Un momento de rara claridad

Primero, el Congreso devaluado. López Obrador insiste en enviar iniciativas no para discutirlas o negociarlas, sino para que sean aprobadas ipso facto y “sin cambiarles ni una coma”. El espacio de la representación parlamentaria reducido a una oficialía de partes que recibe y despacha los asuntos que Palacio manda, sea el llamado “Plan B”, el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, la “reforma administrativa”, la desaparición de casi 20 organismos públicos o la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, entre otros. La mayoría con la que cuenta el presidente renuncia a tener criterio propio, a darse la oportunidad de formular posibles mejoras, a ejercer su independencia. A pesar de la separación de poderes, los legisladores de la coalición obradorista se relacionan con el presidente más como una máquina de obediencia que como una bancada que delibera. La república del “cambio verdadero” es la del presidencialismo de siempre: el Ejecutivo propone y sus peones legislativos acatan.

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Segundo, las justificaciones ausentes y los costos desatendidos. Por un lado, los motivos detrás de las iniciativas presidenciales podrían ser complejos, atender las inquietudes de diversos sectores, responder a problemáticas concretas o técnicas de cada caso. Sin embargo, la narrativa con la que intentan legitimarlas casi siempre es la misma, ya se sabe, el discurso del obradorismo (las mismas causas, la misma trama, los mismos villanos, el mismo héroe y las mismas promesas de redención). Hace un año propuse denominar ese fenómeno "la tiranía del guion” ( https://bit.ly/40zqECa ): un mensaje simple pero de repetición constante, un arma poderosísima de comunicación política pero una pésima herramienta para gobernar.

Por el otro lado, diferentes actores (especialistas, burocracias, empresarios, organizaciones sociales) alzan la voz para señalar afectaciones a intereses legítimos (la viabilidad de la administración pública, la capacidad de las instituciones para cumplir su mandato, la confianza de los inversionistas, el cuidado del medio ambiente o la protección de derechos) pero sus advertencias suelen ser desdeñadas como meras reacciones a la “pérdida de privilegios”, como que “no entienden que ya son otros tiempos” u otros pretextos por el estilo. De ese modo se evita entablar un diálogo político de buena fe con las partes perjudicadas, buscar soluciones o al menos mitigar el daño. Y se ignoran, además, los múltiples costos que puede implicar legislar unilateralmente, entre los cuales está la posibilidad de que se interpongan recursos judiciales que pueden terminar encareciendo los proyectos o echando para atrás la legislación.

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De hecho, eso último es justo lo que está pasando en tercer lugar, un resultado que era perfectamente predecible y con respecto al cual nadie en la coalición obradorista, comenzando por el propio presidente, debería llamarse a sorpresa. Si la democracia sobrevivía, aquí es en donde estaban destinados a desembocar su desprecio por los procedimientos y los contrapesos: en que las instancias del Poder Judicial les tuvieran que poner un alto que, como dice Julio Ríos ( https://bit.ly/3LsA668 ), puede resultarles muy complicado en términos políticos, pero es relativamente sencillo en términos jurídicos. Porque no es que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral estén boicoteando los proyectos del obradorismo, es que están cumpliendo con su deber de defender la Constitución y las leyes.

Sería prematuro cantar victoria, pero la democracia mexicana está dando señales de resistencia; si tiene que resistir, no obstante, es porque está bajo ataque...

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.