A fines de la semana pasada Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos . El hecho en sí no altera nada de lo anteriormente señalado tras su arresto, pero obliga a añadirle otro ángulo. Me refiero, en concreto, al de las extradiciones como una forma de outsourcing judicial que sirve para arrojar la papa caliente del otro lado de la frontera, no para hacer justicia de este lado.
Por muchos años las autoridades mexicanas les han remitido a las estadounidenses a los delincuentes que acá no podemos o no queremos procesar conforme a sus nuestras propias reglas y procedimientos. De hecho, como bien lo advirtió Alejandro Hope cuando Ovidio fue detenido en enero, ese era su destino más probable, pues México no tenía un caso firme en su contra. Me permito citar a Hope in extenso para recordar su excepcional inteligencia; porque desde entonces supo ver, con la claridad y contundencia que siempre lo caracterizaron, exactamente lo que terminó ocurriendo:
“Para una operación que involucró a casi un millar de elementos de las fuerzas de seguridad, no había más orden de aprehensión que la que ya existía en octubre de 2019, al momento del Culiacanazo. Y esa es resultado de una investigación en Estados Unidos, no en México. En los tres años y tres meses que han corrido desde el intento previo de captura, nadie se ha tomado la molestia de construir una investigación judicial, capaz de sostenerse en los tribunales, en contra de Ovidio. Nada sobre delincuencia organizada. Nada sobre narcotráfico. Nada sobre la larga estela de violencia del personaje. Lo único que se tiene en México en contra de Guzmán es la buena y vieja táctica de la flagrancia. Como nadie investiga nada, las fuerzas de seguridad (federales, estatales o municipales) se limitan a perseguir hechos que tienen en la cara. Si hay armas y drogas, vale y bueno. Si no hay, se plantan. Así de fácil. Eso puede funcionar para detenidos de poca monta, pero para alguien con los recursos de Ovidio Guzmán no sirve más que para mantenerlo unos meses en prisión. Para algo más, no queda de otra que trasladar el problema al sistema de justicia estadounidense. […] No hay cabida para, por ejemplo, un maxiproceso a la italiana que involucre la detención simultánea y debidamente judicializada de decenas de integrantes de una banda delictiva. Con lo que tenemos, nos da para detener capos en lo individual, no para desmantelar estructuras criminales […] Es una tragedia”.
