Llámesele como se le llame a esto, lo cierto es que una cosa es verdad: la separación del poder político del económico no es una característica del obradorismo.
El asedio del presidente a los empresarios que no le gustan lo han llevado a tomar decisiones arbitrarias y acciones injustas que pueden tener graves consecuencias económicas para la prosperidad de muchas regiones del país. Un botón de muestra es suficiente para ilustrar el punto.
Hace unos días, López Obrador anunció que, mediante un acuerdo suscrito con la gobernadora de Baja Caifornia, se prohibirá de manera definitiva que una parte del agua del municipio de Mexicali pueda ser utilizada con fines industriales.
El acuerdo, sin embargo, parece tener dedicatoria. Recordemos que, desde hace tiempo, el presidente inició una campaña en contra de la empresa cervecera Constellations, que culminó en un demagógico referéndum en el que supuestamente una minoría de bajacalifornianos dijo No a la instalación de la cervecera, lo que llevó a que López Obrador revocara sus permisos.
La decisión tiene graves implicaciones para la economía de Baja California y manda un ominoso mensaje a los empresarios y a la población en general de que el Estado puede, a partir de decisiones arbitrarias, detener el desarrollo de diversas comunidades en México.
El presidente llegó incluso a comentar, en un mensaje público televisado, que la razón principal para no dotar de agua a empresas cerveceras era que sus productos eran de exportación, en particular al mercado estadounidense. Las palabras del presidente deben ser entendidas como lo que son: un mensaje ominoso contra la industria exportadora mexicana, que por cierto incluye también al sector agroalimentario exportador, que utiliza agua en grandes cantidades.
