La situación actual tampoco es positiva para el Estado. Ninguna institución, por eficaz y disciplinada que sea, puede cumplir a cabalidad con todas las tareas encomendadas a los militares, lo cual es riesgoso en sí mismo. Pero aun suponiendo que las Fuerzas Armadas fueran capaces de todo, por cada tarea cedida por las autoridades civiles a los cuerpos castrenses, aumenta la influencia militar sobre las decisiones de gobierno. Y un gobierno militarizado es un riesgo para la democracia, la rendición de cuentas y las libertades civiles.
Por otra parte, ya lo vimos con el caso de la seguridad pública: mientras las autoridades ceden responsabilidades a los militares, las instituciones civiles pierden capacidades para solucionar los problemas públicos asignados a los cuerpos castrenses. En consecuencia, el gobierno civil carece de las capacidades técnicas y operativas e incluso del capital humano para atender sus obligaciones más elementales.
Esto termina por dibujar un círculo vicioso: el Estado cede responsabilidades al Ejército y, al tornarse incapaz de atender las obligaciones cedidas, entonces se prolonga su dependencia hacia las Fuerzas Armadas, quienes a su vez se empoderan ante el gobierno civil, lo que favorece su politización y “desnaturalización”. Al llegar a este punto, el Estado (ya debilitado) se ve obligado a ceder más y más tareas al Ejército, y el ciclo se repite.
Sobran los motivos de por qué este escenario tampoco favorece a la sociedad. Me limito a enlistar algunos puntos. Un gobierno militarizado es un gobierno opaco y que no rinde cuentas, lo cual merma el poder de los gobernados sobre sus gobernantes. La presencia del Ejército en labores de seguridad pública trae consigo violaciones a derechos humanos. Como ya vimos con el Centro Militar de Inteligencia, gracias a su empoderamiento, el Ejército llegó al grado de estar (ilegalmente) facultado para espiar a la sociedad. Y del espionaje a la represión no hay demasiados pasos.
Entonces, ¿a quién sí le conviene este escenario? Por un lado, a la cúpula militar que se empodera y enriquece con cada responsabilidad que le asignan a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, a los políticos incapaces que se lavan las manos para atender sus obligaciones y resolver los problemas públicos para los que fueron elegidos.
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Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
