El comportamiento de López Obrador se debe explicar a partir de este modelo de gobierno populista autoritario. Visto desde esta perspectiva, las recientes agresiones en nuestro país del Poder Ejecutivo contra el Judicial no son extrañas, sino que son parte de un paradigma de gobierno en boga en todo el planeta desde comienzos del siglo XXI.
Es bajo esta luz en la que se tiene que entender la carta que el mandatario mexicano le envió al Juez Octavo de Distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez. Se trata de una modalidad de la intimidación mezclada con la ignorancia. En la misiva, que ya se ha hecho pública, el inquilino de Palacio Nacional lista una serie de supuestos actos indebidos perpetrados por el Juez Santos. Pero ninguna de estas acusaciones, desde luego, tiene sustancia.
Con este acto persecutorio, López Obrador sólo muestra que no entiende mínimamente el razonamiento jurídico que ocurre en los juzgados mexicanos. Su reacción es la de un zafio con poder. Afortunadamente, la comunidad de personas juzgadores mexicanos ya se ha hecho escuchar. En un comunicado dirigido "a La Sociedad en General", la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación lamenta "los constantes ataques a las juzgadoras y juzgadores federales sin conocimiento de la argumentación jurídica de las resoluciones que se invocan".
Los jueces y magistrados agregan que estos amagues constituyen un atentado contra ellos y sus familias. Señalan también que la vía indicada para la controversia jurídica es "a través de los medios de impugnación que establece la legislación".
Este último punto es esencial. Con sus cartas abiertas al público, el presidente busca evadir el camino jurídico pertinente y en cambio busca llevar la controversia al terreno que mejor sabe manejar: la plaza popular.
