Los libros de texto y el sentido común

De esa forma, conducirse o comportarse conforme al sentido común es ajustarse a la idiosincrasia, que no ideología, de la sociedad a la que pertenecemos. En el seno de nuestra comunidad hay entendidos y valores, amplia y generalmente, aceptados, pero no necesariamente totalmente compartidos. Son esas finas líneas las que marcan las fronteras del respeto y de la sana convivencia. En efecto, los verdaderos linderos de la tolerancia, donde no hay renglones torcidos, sino seres con visiones distintas.

Lamentablemente, quienes nos gobiernan desprecian el respeto, ignoran el verdadero alcance de la tolerancia, y suelen hacer, de la confrontación el fértil terreno en el que lucran políticamente, separando y dividiendo a los mexicanos. El oportunismo político, carente de proyectos que cambien de fondo, y para bien, las condiciones de vida en el país, ha hecho de las posturas extremas narrativa, con la que quienes hoy detentan el poder se presentan como de avanzada, cuando, en realidad, esa facción sólo ha aprovechado la inconformidad de algunos sectores, en muchos sentidos desfavorecidos, para hacer todo tipo de tropelías con cargo al erario.

Los libros de texto, por ser aparentemente gratuitos, no pueden ser usados como instrumento de doctrina política; de postura ideológica, ni de inducción sexual, menos, si ésta tiene como objetivo hacer propia una bandera que medre la posición electoral. No son gratuitos, se pagan con cargo a las contribuciones de todos. Son instrumentos para prestar un servicio público, que se adquieren en beneficio de todos, y no para formar falanges de alguna opción partidaria.

La bajeza con la que se han convertido en manual de proselitismo atenta contra el sentido común, ya que hacen parecer que las ideas que ahí se postulan son compartidas de manera absoluta e indiscutible por la sociedad mexicana, cuando ello no es así. Los libros de texto tienen, como primera finalidad, instruir a menores de edad, en todo aquello que involucra a la información primaria, básica y fundamental, que resulta necesaria para integrarse productivamente a la colectividad, sin que sea aceptable, ni permisible, usarlos a modo de establecer premisas envenenadas con prejuicios o sesgos, que tiendan a imponer una sola visión en lo político, económico o sexual.

Es cierto que la vida adulta presenta opciones y visiones variadas, siendo todas ellas respetables, tanto, que ninguna de ellas puede ser vista como la preferente, la bien vista desde el poder público, ni mucho menos, la deseable en términos de postura política. El libro de texto gratuito debe ser y mantenerse neutral, y, por tanto, respetuoso de todas y cada una de las formas distintas de caminar por la vida e integrarse al esfuerzo común de la sociedad, no sólo en lo religioso, sino también en lo político, y hasta en lo sexual, ya que ellos deben ser ajenos a tópicos en los que se ineludiblemente se generan desencuentros, conflictos y controversias.

Las aulas no son campamentos ideológicos, ni los libros de texto el arma con la que se asegure la formación de una visión totalitaria. El absolutismo educativo que propalan los lamentables pasquines que se han apropiado indignamente del noble nombre, asumiéndose indebidamente como libros de texto gratuito de educación básica, son, en lo presupuestario, un inaceptable quebranto, pero en lo humano, una lamentable vulneración de los derechos fundamentales.

No en balde, la libertad de educación goza de posición destacada en nuestra Constitución, siendo asunto que, junto con el derecho a la salud, el de libertad y el de respeto a la expresión de las ideas, constituye válida preocupación sustantiva en ese instrumento fundacional.

Los fascículos impresos con el dinero de todos presentan la visión de algunos. Son groseras provocaciones que intentan profundizar, aún más, el enfrentamiento de posturas que sólo corresponde a adultos formados debatir, discutir y decidir.

El asunto sirve claramente a un partido político, que vierte en las páginas de los grotescos panfletos, el resentimiento acumulado por años, la profunda frustración de quienes han hecho de su ignorancia excusa para pisotear las leyes que han formado a nuestra nación.

El Ejecutivo Federal ha hecho de violar la Constitución actividad cotidiana, pero, en este caso, ha decidido ensuciar lo que nadie se había atrevido a manchar con fines de mantenerse en el poder, la instrucción de la infancia mexicana. Viola y vulnera la garantía individual y atropella el derecho fundamental consagrado no sólo en la Constitución, sino en tratados internacionales. Deja ver, con meridiana claridad, la inexistencia de límites y escrúpulos para asumir, ruinmente, como suyo, el poder público. Las juventudes 'obradorianas' es lo que sigue.

Esta no es una violación más de la Constitución, es un atentado a las bases fundacionales, que declara la guerra al derecho de todos a formar parte en la toma de las decisiones públicas, haciendo mofa del derecho constitucional de educar a la progenie sin intervención del gobierno, desconoce una libertad que forma parte del derecho de gentes, y nos devuelve a oscuros episodios tiránicos que pesábamos superados.

Ante la falta de conocimientos que le permitan articular argumentos y posturas inteligentes a debatir, ha preferido, una vez más, ocultarse en episodios históricos que no guardan ninguna relación con sus caprichos. Será otra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que tendrá que emitir una sentencia que se obedezca, pero no se cumpla, sí, seguiremos capturados por el sistema de partidos, que hoy tiene en la silla a su peor expresión.

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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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