#ZonaLibre | ¿Por qué contra la Suprema Corte?

Los ministros de la Suprema son los nuevos enemigos públicos del presidente, quien busca desprestigiarlos diariamente.

Este tipo de enfrentamientos políticos son una afrenta cotidiana en las ruedas de prensa mañaneras, cuando el tabasqueño tiene rivales de moda. Sin embargo, esta pelea se vislumbra larga y tediosa.

Es clara la intención de López Obrador por echarle montón con sus millones de fieles, a los ministros.

Les busca pegar donde más cala a los mexicanos: los excesivos sueldos. El pasado 11 de mayo el tabasqueño se lanzó de lleno con ese tema: “Sueldos muy superiores al del presidente de la República: casi 300,000 pesos mensuales cada ministro. Yo gano la mitad de eso”, exhibió López Obrador. Luego criticó que los funcionarios recibieron el año pasado 588,000 pesos, sólo por aguinaldos, así como otros 10 privilegios económicos.

Para AMLO, la cancelación del “Plan B” tiene que ver con nueve de los ministros que no quieren bajar sueldos ni privilegios a los funcionarios del INE. Insinuó que están violando la Constitución al no respetar el artículo 12, y se hacen cómplices de la corrupción.

Pero más allá de la controversia que pueda generar la aprobación de una disposición legal, es peligroso que la polarización en México trastoque a los poderes constituidos.

El principio de división de poderes que regula el artículo 116 de la Carta Magna determina la organización de los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona. Un valor juarista por excelencia, a quien tanto dice admirar el presiente.

Un peligro latente

Hoy la amenaza es directa, como no se había visto en la historia moderna de nuestra -muy- joven democracia.

La profesionalización del Poder Judicial es un logro mexicano que ha costado, incluso, vidas.

El presidente amaga con reestructurar la selección de los ministros a través del voto popular. Una ocurrencia que devela su profundo enojo por no haber podido imponer como presidenta a su consentida.

El “Plan C” que promueve el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene que ver con ganar la mayoría de los Congresos en 2024 para radicalizar el régimen de la 4T sin importar cuánto tengan que modificar y tachar la Constitución mexicana, a fin de retener todo el poder.

Si López Obrador no tuvo esa oportunidad, la promesa de quienes buscan sucederlo es dejar a un lado las simulaciones para implementar el régimen de manera más fuerte e impositiva, a fin de no cometer los errores que los operadores de la autollamada 4T han cometido desde el inicio de la administración.

Estas disposiciones deben llamar fuertemente la atención del votante, pues a fin de cuentas la Suprema Corte de la Nación es el máximo intérprete de la Constitución. Además, los ministros deben estar alejados de la política electoral, es uno de sus principios más loables, a fin de que la ley persista en el campo de la ciencia y haya garantías reales para la democracia en nuestro país.

Quizá por eso mismo la “International Bar Association”, la organización internacional de abogados más importante del mundo, exigió al presidente López Obrador detener sus ataques contra la SCJN y el resto del Poder Judicial. Para todo hay límites que no deben cruzarse bajo ningún término.

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