La noticia ha sido su ventaja. Algunas encuestas la registran más abultada, otras más estrecha, pero todas la ponen en primer lugar. Es la que tiene más reconocimiento de nombre, la que se beneficia de un mejor balance de opinión y la que aglutina mayor intención de voto. Mantuvo su condición de puntera de principio a fin durante el proceso de definición de la candidatura del oficialismo. El amago de escisión por parte de Marcelo Ebrard no le ha significado una amenaza importante. Ha sabido sumar adversarios (e.g.: Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Adán Augusto López), ir puliendo su imagen y afinando su mensaje. A excepción de la refriega suscitada por el lanzamiento de Omar García Harfuch como aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum hasta ahora parecen estarle saliendo bien las cosas. El problema es que al describirla así, con la típica narrativa de la “carrera de caballos” electoral, en la conversación pública terminamos invisibilizando el hecho de que su candidatura se sostiene sobre un cúmulo de irregularidades que deberíamos, más bien, desnormalizar.
Sheinbaum: sin cerrar los ojos
Claudia Sheinbaum lleva varios años instalada en lo que la legislación electoral denomina “promoción personalizada” y “actos anticipados de campaña”: haciendo giras, acudiendo a mítines, contratando anuncios, dando entrevistas no tanto relativas a su gestión en la capital sino anticipando su condición de candidata a la Presidencia, en fin, dedicando un montón de tiempo y gastando mucho dinero de procedencia desconocida, y sobre el que no ha rendido cuentas, a efecto de darse a conocer y ganar el favor de la población. Ningún otro aspirante ha podido hacer algo ni remotamente parecido por fuera del marco que regula la competencia política. Múltiples voces han argumentado que la normatividad al respecto es absurda, pues “prohíbe a los políticos hacer política”, pero esas son las reglas que tenemos, que aprobó una coalición mayoritaria de distintos partidos, y que todos los actores políticos están obligados a acatar. Flaco favor nos hacemos como ciudadanos y medios de comunicación normalizando su desobediencia con pretextos que abonan más a la cultura de la impunidad que a la del estado de Derecho.
López Obrador ha dedicado mucha energía para apoyarla de manera reiterada y abierta. Lo suyo no ha sido un gesto de transparencia sino de descaro, que constituye una violación al principio de equidad en la contienda por el que tanto lucharon las oposiciones democráticas en México. No se trata meramente de la preferencia personal de un ciudadano sino de un acto político por parte del presidente de la República, desde una plataforma y con recursos públicos que no hay justificación alguna para dilapidar de esa manera. También sabemos que secretarías de estado, gobernadores y todo tipo de funcionarios federales y locales han operado a su favor, haciendo un uso francamente faccioso, cuando no incluso patrimonialista, de sus cargos. Reaccionar con resignación, como si todo eso fuera inevitable, es una forma de naturalizar algo que hasta hace muy poco nos resultaba inaceptable.
Finalmente está la debilidad de la autoridad electorales que, lejos de asumir su papel como garantes de la integridad de los comicios, han terminado transigiendo –por presiones políticas tanto externas como internas– con acciones y conductas de muy cuestionable legalidad. Antes, la solvencia del INE y del TEPJF brindaba certeza; hoy, sus titubeos son una fuente de desconfianza. Dice la teoría que la democracia es certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados; pero México se encamina hacia el 2024 exactamente al revés: con cada vez más incertidumbre en cuanto a las reglas y aparente certidumbre respecto a los resultados.
Claudia Sheinbaum va ganando, sí, pero no cometamos el error de obviar las condiciones sobre las que se sustenta esa delantera. La del 2024 está siendo una competencia desordenada, anómala e inequitativa: sepamos reconocerla como tal, no cerremos los ojos.
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