Afortunadamente, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar tal traslado de autoridad evitará que continúe el proceso de militarización del país. Sobre este asunto cabe hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, la resolución de la SCJN sienta un precedente fundamental que atañe al orden liberal y la gobernanza democrática del país. Queda establecido que una mayoría legislativa no puede imponer su voluntad si se opone al texto y espíritu de la Constitución. En efecto, la impugnación presentada por una minoría de Partidos en el Congreso fue validada por la SCJN, aunque el decreto propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo ya había sido publicado en el Diario de la Federación. La acción realizada por el Poder Judicial significó que se pueden poner límites a la tiranía de la mayoría. Y esa es precisamente la piedra angular de la filosofía política liberal.
En segundo lugar, la decisión del pleno de la SCJN por mayoría calificada, tomada por ocho ministros, invalida no solamente el decreto por el que se reforman varias leyes secundarias, sino también ordena que se cancelen las acciones que ya se estaban realizando para consumar el traslado de autoridad de la Guardia Nacional hacia el ámbito militar.
En tercer lugar, y como un corolario de lo anterior, la resolución de la SCJN no solamente cumple con el principio de Supremacía Constitucional, sino que tiene también un impacto directo en la organización del Poder Ejecutivo, en la medida en que mandata a ese poder a revertir decisiones sobre presupuestos ya asignados a áreas específicas de la administración pública federal. Somos testigos, entonces, de cómo la rama del poder aparentemente más débil interviene no sólo para fiscalizar a las ramas del poder supuestamente más fuertes, sino para ordenar la organización de otro poder, en este caso del Ejecutivo, cuyo titular, por cierto, ya ha dicho que acatará la resolución.
En cuarto lugar, la resolución de la SCJN pone un gran obstáculo al proceso de militarización del país, pues la Guardia Nacional permanecerá adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Es decir, se mantendrá dentro del ámbito civil y no militar. En este sentido, se confirma el espíritu civilista del acuerdo político del 2019, según el cual la Guardia Nacional no debe pertenecer a las fuerzas castrenses.
