución del estado. El artículo 121 dice que cuando se le otorgue al gobernador licencia para ausentarse por 30 días naturales o menos, quedará como encargado del despacho el secretario que designe el gobernador o, si no hay designación expresa, el secretario de Gobierno. El artículo 122 determina que si la licencia es por más de 30 días naturales, corresponde al Congreso nombrar a la persona que se encargará interinamente de la gubernatura. Y el artículo 123 dice que no se pueden conceder licencias indefinidas ni por un tiempo mayor de seis meses. Samuel García está solicitando una licencia por más de 30 días pero aun así pretende imponer que sea Javier Navarro, su secretario de gobierno, quien quede como interino.
Tras los forcejeos entre el Congreso y el gobernador, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han rechazado tanto la primera designación que había hecho el Congreso local (incumplía los requerimientos) como la pretensión del gobernador de dejar a su secretario de gobierno. Ambas instancias han advertido que el nombramiento le corresponde al Congreso respetando los requisitos que establece la Constitución. Samuel García, sin embargo, ha desdeñado esa advertencia y ha insistido en querer brincarse al Congreso del estado, consiguiendo el amparo de un juez de Tamaulipas y publicando en el Diario Oficial su designación de Navarro como interino. Navarro, a su vez, ha amenazado con usar la fuerza pública para impedir cualquier otro resultado contrario a la decisión del gobernador. De modo que si el Congreso cumple con su obligación de nombrar a otro interino, pero Samuel García reincide en su afán de no aceptarlo, Nuevo León entrará en una crisis constitucional.
Es normal que al gobernador y a su partido les disguste que la gubernatura interina pueda quedar en manos de la oposición (PRI y PAN) que tiene mayoría en el Congreso; es una aberración que traten de desconocer la nueva Constitución del estado, promulgada hace apenas un año, que no se cansaban de presumir como logro de su gobierno. No es mera ocurrencia o capricho inconsecuente, es una descarada bravuconada autoritaria.
Qué anacrónicos se ven, al iniciar su campaña presidencial con tan malos primeros pasos, Movimiento Ciudadano y su candidato presidencial. No se puede estar más en las antípodas de la “novedad” y la “juventud” que tanto pregonan.
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